El aviso de Villarejo pone en guardia a Galán: Iberdrola audita los pagos al comisario

Iberdrola disfruta de un momento dulce gracias a la revalorización de la cotización. La acción está en su mejor momento desde la crisis de 2008. Sin embargo, hay un asunto que ocupa y preocupa como ninguno en el despacho del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. Es la vinculación de la compañía con los asuntos de José Villarejo, el comisario jubilado de la Policía Nacional en la cárcel por presuntamente espiar y grabar a empresarios, políticos y periodistas.

Según fuentes próximas a Iberdrola, el presidente de la comisión de auditoría, Xabier Sagredo, ha pedido recientemente toda la documentación relacionada con la contratación de Villarejo para revisar su legalidad y el fin real para el que se solicitaron sus servicios. La decisión se ha tomado tras conocer que la Audiencia Nacional ha encontrado un nuevo archivo con los clientes secretos del comisario, entre los que se encuentran un buen número de empresas del Ibex.

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Vicent Selva

Sagredo ha requerido a Asís Canales, responsable de Compras, Finanzas y Recursos de Iberdrola, todos los contratos firmados con Club de Negocios y Transacciones (Cenyt), Cenyt Consultoría y Stuart & Mckenzie, las empresas del conglomerado de Villarejo. Una relación que data de 2004, cuando la eléctrica le abonó 116.000 euros por supuestos servicios de inteligencia. En realidad, según informó 'Público' en junio de 2018, el pago se correspondió a la filtración a Ignacio Sánchez Galán del informe que el policía y su equipo había hecho para BBVA.

Según distintas fuentes, Sagredo convocó a finales de agosto una reunión de la comisión de auditoría para analizar la información localizada por Asís Canales. Pero finalmente, la comisión, participada únicamente por consejeros independientes, no llegó a celebrarse. La explicación es que, después de revisar la documentación, los responsables de Iberdrola no encontraron nada nuevo que les llevara a sospechar que la eléctrica hubiera cometido ninguna irregularidad. Es decir, que la contratación de Villarejo estaba perfectamente justificada.

Según distintas fuentes, Sagredo convocó a finales de agosto una reunión de la comisión de auditoría para analizar la información localizada por Canales

No es la primera vez que Iberdrola rebusca en sus archivos todas las veces que usó a este comisario y a su socio, Rafael Redondo, conocido como ‘el Gordo’, para determinados servicios de espionaje. El pasado año, en noviembre, el propio Galán, asesorado por Julián Martínez Simancas, secretario del consejo y de la comisión ejecutiva, pidió conocer con detalle todas las vinculaciones con estos policías para depurar cualquier responsabilidad. Pero la comisión de auditoría concluyó que no había detectado ningún indicio de que los pagos no se correspondieran con trabajos legales.

Otras fuentes indican que la preocupación de Galán es creciente porque fue él mismo el que los introdujo —primero al Gordo y después a Villarejo— en los servicios de seguridad de Iberdrola, dirigidos por Antonio Asenjo, un hombre vinculado a los policías. Desde Iberdrola, niegan cualquier irregularidad y aseguran estar tranquilos al poder justificar todos los contratos con los protagonistas de la conocida como operación Tándem. De lo contrario, agregan, ya hubieran tomado sus medidas.

Mensaje desde prisión

Iberdrola, que se ha convertido en la segunda empresa por capitalización del Ibex 35, tan solo por detrás de Inditex y superando a grupos como Banco Santander y Telefónica, ha tenido relaciones con Villarejo desde 2014 y hasta 2017. O lo que es lo mismo, hasta el mismo año en que el comisario entró en prisión. El último contrato fue para investigar a un empresario rumano que adeudaba 11,8 millones de euros a la eléctrica por la construcción de un parque eólico en el país de Europa del Este.

El grupo energético pagó dos facturas a Villarejo entre enero y marzo de 2017 por un total de 84.700 euros por un informe de 85 páginas que Cenyt entregó al responsable de Seguridad de Iberdrola. La compañía quería saber si el empresario que la estafó y que se había declarado en quiebra tenía activos para recuperar su deuda después de poner en marcha un litigio arbitral que le había dado la razón.

En noviembre de ese año, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión a Villarejo y a Redondo al atribuirles los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. El pasado 9 de agosto, el comisario envió un comunicado desde la prisión de Estremera en el que denunció que las "manos negras" que están "tirando de la manta" amenazan con poner "en la picota a compañías absolutamente estratégicas como Repsol, Indra, CaixaBank, Iberdrola, Santander, Grupo Planeta, Mutua Madrileña o Telefónica". Un aviso que ha puesto de los nervios a sus pagadores.