El juez acelera la causa contra Iberdrola por manipulación del precio de la luz

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reactivado la investigación contra Iberdrola por haber manipulado, presuntamente, el precio de la luz en diciembre de 2013, con un auto en el que ordena que se practiquen nuevas diligencias para determinar el efecto que pudieron tener las maniobras de la compañía —la primera eléctrica de España y segunda compañía del Ibex 35 por capitalización bursátil— en el comportamiento de las tarifas del mercado energético nacional.

Cuatro directivos de Iberdrola Generación y la propia sociedad mercantil están imputados en el caso por un delito contra el mercado y los consumidores, y otros operadores del sector le reclaman indemnizaciones que superan los 40 millones de euros. La Fiscalía considera acreditado que la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán cerró intencionadamente sus embalses durante las tres primeras semanas de diciembre de 2013 para recortar la aportación de energía hidráulica —la fuente más barata que existe— y provocar que se conectaran al sistema otros medios de generación mucho más caros, como las plantas de ciclo combinado.

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Como consecuencia, el precio del MWh se disparó hasta los 112 euros, lo que habría provocado un aumento inmediato de la tarifa de los pequeños consumidores del 10,5% en el primer trimestre de 2014. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió entonces cancelar la subasta y ordenar una primera investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se saldó con una sanción de 25 millones de euros de Iberdrola tras concluir que se había producido una alteración evidente del método de fijación de precios de la luz. Pero tras ese expediente llegó la apertura de una nueva investigación en vía penal que provocó registros de la Guardia Civil en la sede de la cotizada y que avanza en la Audiencia Nacional sigilosamente.

El Gobierno de Rajoy decidió cancelar la subasta y ordenar una primera investigación a la CNMC que se saldó con una sanción de 25 M de euros

Las nuevas diligencias, solicitadas por una de las acusaciones particulares, la mercantil Geoatlander SL, y respaldadas por otra perjudicada, Nexus Energía SA, buscan apuntalar los indicios contra Iberdrola y demostrar la influencia que tuvo el cierre de sus embalses en el mercado. Por un lado, según recoge el auto del juez al que ha tenido acceso El Confidencial, el instructor acuerda librar oficio a la OMIE, la sociedad que cruza las ofertas de los mayoristas, para que informe sobre la posición neta que tuvo Iberdrola en el mercado durante las tres semanas clave y aclare, si como sostienen las acusaciones, la compañía tenía efectivamente una posición de dominio.

Por otro lado, el juez reclama a Red Eléctrica Española (REE) que remita "información de la titular", en las fechas bajo investigación, de cada una de las unidades de gestión hidráulica que existe en España y cuál era en ese momento su potencia máxima, para comprobar, según la Fiscalía, que también se apoyó las diligencias, “la influencia de Iberdrola en el establecimiento de los precios de la energía eléctrica” a través de las plantas de producción hidráulica.

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La tercera diligencia solicitada se dirige a las dos peritos de la CNMC asignadas a este procedimiento penal. Ambas sostuvieron ya, tras analizar las pruebas incorporadas al sumario, que no había ningún elemento objetivo que justificara el bloqueo de los embalses. De hecho, demostraron que en ejercicios anteriores con menos reservas de agua las mismas plantas habían generado hasta un 45%. Ahora, el juez Moreno pide de nuevo a las dos perito que evalúen la posición en la que se encontraba Iberdrola en diciembre de 2013. Si como sostiene la compañía, era demandante de energía y por tanto no tenía sentido que provocara un alza de los precios que afectó negativamente a sus resultados. O, como si sostienen las acusaciones, Iberdrola tenía una posición de oferente y, con el incremento de las tarifas, logró disparar su beneficio.

José Manuel Soria defendió la suspensión de la subasta y ratificó que se había producido una alteración intencionada de los precios

La cuarta y última diligencia tiene que ver con documentación interna de la multinacional de Sánchez Galán. El juez pide que se entregue a las acusaciones el plan de producción hidráulica que tenía programado la eléctrica para los días bajo sospecha, así como sus operaciones con gas y las reservas que tenía de esta materia prima, que fue la que se conectó al sistema (plantas de ciclo combinado) para suplir el vacío dejado por los embalses.

La instrucción ya experimento un salto el pasado 4 de diciembre con la declaración como testigo del ministro de Industria, Energía y Turismo en el momento de los hechos, José Manuel Soria. Este defendió la suspensión de la subasta y ratificó que, a su juicio, se había producido una alteración intencionada de los precios. "El convencimiento que había dentro del ministerio, particularmente en la Secretaría de Estado de Energía, es que había habido una manipulación en la subasta", afirmó ante el juez del caso. "Los propios funcionarios de la Secretaría de Estado de Energía comprobaron la evolución de los precios mayoristas durante las semanas inmediatamente anteriores a la subasta y el hecho de que no se generaba la energía eléctrica hidráulica acorde que había", sostuvo Soria, que también recordó el resultado de la primera investigación de la CNMC avalando su tesis.