diferencias con el TRANSICIÓN ECOlÓGICA

Los dos abogados del Estado clave en los arbitrajes renovables se pasan a la privada

El hasta ahora jefe de los arbitrajes y el jefe de Energía van a bufetes del sector. Santacruz y Mourenza difieren del Gobierno sobre cómo abordar los 7.500 millones que reclaman los fondos

Foto: Los fondos de renovables reclaman 7.500 millones a España. (EFE)
Los fondos de renovables reclaman 7.500 millones a España. (EFE)

Los dos abogados del Estado clave en los arbitrajes en que los fondos de inversión reclaman 7.500 millones contra España por los recortes renovables se han pasado a la privada. José Ramón Mourenza, hasta ahora jefe de Energía, ha fichado por Herbert Smith Freehills, el bufete que también ha incorporado como asesor a Rafael Catalá. Además, Diego Santacruz, jefe de la división creada para los arbitrajes, se marcha a la privada, a un despacho que también ha colaborado con Herbert, según fuentes del sector. El Ministerio de Transición Ecológica tenía visiones distintas sobre cómo gestionar unas reclamaciones que amenazan incluso los bienes de España en el exterior. Su marcha aviva el debate sobre a puerta giratoria de altos funcionarios.

José Ramón Murenza ha fichado por Herbert Smith, como adelantó 'Lainformación', donde se ocupará del departamento de Energía. Herbert Smith fue el primer bufete que contrató el Gobierno cuando empezaron a llegar reclamaciones internacionales contra España. El pliego lo redactó el equipo de Miguel Sebastián, del Gobierno del PSOE, y se firmó con el PP. Como la Abogacía del Estado no tenía experiencia en arbitrajes internacionales, la idea era buscar un despacho internacional que lo hiciera. Herbert Smith tiene a un abogado del Estado en excedencia como Eduardo Soler y ahora ha fichado al exministro de Justicia Rafael Catalá como asesor. También ha incorporado a Leopoldo González Echenique, abogado del Estado y expresidente de RTVE.

Herbert, que defiende a España de la mayor reclamación, 1.900 millones de inversores fotovoltaicos, ficha al jefe de la abogacía en Energía

Herbert defiende a España en el mayor de los 40 arbitrajes que tiene aún planteados el país, el de PV Investors, que reclama 1.900 millones. Fue prorrogado en enero de 2018 durante 27 meses por 978.000 euros más. Los abogados del Estado en excedencia son mayoría entre los despachos que litigan contra España. Mourenza se incorpora a un bufete que defiende a España pero cuyo contrato no fue firmado por el actual Ministerio de Transición Ecológica. Pese al negocio que suponga para Herbert Smith el contrato con el Estado, ha perdido oportunidades por no poder representar a los demandantes.

José Ramón Mourenza.
José Ramón Mourenza.

En 2011, cuando el PP llegó al Gobierno, dejó de contratar despachos y formó un equipo de abogados del Estado en Canadá, el único país que se defendía con su propio servicio jurídico en estos arbitrajes. Ese equipo estaba dirigido por Diego Santacruz como abogado del Estado. Además, tenía inspectores de Hacienda para los peritajes dirigidos por Antolín Fernández, que también dejó el equipo recientemente para volver a la delegación de grandes contribuyentes de la inspección de Hacienda. La relación entre ellos no era la mejor, aunque oficialmente siempre han mantenido que la coordinación era total. Santacruz ya ha comunicado que pedirá una excedencia y se ha despedido. Fuentes del sector explican que se va a un despacho pequeño pero que en el pasado ha colaborado con Herbert Smith.

"A nadie le gusta perder y además es muy duro estar todo el día viajando. Además están muy codiciados en la privada. Muchos se van", cuenta una fuente del sector. A eso hay que sumar que la relación entre el equipo de la Abogacía y el nuevo equipo de Transición Ecológica ha sido tensa. Hay diferentes visiones sobre cómo afrontar los arbitrajes. Como adelantó este diario, el Gobierno busca formas de alcanzar un pacto con los fondos de inversión y pagar una parte de la millonaria factura antes de que alguno de estos fondos logre embargar bienes de España en el extranjero.

España ha perdido cuatro arbitrajes en el Ciadi del Banco Mundial que le han impuesto la obligación de pagar 357 millones, y hay pendiente una cascada. Los fondos han abierto tres pleitos en juzgados de EEUU para ejecutar estos laudos y pedirán embargar bienes de España en el extranjero. Pero los abogados del Estado defendían que había que mantener la litigiosidad. Además, ha habido fricciones sobre la derogación del impuesto al sol y las reformas energéticas emprendidas por Ribera, a las que el equipo técnico ponía trabas. La salida de estos llega después de que dejara el cargo Santiago Caravantes como director general de Energía Eléctrica.

La salida de estos dos relevantes abogados del Estado alimenta la polémica sobre la puerta giratoria de los altos funcionarios. El PSOE planteó endurecer este camino pero al final nunca creó la comisión de modernización de la Administración que iba a presidir Jordi Sevilla y que anunció la ministra de Función Pública, Meritxell Batet. Los abogados del Estado están en la cocina de todas las leyes y no tienen la incompatibilidad de los altos cargos. Jorge Morales de Labra, consultor de renovables, critica esta "puerta giratoria silenciosa y mejor vista". "Los abogados del Estado conocen las grietas de la ley. Estoy convencido de que las eléctricas se van a rifar estos despachos ahora", añade. El sector privado multiplica los sueldos que los abogados del Estado tienen en el sector público, especialmente en los sectores regulados. Nadie duda de su competencia jurídica, a la que se añade el conocimiento de los ministerios y de cómo se han hecho las leyes y sus fallas.

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