El 'viejo' policía de Galán que metió a Villarejo en la comisaría de Iberdrola

Iberdrola ha usado los servicios de José Manuel Villarejo durante más de una década, entre 2004 y 2017, hasta incluso pocos meses antes de que el comisario entrase en la cárcel por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión. Una relación larga de la eléctrica y el policía nacional que tiene su origen en Airtel, la empresa de telecomunicaciones de la que Ignacio Sánchez Galán fue consejero delegado y que en 2001 se vendió a Vodafone con una valoración de 3,99 billones de las antiguas pesetas, unos 24.000 millones de euros.

Airtel, que en aquellos tiempos apenas tenia un edificio corporativo en España, tenía como jefe de seguridad a Antonio Asenjo, un profesional de la seguridad procedente de Prosegur que entró en la operadora por invitación de Eduardo Serra, el que había sido secretario de Estado del Ministerio de Defensa con el PSOE de Felipe González (1982 y 1987) y después ministro de Defensa con José María Aznar entre 1996 y 2000. Entre medias, de 1994 a 1996, fue presidente de Airtel, donde habían invertido numerosas grandes fortunas españolas, como Juan Abelló y la familia Entrecanales, para competir con Telefónica en el reciente liberalizado mercado de las telecomunicaciones.

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Según distintas fuentes conocedoras de la situación, Serra introdujo a Asenjo en esta compañía y allí inició una relación de confianza con Galán, que cuando fue nombrado consejero delegado y vicepresidente de Iberdrola en 2001, nada más dejar Airtel, pidió expresamente llevárselo a la eléctrica. En ese momento, la compañía con sede en Bilbao ya tenía un jefe de seguridad, Marcos Peña, pero el ingeniero salmantino insistió a Iñigo de Oriol, presidente en aquel momento, en que se le hiciera un hueco a su hombre de confianza. Un policía raso que ya tenía relaciones con Enrique García Castaño, conocido como ‘el Gordo’, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y jefe de Villarejo.

El comisario hizo sus primeros trabajos para Iberdrola en 2004, por los problemas que la eléctrica tenía con las autorizaciones para poder instalar una central térmica de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). Aquello provocó una primera crisis interna en el departamento de seguridad del grupo energético, según las mismas fuentes. Unas tiranteces que se resolvieron en 2006 cuando De Oriol deja la presidencia de la compañía en favor de Galán y el jefe de seguridad decidió irse con él de la mano.

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Asenjo se quedó con la responsabilidad y, según las distintas facturas a las que ha tenido acceso este medio, recurrió con frecuencia a Villarejo. La relación de Galán con el cuerpo fue siempre muy cercana, como demuestra que en 2007, apenas un año después de ser nombrado presidente, recibió la medalla al mérito policial, según su propio currículo personal. Y es que, según las mismas fuentes, el empresario, cuando era primer ejecutivo de Airtel y después de Iberdrola, colaboró en todo lo que pudo con las fuerzas de seguridad del Estado en un momento en que España sufría los continuos ataques terroristas. En aquellos tiempos, todas las compañías de telecomunicaciones ayudaron a los servicios secretos en su lucha contra los radicales vascos.

Justo hace un año, Galán recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil en la plaza Mayor de Salamanca, una condecoración que para Iberdrola supuso “un reconocimiento a la estrecha colaboración y apoyo constante por parte de la compañía a la Guardia Civil”. Una relación que también se extiende al Ejército, al que la eléctrica respalda con jornadas sobre la seguridad, como la llevada a cabo hace un año sobre el impacto del cambio climático en la seguridad nacional, en la que intervinieron miembros del Estado Mayor.

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De hecho, el pasado 2 de octubre, Iberdrola celebró con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas españolas, la sexta edición del Seminario Fuerzas Armadas y Sociedad Civil, centrada, en esta ocasión, en el papel de las FFAA y las empresas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU.

Iberdrola defiende que todas las contrataciones de Villarrejo están justificadas y dentro de la legalidad, tal y como concluyó el comité de auditoría que el pasado mes de agosto revisó de nuevo todas las facturas. Pero añade que, si algo más se hizo, fue de forma unilateral por parte de algún empleado, en referencia a Asenjo, sin que el presidente ni el consejo de administración tuvieran conocimiento de ello.