El Gobierno busca cómo zanjar los arbitrajes renovables que piden 7.500 millones

El Ministerio de Transición Ecológica está buscando fórmulas para solventar el problema de los más de 40 arbitrajes contra España que hay planteados en el Ciadi del Banco Mundial por los que fondos de inversión reclaman 7.500 millones a España por el recorte en renovables. El Ejecutivo considera que no es una opción seguir recibiendo laudos contrarios —se espera una cascada— y aguardar a que algún día un juez de EEUU ordene el embargo de bienes españoles, como ya le ocurrió a Argentina. El problema es tremendamente complejo, pero, según fuentes del Ejecutivo, es una factura que hay que pagar. Y no puede salir de los Presupuestos.

Los sucesivos recortes a las renovables —primero con bisturí y después con hacha— han generado a España mala fama internacional. Los inversores españoles reclamaron su dinero en los tribunales españoles, donde perdieron. Pero los internacionales, fondos de inversión con sede generalmente en Luxemburgo y Holanda, plantearon arbitrajes contra España alegando que había incumplido la Carta de la Energía, un tratado internacional que garantiza las inversiones.

La compensación a los inversores internacionales tendría que ir acompañada de una a los nacionales

España afronta reclamaciones por más de 7.500 millones, la mayoría en el Ciadi, la Cámara de Arbitrajes del Banco Mundial, con sede en Washington. Ya ha habido cuatro laudos contra España en los que le han impuesto la obligación de pagar 357 millones y se espera una cascada. La opción del Gobierno del PP fue la de buscar respaldo en la Justicia europea. El tribunal de la UE ha dictaminado que estos arbitrajes no son válidos cuando se disputan dentro de la UE, como sería el caso, por lo que cree que los inversores debieron acudir a la Justicia europea. Además, el Gobierno de Rajoy denunció las primas a las renovables como si fueran ayudas de Estado, con lo cual no es fácil pagar. La decisión fue alargarlo lo más posible. Pero ahora vuelve el bumerán directo al corazón del Ejecutivo.

Los fondos que han ganado —uno de ellos es el fondo soberano de Abu Dabi, con grandes intereses en España— han abierto pleitos en Estados Unidos para ejecutar los laudos. El 19 de julio pasado, el fondo Eiser lo planteó en un tribunal de Washington, el 27 de julio lo hizo otro fondo de Luxemburgo y el 28 de septiembre lo abrió el fondo Masdar, el de Abu Dabi. Los fondos quieren que los jueces obliguen a España a pagar y, llegado el caso, le embarguen propiedades. De hecho, han rastreado bienes de España en el exterior y han localizado unos 3.000 millones en activos solo en EEUU.

A menudo, los inversores han vendido su pleito a fondos buitre que no se paran ante nada a la hora de cobrar. La preocupación en el Ejecutivo español es máxima. No solo por la mala imagen que da España ante los inversores internacionales, acumulando denuncias en el Ciadi como un país sin seguridad jurídica, sino porque los laudos que ha habido hasta el momento siguen razonamientos parecidos y nada indica que vayan a cambiar radicalmente en los que faltan.

Así que España se enfrenta a una mala imagen internacional sin precedentes —a la vez que pide que vuelvan los inversores en energía limpia— y se arriesga a que un día un juez ordene el embargo de bienes en el exterior del tipo del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano'. El escenario de pesadilla tiene precedentes. Argentina ya vio bienes suyos en el extranjero embargados cuando se negó a pagar laudos del Ciadi. En el sector se cuenta cómo el presidente tenía que viajar a EEUU en un vuelo regular para evitar que la Justicia de EEUU embargase el avión presidencial. En 2012, un juzgado de Ghana requisó el buque escuela de la marina argentina, la fragata 'Libertad', a petición de un fondo de inversión por un arbitraje internacional.

Argentina vio su buque escuela requisado por arbitrajes y su presidente llegó a viajar en vuelo regular para evitar el embargo del avión oficial

La decisión es que hay que buscar una fórmula, por complicada que sea, que ponga fin a una pesadilla jurídica y diplomática que además está triturando España a base de costas, intereses y minutas de abogados. "Así no podemos seguir", resumen fuentes del Ejecutivo. En los fondos hay quien planteó buscar un término medio en las reclamaciones, dado lo que los laudos están dando y lo que no. Obviamente, eso no se podría pagar con los Presupuestos Generales del Estado, sino en la factura de la luz, quizás emitiendo bonos y devolviéndola durante lustros —no sería la primera vez que la tarifa eléctrica incluye operaciones de ingeniería financiera—. La operación es muy complicada y abre la puerta a reclamaciones de los inversores españoles. Por eso, la solución tendría que incluir alguna compensación a los inversores españoles que también se vieron afectados por los recortes.