España pierde otro arbitraje renovable: las condenas pasan de 400 M... y subiendo

España ya lleva casi un set en contra en los arbitrajes de las renovables. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha condenado al país a indemnizar con 45,5 millones a tres empresas fotovoltaicas, Foresight, Greentech Energy y GWM Renewable Energy, por los recortes de las renovables. Es el quinto laudo contra España y las indemnizaciones llegan ya a 403 millones, a los que hay que sumar costas e intereses y la cascada de laudos que falta por salir. De momento, España no está pagando, pero hay más de 7.000 millones en reclamaciones y fondos dispuestos a embargar bienes de España en el exterior.

Foresight, un fondo con sede en Luxemburgo, la compañía danesa Greentech Energy y la italiana GWM, en la que participa Pirelli, se aliaron para reclamar contra España por los recortes a las primas de las renovables. Habían invertido en fotovoltaica en los años del 'boom' y acudieron a la Cámara de Comercio de Estocolmo a denunciar que España había incumplido el Tratado de la Energía, un acuerdo internacional que garantiza las inversiones en esta materia. Una de las afectadasa, Greentech, sebró cierta confusión al anunciar la semana pasada este laudo pero con una indemnización de 11 millones bajo su marca comercial, Athena. Pero la factura es mayor.

Presentaron el arbitraje en noviembre de 2015 y el pasado 18 de noviembre llegó el laudo, de 157 páginas, que les da la razón en parte y ordena a España a indemnizarlas con 39 millones por el recorte de primas más 6,5 millones de euros en costas y daños. En total, 45,5 millones. El laudo considera que los recortes del Gobierno del PP incumplieron ese tratado.

Las empresas han estado defendidas por los despachos Gómez Acebo & Pombo y King & Spalding. El despacho español ha destacado en una nota que España vulneró las legítimas expectativas de los demandantes al adquirir en 2009 plantas fotovoltaicas de La Castilleja, Madridejos y Fotocampillos. Estas se fundaron, en primer lugar, “en la literalidad del RD 661/2007, que establece tarifas fijas durante toda la vida útil de la instalación fotovoltaica”, reforzada, entre otras cosas, “por las declaraciones de las autoridades españolas subrayando la estabilidad del régimen remuneratorio de las instalaciones fotovoltaicas registradas bajo el RD 661/2007 y promocionando la posibilidad de rentabilidades para los inversores muy por encima del 7%”, según recoge el laudo. Para atraer inversión, España realizó numerosos “roadshows para inversores en todo el mundo, en los que sus representantes promocionaron la estabilidad y potencial rentabilidad del RD 661/2007”, siempre según la decisión de los trres árbitros.

TE PUEDE INTERESAR

Los dos abogados del Estado clave en los arbitrajes renovables se pasan a la privada

Rafael Méndez

El laudo de estas tres empresas se suma a los de Eiser (128 millones), Antin (112 millones), Masdar (64,5 millones) y Novaenergía (53 millones). Los cinco suman 403 millones más un goteo de costas e intereses que siguen corriendo y que nutren un lucrativo negocio de abogados, árbitros y peritos internacionales.

España, de momento, no está pagando. Ha impugnado los laudos alegando que el tribunal de la UE ha declarado nulos los arbitrajes dentro de la UE y los fondos que reclaman suelen tener sede en Luxemburgo y Holanda para pagar menos impuestos. La Justicia sueca ya ha suspendido cautelarmente la ejecución del laudo de Novaenergía porque lo dictó la Cámara de Comercio de Estocolmo y sus tribunales se someten al derecho europeo.

Pero la mayoría de los fondos han recurrido al Ciadi del Banco Mundial, con sede en Washington, y la posibilidad de que la Justicia de EEUU se aparte por el tribunal de la UE es menor. Los fondos allí rastrean bienes de España para embargarlos, como ya le pasó a Argentina.

TE PUEDE INTERESAR

La UE irrumpe en el arbitraje clave para apoyar a España frente a fondos renovables

Rafael Méndez

El sistema de arbitrajes, al contrario que el de la justicia tradicional, no genera jurisprudencia. Pero la suma de laudos va inclinando la balanza hacia el lado de los fondos. Los arbitrajes no les dan todo lo que piden, pero sí empieza a consolidarse internacionalmente la idea de que algunos de los recortes vulneraron el Tratado de la Energía.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha explorado la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, pero la situación es endiablada. Ni la situación política es propicia ni la legal. Los inversores españoles exigirían compensaciones similares. Estos no han acudido a arbitrajes internacionales sino a la Justicia española, que ha validado los recortes. Emprender una operación financiera para cargar al recibo de la luz esa factura milmillonaria durante décadas es una maniobra de alto voltaje.

Fe de errores: En una primera versión se indicaba que este era el sexto laudo contra España. En realidad es el quinto. La confusión viene porque una de las firmas anunció parcialmente la decisión la semana pasada bajo otra marca.