POR PRESUNTAS COACCIONES AL TESTIGO CLAVE

El juez llama a declarar a la ex mano derecha de Galán tras oír nuevas grabaciones

José Luis San Pedro, el que fuera mano derecha de Galán, tendrá que acudir a la Audiencia Nacional la última semana de julio por presuntas coacciones al testigo clave del caso

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)
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La Audiencia Nacional va a prorrogar el secreto del sumario de la pieza 17 del caso Tándem que investiga las relaciones del comisario de Policía José Manuel Villarejo con Iberdrola. Manuel García-Castellón, juez que dirige las pesquisas, ha optado por esta medida para continuar con los interrogatorios para averiguar los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y relevación de secretos. Los próximos tendrán lugar durante las dos próximas semanas y entre ellos destaca el de José Luis San Pedro, ex número dos de Iberdrola y mano derecha de Ignacio Sánchez Galán hasta 2015.

San Pedro ha sido citado a declarar en condición de investigado o imputado por haber ejercido presuntas coacciones a José Antonio del Olmo, el exdirectivo de Iberdrola que denunció las supuestas operaciones ilegales de la eléctrica con el comisario. Como publicó El Confidencial el 18 de diciembre de 2019, San Pedro y Juan Carlos Rebollo, director de Administración y Control, se reunieron con Del Olmo un día después de que este medio desvelase (el 3 y 4 de diciembre) un informe interno redactado por este empleado ya jubilado, en el que se enumeraban las ocho facturas falsas por las que se habrían pagado los trabajos a Villarejo a más de 350.000 euros.

Los dos directivos trataron de convencer a Del Olmo de que se retractase del documento, firmado en primera persona, desmintiese su veracidad y negara hasta la existencia del mismo, pese a que el informe había sido depositado ante notario en su día. Pero Del Olmo, lejos de echarse atrás, confirmó cada uno de los puntos del informe en la Audiencia Nacional, cuando fue llamado a declarar en calidad de testigo. En este escrito, aseguraba que Ignacio Sánchez Galán, Fernando Becker (ahora consejero de El Corte Inglés), Francisco Martínez Córcoles (actual número dos) y Antonio Asenjo, entonces jefe de Seguridad, estaban al tanto de unos trabajos con los que se pretendía “pillar” a varios políticos. El objetivo: obtener un permiso para una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz) de más de 300 millones de euros.

Ahora, García-Castellón quiere conocer la versión de San Pedro, que se jubiló de Iberdrola en 2016 con cerca de seis millones de compensación económica; de Juan Carlos Rebollo, jefe de Administración y Control, ahora de baja médica, y de Pablo Insunza, director del Departamento de Administración, que es uno de los que cita Del Olmo en el documento como conocedor de las facturas falsas. Según han confesado a su círculo más próximo, los tres niegan que coaccionaran a su excompañero, pero admiten que pudieron decirle algo que, sacado de contexto, pudiera interpretarse como una presión desmedida.

Fuentes sostienen que la Policía tiene grabaciones de supuestas llamadas recibidas por Del Olmo en las que le invitan a retractarse a cambio de dinero

Otras fuentes sostienen que la Policía tiene grabaciones de supuestas llamadas recibidas por Del Olmo a través de las cuales le invitaron a retractarse a cambio de recibir distintas compensaciones económicas. Sobre todo teniendo en cuenta que su hija trabaja en Iberdrola, lo que podía condicionar la posición del autor del informe. De hecho, la Policía ha estado en contacto permanente con Del Olmo para garantizar su seguridad y que fuese a declarar ante el juez —lo ha hecho en al menos tres ocasiones— con total tranquilidad.

Querellas sin resolver

Iberdrola, con la cotización cerca de sus máximos históricos, ha negado cualquier irregularidad en los contratos con Villarejo, al que contrató en varias ocasiones entre 2004 y 2017. La compañía admite que tuvo al comisario a su servicio, pero en ningún caso que espiase a directivos o competidores, como Florentino Pérez, presidente de ACS, o Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, que también ha ido a declarar sobre el caso.

La compañía se ha querellado contra Del Olmo por un delito de falsedad, al considerar que, tras una investigación interna llevada a cabo por la Unidad de Cumplimiento, el documento no ha sido localizado en los archivos de la compañía. Además, ha criticado a su autor por "no haber colaborado en ningún momento en el esclarecimiento de los hechos a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para ello". La eléctrica agrega que dicho informe incluye un dictamen pericial que ha detectado aparentes incongruencias en sus páginas, no descartándose que haya podido ser objeto de algún tipo de composición.

Una medida que ya había tomado Pablo Insunza, que se querelló previamente contra Del Olmo por injurias y calumnias. Unas denuncias que se presentaron en los juzgados de Bilbao, pero que han sido agrupadas en la Audiencia Nacional. Los tres próximos directivos en declarar están siendo defendidos por Jesús Urraza, un conocido penalista del País Vasco, instalado en Madrid.

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