Hacienda ratifica pagos del proveedor de seguridad de Iberdrola a Villarejo

La Agencia Tributaria ha puesto negro sobre blanco uno de los argumentos con los que Iberdrola y Castellana de Seguridad (Casesa), su principal proveedor de servicios de seguridad, defiende que todas las facturas que pagó a José Manuel Villarejo se corresponden con proyectos reales. Según un informe de Hacienda recogido en el sumario del caso, este proveedor facturó 337.560 euros a dos empresas del comisario jubilado de Policía en el año en que la eléctrica le contrató para espiar a políticos con el fin de construir un ciclo combinado de más de 300 millones de euros en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Aquel contrato se produjo en 2004, en lo que se denominó el Proyecto Arrow. Pero los presuntos trabajos de Villarejo no se pagaron directamente a Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), una de sus empresas, sino a través de Casesa, según denunció en un informe interno José Antonio del Olmo, directivo encargado de validar las facturas para su abono. En concreto, Del Olmo denunció ocho facturas por cerca de 351.500 euros a Casesa por investigaciones que supuestamente hacía Cenyt y de las que solo estaban al tanto los principales ejecutivos de Iberdrola, entre otros, el actual presidente, José Ignacio Sánchez Galán.

Cuando El Confidencial publicó el 2 y el 3 de diciembre de 2019 el informe de Del Olmo sobre estos trabajos calificados de "vigilancias especiales" y "totalmente confidenciales", Casesa remitió un comunicado a este periódico en el que aseguraba que "las facturas emitidas por Casesa a Iberdrola se corresponden con los trabajos indicados en cada una de ellas y son facturas absolutamente reales". La empresa agregó que "era el principal contratista de seguridad de Iberdrola y era común que se encargaran trabajos relacionados con temas de sistemas tecnológicos". Pero, sobre todo, aseveraba, al tiempo que pedía una rectificación, que "nunca mantuvo relaciones comerciales ni realizó ningún pago al denominado Grupo Cenyt o cualquier sociedad relacionada con el señor José Manuel Villarejo".

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Un informe de la Agencia Tributaria solicitado por el Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional que investiga las vinculaciones entre Iberdrola y el comisario señala que "en el ejercicio 2004, Castellana de Seguridad declaró haber soportado facturación del proveedor Cenyt por importe de 256.360 euros y de Cenyt Data por 81.200 euros". En total, 337.560 euros, cifra que se acerca a lo presuntamente pagado por Iberdrola a Casesa por el citado Proyecto Arrow. Por contra, Hacienda solo reconoce facturas entre Iberdrola y las empresas de Villarejo por 116.000 euros ese año 2004.

En la defensa de su inocencia sobre la vinculación con el policía, ahora en prisión, Iberdrola llevó este desmentido de Casesa a varios de sus consejos de administración, según consta en la documentación en manos del juez Manuel García-Castellón, que investiga el caso y que ha abierto parcialmente el secreto del sumario. De hecho, el secretario del consejo usa en varias ocasiones este comunicado de Javier García Saldaña, cofundador de la compañía, que fue el principal proveedor de seguridad de la eléctrica hasta 2015.

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En el informe 'forensic' encargado por Iberdrola a PwC para esclarecer las relaciones con Villarejo, la consultora explica que "la Unidad de Cumplimiento ha llevado a cabo un análisis de la información sobrante en el sistema de gestión interno (SAP) respecto de las facturas emitidas por Casesa durante los ejercicios 2004 y 2005". PwC explica que, "como consecuencia del análisis realizado, han sido identificadas un total de 349 facturas, todas ellas asignadas a la cuenta contable Trabajos Seguridad Vigilancia".

Pero lo más relevante es que esta unidad que vigila por el cumplimiento del código interno de Iberdrola admite que "de las 349 facturas identificadas, ocho de ellas no están asociadas a ningún pedido y podrían hipotéticamente corresponderse con las supuestas irregularidades manifestadas en el documento publicado por El Confidencial, al ser coincidentes en su fecha e importe".

Según PwC, las ocho facturas seleccionadas no están asociadas a ningún pedido y "habrían sido tramitadas por don Antonio Asenjo [en aquel momento, director de Seguridad Corporativa], que las firmó en calidad de solicitante autorizado". Asimismo, en las ocho facturas figura una segunda firma de un 'controller' (tal y como exige la normativa interna a este respecto), en cinco de ellas la de José Antonio del Olmo (en aquel momento, director de Control de Funciones Corporativas), denunciante de la presunta ilegalidad, y en los tres restantes la de don Pablo Insunza (actual director de Administración).