La Audiencia ratifica el archivo para Becker e incide en la prescripción de la pieza de Iberdrola

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo del caso Villarejo para el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker. Según apuntan fuentes jurídicas, los magistrados advierten una prescripción de los delitos y, frente al sobreseimiento provisional que dictó el juez instructor, van un paso más allá y ordenan el sobreseimiento libre. De esta manera, acuerdan el cierre definitivo del caso Villarejo para el exdirectivo de Iberdrola.

La prescripción se ha convertido en la principal baza con la que cuentan los investigados para solicitar el archivo. El magistrado Manuel García-Castellón, a cargo de la investigación, lo dejó claro el pasado jueves, cuando acordó el sobreseimiento libre para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez: "Debemos constatar que han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado, y la de su citación como investigado (23/06/2021)", advertía en su auto. "Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos, que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos".

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Esta prescripción de los delitos en principio permite extender el archivo a la mayor parte de los imputados. García-Castellón, de hecho, acordó el sobreseimiento libre para Sánchez Galán con base en un auto dictado por la Sala de lo Penal el pasado 3 de junio, cuando confirmó el archivo del caso para el exjefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. En la resolución, los magistrados indicaban que "es evidente que el único hecho atribuido (…) estaría prescrito conforme a los artículos 130.6 y 131 y 132.1 del Código Penal, al haber transcurrido más de diez años entre marzo de 2009 y el 23 de junio de 2021", una tesis que ahora aplican a su vez a Fernando Becker.

"El sobreseimiento acordado respecto del investigado, Don Fernando Becker Zuazua, en el auto apelado, debe entenderse libre y no provisional", concluye la Sala de lo Penal a la hora de rechazar los recursos de la Fiscalía y de Florentino Pérez, personado como perjudicado. "Contra esta resolución no cabe recurso alguno".

La operación de 2016

Para sortear esta prescripción, el principal argumento con el que cuentan la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones es el proyecto Wind, un trabajo que Iberdrola encargó a Villarejo en 2011 y se retomó en 2016. Los tiempos que siguió el mismo se reflejan en el auto de 2021 con el que el juez acordó imputar a Sánchez Galán, en que señala que los trabajos se desarrollaron en dos momentos. "Uno primero, al tiempo del encargo, desde finales del año 2011, centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía SA se había aliado para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de manera favorable a Iberdrola Renovables Energía SA en un procedimiento arbitral".

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Cinco años después, la operación se reactivó. "Un segundo periodo, a partir de 2016, en que la investigación se centró en la localización de bienes de Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kaap, sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable a Iberdrola Renovables Energía SA que había sido dictado".

Los indicios en torno a esta operación permitirían, por tanto, sortear el mencionado plazo de "más de diez años" que marca la prescripción. Según apuntan fuentes jurídicas, ese es uno de los argumentos que tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones estudian emplear ahora para recurrir el sobreseimiento libre de Sánchez Galán.