El 'forensic' independiente de PwC a Iberdrola por Villarejo, en el ojo del huracán

El consejo de administración de Iberdrola respaldó el pasado jueves a Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía, y a Francisco Martínez Córcoles, consejero director general, número dos del grupo, así como a Fernando Becker, ex consejero delegado de Iberdrola España, y a Rafael Orbegozo, jefe del gabinete de Presidencia, tras ser imputados por la Audiencia Nacional por los presuntos pagos irregulares a José Manuel Villarejo. Una defensa que se basa en el informe 'forensic' “absolutamente independiente” encargado a PwC, la consultora que, a su vez, la eléctrica contrata para validar que Galán y Córcoles han cumplido los objetivos que les permiten cobrar sus sueldos.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola insistió en que “desde el primer momento y de manera continua, el consejo de administración y las comisiones habían actuado de conformidad con el sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales”.

En la nota, la comisión ejecutiva delegada, presidida por el propio Galán, deja constancia expresa de que, “conforme a las conclusiones de la investigación interna y del informe ‘forensic’ independiente encargado a PwC, no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del consejo de administración ni de la alta dirección en relación con los hechos del denominado Caso Villarejo”.

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Según Iberdrola, la investigación de PwC ha sido “absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la compañía”, tras revisar un número muy importante de documentos, la realización de numerosas entrevistas, el análisis de ordenadores y dispositivos móviles de personas vinculadas al departamento de Seguridad y al propio Galán.

Sin embargo, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción, en sus escritos que llevaron a la imputación de la cúpula de Iberdrola, cuestionaron duramente tanto el informe interno de la eléctrica como el 'forensic' realizado por PwC, acusándoles de no encontrar información relevante cuando esta sí ha podido ser recabada durante la investigación. A modo de ejemplo, la consultora no pudo entrevistar ni conocer la versión de los hechos de Antonio Asenjo, el jefe de Seguridad de Iberdrola, la persona que se reunía con Villarejo y el que acordaba los pagos y el concepto falso de las facturas. Asenjo se negó a participar en hasta cinco ocasiones en el 'forensic' de PwC.

Una relación de muchos años

Según ha podido constatar El Confidencial, la vinculación entre Iberdrola y PwC va más allá del 'forensic'. Al menos desde hace siete años, el consejo de administración de la eléctrica ha contratado a la firma de consultoría para que participe en el proceso de validación del desempeño del órgano de gobierno de la compañía y, en particular, el de su presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán. Así consta en una carta remitida en octubre de 2013 por el propio Galán a Samantha Barber, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, de la que dependía la Unidad de Cumplimiento en ese momento y que ahora investiga las facturas abonadas a Villarejo. De esa valoración, se deriva el informe en el que se justifican los sueldos del presidente y el número dos, que el pasado año ganaron 12,2 millones, en el caso de Galán, y 3,09 millones, en el de Córcoles.

En el informe de gobierno corporativo de Iberdrola en 2020, la compañía califica este ejercicio —coordinado por la Comisión de Nombramientos y asesorado por PwC— como una evaluación de "amplio alcance", en la que se analiza, entre otras cosas, si el consejo ha cumplido con "la normativa interna y del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV, el seguimiento de las tendencias en gobierno corporativo y el análisis del cumplimiento de las posibles áreas de avance definidas en evaluaciones de años anteriores".

PwC Asesores se encarga también de validar el llamado Bono Estratégico 2017-2019, incentivo por el que los principales directivos del grupo eléctrico percibieron como premio 14 millones de acciones, valoradas actualmente en 145 millones de euros. De esta cantidad, al presidente le correspondieron 1,9 millones de títulos, unos 20 millones de euros a precio de mercado. Por su parte, Córcoles recibió 300.000 acciones, algo más de 3,1 millones.

En esa misiva, el presidente le comunica a Barber que PwC va a realizar este análisis para validar si se han cumplido los objetivos del consejo de administración y de Galán en concreto. Un informe que después se elevaba a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que es la que validaba el sueldo fijo y variable del máximo ejecutivo de Iberdrola. Aquel trabajo lo hizo Gonzalo Sánchez, director del sector Energía en la consultora y actual presidente de la misma.

PwC ha estado haciendo este trabajo durante los últimos siete años, incluido el actual. Fuentes próximas a la consultora matizan que su labor es tan solo corroborar que se han cumplido los objetivos fijados por el consejo en materia de gobierno corporativo, pero que las remuneraciones de los consejeros y la ponderación de los factores para su pago se establecen internamente.

La consultora, cuyo presidente es muy cercano a Galán, trabaja de forma habitual para la eléctrica desde hace más de siete años

Este no ha sido el único trabajo continuado que PwC ha hecho para Iberdrola. Según otros documentos en poder de El Confidencial, la firma fue el asesor que contrató la eléctrica para la creación y constitución de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (CRSC). Sus socios Alberto Castilla y Ramón Abella asistieron con frecuencia a las reuniones de esta comisión para elaborar la planificación de las actividades y el propio Plan de Reputación Corporativa.

A su vez, PwC ha sido el encargado de validar el trabajo de esta comisión durante estos años, que según un análisis sobre 57 indicadores de medición conseguía un “excelente desempeño”, gracias a sus fortalezas y a la “composición y dedicación de sus miembros”. La CRSC siempre ha obtenido un notable alto tras comparar con otras empresas del Ibex 35, entre otras, Telefónica, BBVA, Bankinter, Indra y Banco Popular, que eran algunas de las referencias más significativas para la consultora, y otras internacionales, como Microsoft y Unilever.

Asimismo, PwC ha realizado informes para Iberdrola para medir el valor total que aporta la compañía a la economía y a la sociedad. El estudio, denominado Total Impact Measurement y que también elaboró para Inditex y BBVA, consistía en concretar los impactos socioeconómicos, ambientales y tributarios de una empresa para monetizar las variables extrafinancieras. Un documento que, según la firma, sirve como “carta de presentación para establecerse en nuevos países y regiones”, como “soporte para la negociación con reguladores y administradores” y como “elemento defensivo ante ataques”.

PwC ha declinado hacer ningún comentario ni detallar cuánto factura anualmente a la eléctrica por estos encargos.