CASO VILLAREJO

Iberdrola: un informe interno acusa a Galán de ordenar espionajes y usar facturas falsas

Una investigación de la empresa apunta a la cúpula directiva actual como responsable de la contratación de la empresa del comisario para "trabajos de vigilancia especial" a políticos

Foto: Imagen: Enrique Villarino.
Imagen: Enrique Villarino.
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La contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a políticos que entorpecían los negocios de Iberdrola se ordenó desde la actual cúpula de la empresa, según se desprende de un documento interno descubierto por la compañía eléctrica española y al que ha tenido acceso El Confidencial.

Según un acta fechada el 1 de diciembre de 2004, la Dirección de Control de Funciones Corporativas abrió un expediente sobre “ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa”. En el documento se describe la llamada ‘operación Arrow’ para eliminar la oposición municipal para la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz) por 900 millones de euros. Un trabajo de vigilancia que habría sido ordenado directamente por Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, y que sería conocido por varios altos directivos, como Francisco Martínez Córcoles, el actual número dos de la energética.

Este documento describe los hechos que empiezan el 27 de mayo, cuando Antonio Asenjo, director del área de Seguridad y la persona que aparece en las grabaciones de Villarejo, pide hablar “urgentemente” con la Dirección de Control de Funciones Corporativas para arreglar “un asunto que no puede solucionar”. Tras intentar buscar un día para ese encuentro, acuerdan verse el 31 de mayo a primera hora en las oficinas de Madrid.

Ese día, Asenjo asegura que “Iberdrola [Ignacio S. Galán] le ha ordenado realizar unos trabajos de vigilancia especiales relacionados con la unidad de Generación”, división de la que dependía el proyecto de Arcos de la Frontera, que la compañía intentó poner en marcha desde 2000. La central había sido paralizada por el Gobierno local y el Ejecutivo andaluz, ambos del PSOE, así como por numerosas organizaciones ecologistas agrupadas en torno a la plataforma No a las Térmicas. Todos denunciaban los efectos nocivos de sus gases en la población y su emplazamiento entre dos zonas protegidas de esta localidad gaditana.

Al ser cuestionada por este documento, Iberdrola asegura no tener constancia de "la existencia de este expediente, porque nunca llegó ni al departamento de Cumplimiento, ni al de Auditoría ni al de Control", por lo que considera que esto "invalida también el contenido del mismo".

Facturas de Casesa

El jefe de Seguridad explica en esa reunión que “los trabajos se van a realizar a través de Casesa [Castellana de Seguridad], proveedor de Iberdrola”. Pero, en un encuentro posterior, celebrado el 31 de mayo, Asenjo avisa de que estas facturas a Casesa se tramitan para ocultar la identidad del destinatario final del dinero. “No son por servicios prestados por esta sociedad, sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente”, explicita el documento.

El directivo, despedido por la compañía tras la publicación de las primeras grabaciones con Villarejo, afirma que “hay un presupuesto aprobado para estos trabajos [Proyecto Arrow], con un pago inicial de 210.000 euros y uno posterior de 100.000 euros o más”.

Según el relato de los hechos del documento, cuando se celebra esa reunión entre la Dirección de Control de Funciones y Asenjo, “los trabajos ya han comenzado” y este último entrega la primera remesa de facturas por un importe de 210.000 euros. Este pago fue comunicado inmediatamente a Pablo Insunza, actual directivo del área de Administración y Control de Iberdrola, para que contabilizase dicho adeudo al Departamento de Seguridad. Posteriormente, el 16 de julio y el 15 de septiembre, Asenjo le transmite que tiene un par de facturas más por 71.500 y 70.000 euros, respectivamente, por lo que los trabajos se habían encarecido en 41.500 euros sobre el presupuesto inicial.

Este medio ha tenido acceso a facturas abonadas en esas fechas a Casesa por conceptos como “la revisión de ambientes, líneas telefónicas y RAC para análisis, evolución y anulación de posibles sistemas de emisión-recepción de acuerdo a su petición en los centros de trabajos EIMA [sede central en Madrid], Melancólicos, Gardoqui (sede oficial en Bilbao), Larraquitu, Bruselas y Suiza”, entre otras oficinas. Otras se justifican por “servicio de asesoramiento estratégico para la seguridad de sus instalaciones en Bolivia, Chile, México y Guatemala”. Los importes coinciden con los referidos en el documento.

Trabajo confidencial

Según el expediente, Asenjo añade en esa conversación que “Iberdrola no quiere que se identifique a Generación con dichos trabajos”. El jefe de Seguridad enfatiza que “el trabajo a realizar es conocido únicamente por I. S. Galán, F. Mtz. Córcoles, Fernando Becker” y el propio director de Seguridad, y que “es totalmente confidencial”. En ese momento, Galán era consejero delegado de Iberdrola, Martínez Córcoles era el director general de Generación y Becker, actual consejero de El Corte Inglés, responsable de Servicios Generales, del que dependía Seguridad.

Esta revelación fue transmitida a José Luis San Pedro, en ese momento director general de Control, Regulación y Servicios, un hombre de toda la vida de Iberdrola que en 2011 fue ascendido a consejero director general o número dos del grupo, hasta su salida en 2014. San Pedro fue consejero de la matriz y de las filiales de Generación, de Ingeniería y Construcción (Iberinco) y de la británica Scottish Power. Se desconoce qué hizo San Pedro con este expediente, pero lo cierto es que la compañía siguió contratando los servicios de Villarejo durante años, hasta 2017.

Galán renovó el pasado mes de abril como presidente de Iberdrola por los tres próximos años, mientras que Córcoles, que fue designado consejero ejecutivo en 2017, es el actual número dos de la eléctrica. La edil de Urbanismo que se oponía a la planta de Arcos de la Frontera fue destituida, mientras que el documento hace alusión a que el dinero ha sido utilizado para que otros políticos actuaran "a favor de Iberdrola".

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