La Policía concluye que Iberdrola espió teléfonos sin autorización judicial

Las últimas diligencias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre los pagos de Iberdrola a Villarejo han determinado que la eléctrica recurrió al comisario para acceder de forma irregular a datos telefónicos de supuestos rivales políticos y empresariales. Así consta en un informe que acaba de ser incorporado a la pieza separada número 17 del caso Tándem, en la que se investiga las relaciones de la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán con el agente encubierto. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, también incluye la transcripción de nueve audios que implican al propio Galán en las operaciones de espionaje.

Los agentes han concluido que en al menos dos de los proyectos de vigilancia que Villarejo ejecutó por orden de Iberdrola se utilizó información de líneas telefónicas de terceras personas sin disponer de ningún tipo de autorización judicial que avalara el acceso a ese contenido de carácter reservado. Una de esas operaciones es el proyecto Arrow, un plan diseñado por la eléctrica para tratar de desactivar o chantajear a líderes políticos, empresariales, ecologistas y sindicales que se oponían a la construcción de una planta de ciclo combinado en una zona de alto valor medioambiental del municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz).

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Según Asuntos Internos, el otro episodio en el que Iberdrola usó datos telefónicos privados fue el proyecto BlackBoard, que tenía como objetivo recopilar información sobre uno de sus mayores competidores, Endesa, y especialmente sobre el entonces presidente de esta empresa, Manuel Pizarro (de ahí el nombre en clave de la operación encubierta).

Los agentes han comprobado que, entre los archivos informáticos que guardaba Villarejo sobre estos dos encargos de Iberdrola, hay varios que contienen información de las llamadas entrantes y salientes de teléfonos móviles pertenecientes a las personas e instituciones investigadas, y que el comisario habría obtenido esos datos con la ayuda de jefes de Seguridad de compañías telefónicas (Amena y Vodafone) y de uno de sus supuestos colaboradores, el comisario Enrique García Castaño. Ningún juez autorizó el uso de esas comunicaciones.

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El informe apuntala las acusaciones que ya se ciernen sobre el exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, principal enlace de la compañía con Villarejo. El instructor del caso Tándem, el juez Manuel García-Castellón, ya le atribuía los delitos de cohecho y revelación de secretos. La utilización indebida de información telefónica de terceros refuerza la imputación por ese segundo delito.

El caso puede acabar afectando también a otros directivos. El documento de Asuntos Internos analiza nueve grabaciones relacionadas con los encargos de Iberdrola a Villarejo en las que se escucha al comisario hablando con Asenjo sobre los espionajes. En al menos tres de esos audios hay referencias a Sánchez Galán, de las que se desprende que estaba al tanto de los trabajos de Villarejo.

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Entre 2004 y 2017, Iberdrola pagó al presunto cabecilla de Tándem un total de 1,13 millones de euros por una decena de operaciones encubiertas. De esos fondos, 232.000 euros fueron dedicados en exclusiva a financiar uno de esos proyectos, el que afectaba al presidente de ACS, Florentino Pérez, que está personado en el caso como acusación particular.