El jefe de Seguridad de Iberdrola implica al Gobierno como responsable civil de Villarejo

Antonio Asenjo, el que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola, despedido con una indemnización de 1,6 millones de euros por la compañía eléctrica por “pérdida de confianza”, ha decidido mover el avispero a tres días de su nueva declaración como imputado por la contratación de José Manuel Villarejo. El que durante dos décadas fue la persona de confianza de Ignacio Sánchez Galán ha solicitado a la Audiencia Nacional que llame al Estado como responsable civil subsidiario por los presuntos delitos cometidos por el excomisario.

Según un escrito enviado por Manuel Oller, abogado de Asenjo, el exdirectivo de la compañía eléctrica considera que el Gobierno, en representación del Cuerpo Nacional de Policía, del que Villarejo era una figura relevante, debe presentarse en el Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional que investiga los pagos de Iberdrola durante al menos 13 años al funcionario público, a través de Cenyt, una empresa privada desde la que ofrecía servicios de investigación a grandes grupos del Ibex 35.

El escrito de Asenjo señala que la tesis acusatoria en este procedimiento sostiene que Villarejo se prevalió de su condición de funcionario policial para ejecutar intromisiones en la intimidad de terceros. "En consecuencia, los daños y perjuicios causados por dichos delitos derivan directamente del funcionamiento del servicio público de seguridad, al actuar dicho agente policial dentro de las funciones de su cargo, aunque fuera extralimitándose en ellas. Y ello tanto desde los clásicos parámetros de la culpa 'in vigilando' o 'in eligendo', como desde el principio de responsabilidad objetiva o de creación del riesgo que fundamenta el referido precepto", expone.

TE PUEDE INTERESAR

Anticorrupción pide volver a imputar a dos directivos de Iberdrola en el caso Villarejo

B. Parera

Como es sabido, Villarejo habría prestado esos servicios cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía; y, valiéndose de dicha condición funcionarial, habría accedido ilícitamente a datos reservados de personas sometidas a su investigación. Por tanto, el letrado de Asenjo considera que "el artículo 121 del Código Penal determina la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y demás entes públicos por los daños causados por los responsables penales, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, y siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados".

En la pieza 17 del caso Tándem, que implica a Iberdrola, que al menos pagó 1,13 millones al excomisario, se investigan los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, que habrían sido cometidos con ocasión de los encargos de investigación que la eléctrica habría encomendado al Grupo Cenyt. Otras fuentes indican que la cantidad abonada fue mucho mayor, ya que vinculan facturas por hasta 10 millones de euros devengadas a la agencia estadounidense de detectives Kroll con los trabajos del comisario español.

Esta petición se produce tres días antes de que Asenjo haya sido citado a declarar de nuevo a la Audiencia Nacional por las relaciones de Iberdrola con Villarejo, que le costó el puesto en octubre de 2019. Galán le despidió con una compensación económica de 1,6 millones, una indemnización por la que el juez le preguntó cuando el presidente de la primera empresa del Ibex por valor bursátil fue interrogado en la Audiencia Nacional. Pese a ser despedido por 'pérdida de confianza', el exjefe de Seguridad se negó en hasta cinco ocasiones a colaborar con el informe 'forensic' con el que Iberdrola investigó internamente las relaciones con el comisario, vinculado también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Asenjo acudirá de nuevo ante el juez de forma obligada después de haber pedido ir voluntario y retirar esta solicitud horas más tarde. Su presencia se debe a las últimas revelaciones descritas por José Antonio del Olmo, el jefe de contabilidad de Iberdrola que denunció las supuestas irregularidades. Del Olmo, imputado también y considerado el testigo clave, relató el pasado mes de abril todo el proceso de aprobación de las facturas abonadas directa y a través de intermediarios a Villarejo, implicando de forma directa al presidente Sánchez Galán.