El juez del caso Villarejo mantiene imputado a Galán pese a archivar a otros tres directivos

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado levantar la imputación al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a rivales políticos y empresariales. "Hay indicios de los que puede desprenderse —lo afirmamos con el carácter provisional que corresponde a esta fase procesal— que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir de Jose Ignacio Sánchez Galán, y que este fue informado con detalle de los resultados de las gestiones", sostiene en un auto notificado este viernes.

El magistrado, sin embargo, sí atiende los recursos presentados por otros tres directivos y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra ellos: el que fuera número dos de la eléctrica Francisco Martínez Córcoles, el ex consejero delegado de Iberdrola España Fernando Becker y el exjefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. "No existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor", explica en tres autos.

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La sospecha del magistrado se centra en que Galán y parte de sus exdirectivos ordenaron contratar a Villarejo y maniobraron para saltarse el control interno con facturas falsas. De esta manera, supuestamente ocultaron todo tipo de encargos: espionajes a políticos, maniobras contra ecologistas, vigilancia de líderes sindicales, indagaciones sobre dos de los mayores rivales de Galán, Manuel Pizarro y Florentino Pérez, y hasta una investigación contra una empresa con la que Iberdrola iba a construir un parque eólico en Rumanía.

Tras los autos notificados este viernes, García-Castellón saca ahora de la investigación a parte de la antigua cúpula de Iberdrola, pero su máximo dirigente seguirá imputado por cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Según argumenta, la declaración de Galán del pasado 18 de enero "no ha permitido desvirtuar" los indicios contra él.

El cuarto intento de Galán

Como recuerda el magistrado, el presidente de Iberdrola ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones hasta en cuatro ocasiones: "Por lo que se refiere a la prescripción de las actuaciones, alegada de nuevo por la defensa de José Ignacio Sánchez Galán, se vuelve a incidir sobre la misma cuestión pese a los diferentes pronunciamientos", explica el auto. "Llama la atención que la defensa del investigado José Ignacio Sánchez Galán señale que este alegato 'no ha sido objeto, a día de hoy, de respuesta expresa y efectiva por el juzgado", critica.

El magistrado, de hecho, ni siquiera contesta de forma directa a este argumento, sino que apunta a anteriores resoluciones que ya daban "respuesta expresa a la solicitud de prescripción" para "evitar reiteraciones innecesarias". En cuanto a "la falta de concreción de los hechos imputados", sigue la misma línea y sostiene que ya se desgranaron "de forma minuciosa": "El investigado ha sido informado con pleno respeto al ejercicio de su derecho de defensa de los hechos imputados", concluye.

Para reforzar esta idea, García-Castellón incide, además, en que la Sala de lo Penal le respondió en febrero que "no es la existencia de pruebas, y mucho menos de las de naturaleza directa, lo que determina el mantenimiento de una persona como investigada, son los indicios de la participación de dicha persona".

Expuesta esta idea, su conclusión es clara: "Aunque no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que el Sr. Villarejo fue contratado por orden suya, o que evidencie de forma inequívoca que supiera que tenía la condición de comisario en activo al ser contratado, hay indicios de los que puede desprenderse —lo afirmamos con el carácter provisional que corresponde a esta fase procesal— que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir de Jose Ignacio Sánchez Galán, y que este fue informado con detalle de los resultados (...), alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos".

Córcoles, Becker y Orbegozo

El magistrado, sin embargo, no extiende esta sospecha a Martínez Córcoles, Becker y Orbegozo. Tras tomarles declaración y "a la vista de las diligencias practicadas", considera que mantenerles imputados "sería contrario al principio de culpabilidad (no hay indicios de dolo o culpa) y a la presunción de inocencia (no existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión de y control de los hechos investigados, ni de su conocimiento)".

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García-Castellón descarta así que exista indicio alguno "ni de forma directa ni indirecta" contra ellos, pues "la responsabilidad penal individual y concreta del delito cometido en el seno de la empresa lo será del directivo o trabajador que haya cometido el concreto delito o participado en su comisión, siendo el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica (delito corporativo) el defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica".