Los sindicalistas de Iberdrola espiados por Villarejo recurren la desimputación de Galán

Los sindicalistas presuntamente espiados por José Manuel Villarejo por encargo de Iberdrola se han movilizado en la Audiencia Nacional contra el auto del juez Manuel García Castellón, en el que dictó el sobreseimiento de los delitos de los que se acusaba a Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo energético. Manuel Quirosa y Manuel Sánchez, dos representantes de la Confederación General de Trabajadores (CGT) que fueron investigados por el comisario de policía, han solicitado al magistrado que revoque la desimputación de Galán y del resto de directivos inicialmente investigados, cuyas supuestas irregularidades habrían ya prescrito.

Quirosa y Sánchez presentaron este viernes un recurso de apelación para que mantenga a Galán, a José Luis Sampedro y a Juan Carlos Rebollo como imputados en la pieza 17 del caso Tándem, que afecta a las facturas pagadas por Iberdrola a Villarejo desde 2004 y hasta 2017. García Castellón liberó de cargas al presidente de Iberdrola el pasado 23 de junio por considerar que había transcurrido más de diez años desde la fecha en la que se cometieron los presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. El periodo que la sala tercera de lo Penal, en un auto del 3 de junio, estimó como máximo para que cualquier irregularidad sea castigada.

Pero los sindicalistas, que estaban al frente de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y víctimas del denominado Proyecto Front, están en desacuerdo con el magistrado. Defienden que cuando fueron seguidos "por parte del Grupo Cenyt en el desarrollo de los servicios contratados con su cliente Iberdrola", encargado por Antonio Asenjo, el director de Seguridad, el 21 de enero de 2007, "Galán era presidente ejecutivo y máximo directivo de Iberdrola, participando activamente de los encargos de espionaje" de Villarejo.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia ratifica el archivo para Becker e incide en la prescripción de la pieza de Iberdrola

Pablo Gabilondo

En su opinión, el Instructor debe pronunciarse sobre estos hechos que afectan a Manuel Quirosa y Juan Manuel Sánchez porque "merece, conforme a derecho, la misma investigación que el resto de trabajos realizados por el ex comisario Villarejo". Según su recurso, "la inactividad judicial sobre el Proyecto Front y los delitos de carácter público denunciados en nuestra querella hace inviable el prematuro sobreseimiento libre del Sr. Sánchez Galán".

"En síntesis, la cuestión es muy sencilla: la total ausencia de análisis y pronunciamiento sobre los hechos delictivos que engloban el proyecto FRONT, en el auto que se impugna, constituye una flagrante violación de la tutela judicial efectiva, más aún cuando se trata del sobreseimiento libre de personas imputadas por la apreciación de oficio de la institución de la prescripción", agrega el escrito de los representantes de CGT.

Su argumento es que "la continuidad delictiva se produce cuando una pluralidad de acciones se ejecuta bajo el paraguas de un propósito común que se lleva a cabo a través de acciones u omisiones homogéneas, plurales y prolongadas en el tiempo que infringen idénticos preceptos penales, tal y como ocurre en las presentes diligencias de investigación". Por este motivo, se adhieren a la solicitud que ya hizo Florentino Pérez, presidente de ACS y presentado como perjudicado, que se opuso sin éxito a la desimputación de otros directivos el pasado mes de marzo.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía pide multa de 84,9 M para Iberdrola y cárcel para cuatro de sus directivos por inflar la luz

Pablo Gabilondo

"La coherencia misma de la pieza separada hace que no pueda entenderse cada proyecto como hechos aislados en un determinado tiempo concreto. Si se han aunado en esta pieza separada todos los encargos realizados por Iberdrola al Grupo Cenyt es porque todas forman parte de una misma actividad delictiva, con continuidad desde el primer encargo a Villarejo hasta el último pago realizado a este", expone el recurso. De lo contrario, los llamados proyecto Arrow (investigación a políticos y a un juez en Arcos de la Frontera para la instalación de una planta de ciclo combinado), Black Board (espionaje a Manuel Pizarro, expresidente de Endesa), Front (sindicalistas) Gipsy y Posy (Florentino Pérez) deberían haberse investigado "de manera independiente y aislada cuestión que se aleja abismalmente de la sistemática jurídico penal".

"Sumar matemáticamente diez años de manera independiente a cada encargo de Iberdrola a Cenyt para resolver que los hechos han prescrito, se podría haber efectuado el mismo día que se incoaron las diligencias previas y, hacerlo ahora, sin entrar a valorar nada más: ni el delito continuado, ni la gravedad de los posibles tipos penales que pueden extender el tiempo de la prescripción a 15 años, ni siquiera la totalidad de los proyectos en los que participaron los investigados de los cuales se acuerda el sobreseimiento, a consideración de esta acusación particular, convierte el auto que se recurre en una decisión contraria a derecho", concluye.

La petición de los sindicalistas de CGT se suma a la que presentó esta semana la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de la causa dictada por García Castellón. Dos movimientos que, según fuentes jurídicas, podrían tener poco recorrido.