El fiscal pide declarar al jefe de Seguridad de Iberdrola España y al nuevo denunciante

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prorrogar seis meses, hasta finales de enero de 2023, la instrucción de la pieza número 17 del caso Tándem, que implica a Iberdrola por los pagos a José Manuel Villarejo. Los fiscales reclaman a la Audiencia Nacional que tome declaración al actual jefe de Seguridad de Iberdrola España, Francisco 'Patxi' Blázquez, y mano derecha del imputado Antonio Asenjo, así como a Mariano Rodríguez, el otro jefe de administración que denunció ante un notario las presuntas irregularidades en los pagos al comisario jubilado.

Según un escrito de Miguel Serrano, la Fiscalía necesita más tiempo para investigar el caso, pese a que la Audiencia Nacional decidió recientemente la desimputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y otros directivos inicialmente afectados por considerar que los posibles delitos habían prescrito. Ayer mismo, exculpó a Iberdrola Renovables, que también estaba encausada, por el mismo motivo, por haberse superado el plazo para poder ser enjuiciados.

TE PUEDE INTERESAR

El juez del caso Villarejo archiva la causa contra Iberdrola Renovables por prescripción

Pablo Gabilondo

Aun así, el fiscal señala que "las precedentes diligencias de investigación no han podido ser practicadas durante el plazo de instrucción, puesto que la presente pieza separada número 17 se está tramitando de modo paralelo a la instrucción de la pieza principal y de otras 13 piezas separadas". Además, agrega que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional "sigue examinando la ingente documentación que fue intervenida en los diferentes registros domiciliarios practicados, con lo que no se puede descartar que, a resultas de dicho examen, sea pertinente alguna nueva diligencia de instrucción".

Especialmente por lo relativo a los libros de comercio, cuentas anuales, documentación fiscal y documentación contable de Cenyt, la empresa de Villarejo a través de la cual facturaba sus servicios a numerosas empresas del Ibex 35. En el caso de Iberdrola, 1,13 millones de euros reconocidos por la eléctrica entre los años 2004 y 2017 y considerados completamente legales, cantidad que otras fuentes elevan a más de 10 millones, como sucedió con BBVA.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia Nacional amplía seis meses la investigación sobre el caso BBVA-Villarejo

Jorge Zuloaga Beatriz Parera

Para esta nueva fase de la investigación, la Fiscalía ha pedido tomar declaración judicial en calidad de testigo a Francisco 'Patxi' Blázquez Sarro y a Mariano Rodríguez López. El primero es el actual jefe de Seguridad de Iberdrola España y fue la mano derecha de Asenjo, que aún permanece imputado y que se autoinculpó por los encargos solicitados al polémico comisario. El segundo, que dejó la eléctrica hace año y medio por prejubilación, actuaba como 'controller' y visaba todas las facturas.

Serrano ha solicitado su declaración porque figuraron como solicitantes autorizados en las facturas emitidas por la mercantil Casesa durante el ejercicio de 2005 por importe superior a 100.000 euros y que estarían vinculadas con servicios de seguridad prestados en la central de Arcos de la Frontera. Es decir, con los abonos a esta compañía de seguridad, que posteriormente pagaba a Cenyt, como demostró un informe de la Agencia Tributaria, pese a que los dueños de esta empresa lo negaron en un primer momento. Unos trabajos, bautizados como Proyecto Arrow, por los que Iberdrola devengó unos 350.000 euros y que incluyeron, según la investigación interna de la Policía y los audios difundidos, la compra a partidos políticos que se oponían a la construcción de esta planta de ciclo combinado por unos 1.000 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR

Los sindicalistas de Iberdrola espiados por Villarejo recurren la desimputación de Galán

Agustín Marco

La citación a Mariano Rodríguez es relevante porque, como ya hiciera José Antonio del Olmo, el jefe de contabilidad que denunció las irregularidades, también llevó a un notario un informe en el que detalló lo que consideraba extraño o ilegal. El juez, que conoce de la existencia de estos nuevos papeles desde hace 10 meses, todavía no ha solicitado a la Policía que los saque de la notaría, como sí hizo con el primer documento de Del Olmo.

"Resulta relevante se les reciba declaración acerca de las facturas emitidas por Casesa a Iberdrola durante 2004 y que, según manifestaciones del investigado José Antonio del Olmo, corresponderían igualmente a servicios relacionados con la central de Arcos de la Frontera, aunque no habrían sido prestados por Casesa —como se hizo figurar en las facturas— sino que habrían sido efectivamente prestados por el investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía", explica.

La secretaria, clave

Los fiscales también quieren oír en calidad de testigo a Manuel Echaburu Payá, que, junto a Fernando Becker, director de Recursos Humanos y Servicios y actual consejero de El Corte Inglés, y al investigado José Antonio del Olmo, firmó otras de las solicitudes de pagos a Villarejo. Así se recoge en el informe 'forensic' elaborado por Pricewaterhouse con fecha 19 de marzo de 2020 y así lo expuso el conocido como testigo clave en su primera declaración ante el juez, en diciembre de 2019. Para la Audiencia Nacional, resulta relevante la declaración solicitada de Manuel Echaburu a los efectos de determinar, no la intervención de Fernando Becker, cuya potencial implicación fue sobreseída el pasado mes de marzo, sino las sospechas que podían existir sobre dichas facturas.

TE PUEDE INTERESAR

Una operación de Villarejo en 2016: la baza de la Fiscalía para 'salvar' la pieza de Iberdrola

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

Por último, Fiscalía reclama la presencia de Gladys Galán Lecumberri, administrativa de Seguridad que firmó la solicitud de pago inmediato de las facturas 17/06, 26/06 y 31/06 emitidas por Cenyt a Iberdrola. Unos pagos que el propio Asenjo "reconoció, en su declaración judicial en calidad de investigado, que los conceptos no correspondían a los servicios efectivamente prestados". El exjefe de Seguridad de Iberdrola, que fue indemnizado con 1,6 millones cuando fue despedido por "pérdida de confianza" tras conocerse el caso, indicó que dichas facturas "podrían corresponder a los proyectos denominados Arrow y Front y que, como se indica, se ordenó su pago inmediato, desconociéndose los motivos que justificaron dicho pago inmediato y no pudiendo descartarse que estuvieran relacionados, precisamente, con los servicios efectivos".

El juez tendrá que decidir entre este jueves y el viernes si admite la petición de la Fiscalía o la rechaza, puesto que el plazo anterior, ampliado en enero, vence el viernes 29.