El juez archiva la investigación contra Galán en el caso Villarejo por prescripción

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado el caso Villarejo para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El directivo se encontraba imputado desde junio de 2021 por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil, pero, en un auto notificado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 estima la solicitud de su defensa. La clave se encuentra en la prescripción de los delitos.

Según explica el magistrado, la imputación de Sánchez Galán se vinculaba con proyectos que se llevaron a cabo hace más de 10 años. En concreto, los proyectos Arrow (de 2004 a 2006), Black Board o B-B (años 2004 y 2005) y los proyectos Gipsy y Posy (año 2009), cuando primero ejercía como vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola y después, desde 2006, como presidente de la compañía. Los trabajos, expone el auto, se habrían realizado por Villarejo a través del Grupo Cenyt mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, pero, al haber finalizado en 2009, "los delitos (...) estarían prescritos".

TE PUEDE INTERESAR

El juez cuestiona las explicaciones de Galán: "No tiene sentido, compréndalo"

José María Olmo Alejandro Requeijo Beatriz Parera Pablo Gabilondo

García Castellón basa el archivo para Sánchez Galán en el auto de la Sección Tercera de la Sala Penal 266/2022, del pasado 3 de junio, en el que los magistrados resolvían el recurso de apelación de otro investigado por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular por hechos que tuvieron lugar hasta el mes de marzo de 2009. En ese auto de la Sala, relativo al directivo Rafael Orbegozo, los magistrados indicaban que "es evidente que el único hecho atribuido a (…) estaría prescrito conforme a los artículos 130.6 y 131 y 132.1 del Código Penal, al haber transcurrido más de diez años entre marzo de 2009 y el 23 de junio de 2021". Por tanto, la Sala acordó la prescripción como circunstancia extintiva de la responsabilidad y el sobreseimiento libre.

"La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado Sánchez Galán, en diferentes resoluciones (la última de ellas el 11/03/2022)", señala el juez. García Castellón indica que la participación de Sánchez Galán en los hechos investigados comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009, por lo que, atendido el tenor literal del auto de la Sección Tercera, "debemos constatar que han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado y la de su citación como investigado".

"Estarían prescritos"

"Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre", finaliza el magistrado. En el mismo auto y con el mismo argumento, el magistrado también acuerda el sobreseimiento respecto de otros dos investigados, José Luis San Pedro Guerenabarrena y Juan Carlos Rebollo.

TE PUEDE INTERESAR

El juez ofrece protección policial al testigo clave de los pagos de Iberdrola a Villarejo

Agustín Marco

Pese a ello, el archivo para estos dos directivos se limita al delito de cohecho, pues el de coacciones en relación de la denuncia del exdirectivo José Antonio Del Olmo lo remite a un juzgado de Bilbao por no ser competente para instruir estos hechos. Del Olmo es el exempleado que denunció en informes guardados ante notario la presunta trama de facturas falsas que utilizaban para enmascarar los pagos a Villarejo. Iberdrola ya ha cargado contra él ante distintos tribunales y, ante la denuncia del exdirectivo por supuestas coacciones, la Audiencia Nacional acuerda ahora remitir esta investigación a Bilbao.

Los cinco intentos de Sánchez Galán

Con esta resolución, el instructor responde a un quinto escrito presentado por el presidente de Iberdrola en el que reclamaba el archivo en virtud de la prescripción de los delitos. Su abogado, Carlos Domínguez Luis, solicitaba —en este caso con éxito— al juez de la Audiencia Nacional el sobreseimiento y el archivo de las causas a consecuencia de la interpretación del magistrado de la Sección Tercera de la Sala Penal sobre Orbegozo. Esos 10 años fue el argumento que permitió el sobreseimiento del gabinete de presidencia de Iberdrola y responsable de al menos dos facturas de Villarejo por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

TE PUEDE INTERESAR

Galán pide por quinta vez su desimputación de Villarejo por haber prescrito los delitos

Agustín Marco

Pese a la prescripción, el magistrado destaca los indicios que obraban en el procedimiento. Destaca que los encargos se concretaron "en numerosos informes y gestiones que fueron documentados entre los años 2004 y 2006" y que tenían el carácter de confidenciales para Iberdrola SA, "como parece inferirse del hecho que las facturas correspondientes a los servicios prestados no fueron emitidas por esta —prestadora del servicio a Iberdrola— sino por otra compañía diferente". También incide en que "estos informes incluyeron, en ocasiones, el acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación".

Arrow, Blackboard y Gipsy

La primera de las operaciones que se investiga en la Audiencia Nacional se remonta a 2004 cuando, como reveló este diario, Iberdrola pidió a Villarejo que se infiltrara en el movimiento de oposición política y vecinal a su central térmica de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz). La eléctrica dio los primeros pasos para ponerla en marcha en el 2000, pero, cuatro años después, se topó con el rechazo al proyecto de numerosas organizaciones ecologistas, del Gobierno local y del Ejecutivo andaluz. El proyecto, valorado en más de 1.000 millones de euros, empezaba a tambalearse y Villarejo entró en escena. Él mismo lo bautizó con el nombre en clave de Arrow.

Los investigadores sostienen que esta operación se alargó dos años y dio sus frutos: el juez se negó a paralizar las obras, el PSOE de Arcos adoptó una posición menos beligerante e Izquierda Unida abandonó el Gobierno municipal tras darse luz verde a la central.

TE PUEDE INTERESAR

"Con este no se puede jugar": tres años de investigación sobre Galán-Villarejo

Pablo Gabilondo José María Olmo EC Diseño

La segunda operación detectada por los investigadores y adelantada nuevamente por El Confidencial también arrancó en 2004. Esta vez, se bautizó como BlackBoard (BB) y tenía un claro objetivo: el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro. Los informes reflejan que Villarejo rastreó su vida privada, amistades y trayectoria profesional en busca de "puntos oscuros". Incluso habría diseccionado la identidad y fecha de nacimiento de los familiares del presidente de Endesa.

La tercera operación que salpicaba a Sánchez Galán se bautizó como Gipsy y, según Anticorrupción, persiguió dos objetivos: por un lado, "investigar a José María A. V., quien fue director de servicios generales de Iberdrola, S.A., y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de Iberdrola, al sospechar la compañía que en la contratación de los servicios pudiera mediar el pago de comisiones ilegales". Por otro, rastrear "las vinculaciones" que el propio A. V. "hubiera podido tener con Florentino Pérez", y uno de los informes señalaba de Villarejo que este podía estar recabando "datos sensibles sobre el presidente de IB". Por aquel entonces, el presidente de Iberdrola ya era Sánchez Galán.

Los investigadores sostienen que el temor a Florentino Pérez desencadenó en 2009 otra operación bautizada como Posy. Esta vez, el supuesto objetivo ya era el propio presidente de ACS y querían encontrar datos comprometedores sobre él para frenar su entrada en el consejo de administración de Iberdrola.