Iberdrola también encargó a Villarejo espiar a sindicalistas de la nuclear de Cofrentes

Iberdrola también habría recurrido al comisario Villarejo para investigar a sus propios trabajadores. La eléctrica contrató presuntamente al policía en 2007 para averiguar si dos representantes sindicales de su central nuclear de Cofrentes (Valencia) habían filtrado a organizaciones ecologistas un informe interno que admitía importantes deficiencias en distintas áreas de la instalación. El espionaje ordenado a Villarejo por la segunda empresa más grande del Ibex 35 habría incluido el “hostigamiento” y “acoso” a los dos trabajadores, así como el control de al menos un teléfono móvil supuestamente utilizado por ellos.

Los detalles del encargo figuran en un documento confeccionado por el policía de 19 páginas, con fecha 9 de marzo de 2007 y titulado 'Informe Front', el nombre que escogió el agente para bautizar este nuevo trabajo encubierto para la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán. En los primeros párrafos del informe, al que ha tenido acceso El Confidencial en un trabajo conjunto con 'Moncloa.com', ya se aclara que el espionaje había sido solicitado, concretamente, por el entonces jefe de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, que ha sido destituido del cargo este mismo viernes tras casi dos décadas ocupándolo.

La prioridad eran dos representantes de la plantilla que pertenecían al sindicato CGT y que ya habían destacado en el pasado, según el informe, por su especial beligerancia en las reivindicaciones de carácter laboral que se habían producido en la planta. Con todo, la prioridad de Iberdrola no era neutralizar ese tipo de protestas sino hallar cualquier indicio que permitiera a la eléctrica vincular a los dos líderes sindicales con la difusión de una auditoría confidencial de Cofrentes elaborada en 2003 por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO, en sus siglas en inglés) y que se saldó con hasta 36 requerimientos de corrección en la gestión de la infraestructura, los procedimientos de control y vigilancia, la prevención de los riesgos laborales y la formación de la plantilla.

En febrero de 2006, representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Acció Ecologista y EU-Verds comparecieron en una rueda de prensa para anunciar que habían recibido “de forma anónima” el informe de la WANO y exigieron responsabilidades a Iberdrola por haber ocultado el resultado de esa inspección al Gobierno autonómico y al conjunto de la población. También demandaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que acordara la parada “inmediata” de la planta porque, a su juicio, no estaba operando “en condiciones de seguridad”.

El gigante de la electricidad rechazó tajantemente esas acusaciones y la planta continuó funcionando con normalidad. Sin embargo, menos de un año después, como revelan los documentos conocidos ahora, la compañía contrató a Villarejo para averiguar cómo llegó la auditoría a manos de las plataformas ecologistas. Los dos miembros del comité de empresa de la central eran los principales sospechosos, pero no tenía cómo demostrarlo. De hecho, los sindicalistas ni siquiera habían formado parte del selecto grupo de trabajadores de Cofrentes que tuvo contacto con los inspectores de la WANO ni habían tenido acceso al documento objeto de discordia.

El presunto cabecilla de la operación Tándem tardó menos de dos meses en facilitar a Iberdrola un primer informe con los supuestos hallazgos preliminares que había hecho sobre los dos sujetos, M. Q. A., alias Maki, y J. M. S. H., alias Sancho. Averiguó sus situaciones familiares, sus domicilios y los de sus allegados, sus historiales reivindicativos, quiénes formaban parte de sus círculos de confianza y la existencia de un teléfono móvil teóricamente utilizado por ambos para hablar con periodistas de diferentes medios de comunicación, en su mayoría, de la Comunidad Valenciana.

De las páginas del informe se desprende que Villarejo también investigó para Iberdrola a los representantes de las organizaciones ecologistas y del partido que se habían hecho eco de la auditoría de Cofrentes, entre ellos, Carlos Bravo, que entonces era el responsable de centrales nucleares de Greenpeace, aunque el blanco de la misión eran los sindicalistas.

Su principal conclusión fue que, tal y como sospechaba su cliente, los dos representantes de la CGT eran efectivamente los autores de la filtración. “La información negativa sobre la CNC [el nombre en clave que eligió para la central] se está transmitiendo contando con la ayuda tanto de Maki como de Sancho, que sorprendentemente están ayudando de esta manera a intentar finiquitar su medio de trabajo y, a modo de ‘suicido laboral colectivo’, eluden informar al resto de sus compañeros que esta actividad la están realizando aún a riesgo de triunfar y por ende que la central se cierre y con ello todos se queden en el paro”, afirmaba el 'informe Front', sin aportar ningún elemento objetivo que permitiera acreditar la veracidad de esa acusación. “Maki, con el fin de degradar lo máximo posible la imagen de la CNC, ha repetido hasta la saciedad a cuantos periodistas, ecologistas y políticos ha contactado, que el corazón de la central es un ‘viejo’ reactor de agua en ebullición del tipo BWR/6, diseñado por General Electric en el año 1975, aunque fuera conectado a la red eléctrica nacional nueve años más tarde, esto es, en octubre de 1984”.

No obstante, el comisario admitía que se trataba de informaciones superficiales y que seguiría haciendo indagaciones para recabar más pruebas. “Dada la sensibilidad observada en las personas a analizar, el trabajo a realizar deberá ser sutil, con perfil bajo de actividad próxima (vigilancias con apoyo electrónico y bastante alejadas de los objetivos) y actuando con procedimientos de ‘respuesta clandestina’, para que el rastro dejado sea prácticamente inexistente”, recogía el documento.

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El policía también puso en marcha, a partir de ese momento, otra estrategia destinada a someterlos a un “hostigamiento sostenido”. “Se irán activando situaciones incómodas en su entorno personal” y “se potenciará el acoso y al final se ofrecerá una salida negociada a los objetivos”, el eufemismo con el que se refería a los dos representantes de la CGT, aunque su atención parecía centrarse sobre todo en uno de ellos. “La parte de más eficacia del proyecto radicará en propiciar una ‘dinámica disruptiva’ de hostigamiento sostenido, que provoque a Maki una inseguridad permanente que hasta el día de hoy no tiene y genere focos de preocupación que le obliguen a cambiar radicalmente de actitud y/o abandone el trabajo en la CNC”, afirmaba el documento entregado a Iberdrola por el comisario.

Tras tener conocimiento de la existencia de este espionaje, Carlos Bravo ha asegurado que un contacto de la central ya les avisó en aquella época que les estaban vigilando. “Me parecen actuaciones repugnantes. Son acciones antidemocráticas. La Justicia debería abrir una investigación. Es deleznable". Por su parte, José Aranda, secretario de Organización de la CGT, considera que este hecho “es inaceptable, terrible y antidemocrático". “Es increíble que se nos pueda investigar de una manera oculta desde las cloacas del Estado. Parece como si estuviéramos hablando de otra etapa acabada".

Por su parte, Iberdrola se ha remitido al comunicado adelantado este jueves por este diario, en el que anunciaba una nueva investigación interna para determinar el alcance de los 17 trabajos que su departamento de Seguridad contrató en total con Villarejo entre 2004 y 2017. Se trata de la tercera auditoría que realiza la eléctrica en dos años. Las anteriores se saldaron sin hallar ningún dato irregular, pero la multinacional ha reconocido ahora que en ninguna de ellas aparecieron los espionajes desvelados esta semana a que fueron sometidos los líderes políticos y vecinales y un juez que amenazaban con bloquear su central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz), ni tampoco el que habría sufrido su principal competidora, Endesa, así como el expresidente de esa compañía Manuel Pizarro.