Gobierno y fondos de renovables se plantean un pacto que retire arbitrajes contra España

Fondos de inversión con arbitrajes planteados en el Ciadi del Banco Mundial contra los recortes a las renovables creen que es hora de sentarse a negociar. Fuentes del mercado explican que con los cuatro laudos que hay contra España ya se puede estimar qué parte de las reclamaciones prosperarán y cuáles no y que eso les permitiría explorar un acuerdo junto al Gobierno de Pedro Sánchez que sería muy bien recibido en los mercados internacionales. Aunque oficialmente el Gobierno guarda silencio, fuentes próximas a los arbitrajes consideran que el Ejecutivo vería con buenos ojos una salida a un asunto que afecta a la imagen de España en el mercado de inversión. La alternativa es defender hasta el final la reforma de Soria de 2014, la que más varapalos se ha llevado del Ciadi, y que difícilmente ya se ve rescatable.

España afronta reclamaciones en el Ciadi de inversores internacionales que suman 8.200 millones. De momento, ha tenido cuatro laudos en contra que suman indemnizaciones por 357 millones. España ganó los dos primeros a Isolux, pero los inversores señalan que eran casos singulares, no extrapolables. La cuantía fijada de momento para resarcir a los cuatro fondos de inversión está lejos de las aspiraciones de España, que ha defendido su derecho a modificar las primas a las renovables, pero también de lo que reclamaban los inversores, porque los árbitros no están aceptando todas sus demandas.

Los cuatro arbitrajes contra España suman ya 357 millones en indemnizaciones y faltan casi 40 laudos

"En los laudos se ve una línea ya: hay cosas que los árbitros están aceptando y otras que no. Va a ser muy difícil que los próximos se salgan de esa línea", opina un inversor que tiene planteado un arbitraje contra España. Resumiendo, los árbitros están aceptando los recortes que el Gobierno del PSOE empezó a imponer en 2011 (limitación de horas, vida de la planta a 25 años y no a 40, restricciones al uso del gas en termosolares) y también avalan el impuesto del 7% a la generación eléctrica que puso el Gobierno del PP. Otros recortes de primas, como los aprobados en 2014, están siendo anulados al considerar que vulneran la "confianza legítima del inversor" prevista en el Tratado de la Energía.

Ese acuerdo internacional, de principios de los 90, obliga a los firmantes a dar seguridad jurídica a los inversores internacionales en materia de energía. En su artículo 10, las partes del tratado se comprometen a "fomentar y crear condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento a las inversiones de los inversores de otras Partes Contratantes un trato justo y equitativo. Estas inversiones gozarán asimismo de una protección y seguridad completas y ninguna parte contratante perjudicará en modo alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas".

La idea sería emitir bonos con cargo a la tarifa eléctrica para afrontar el roto de la reforma de 2014

Las fuentes del sector consultadas creen que con el nuevo Gobierno hay una opción para sentarse y buscar un acuerdo. Los arbitrajes fríen a costas e intereses a todas las partes. "Cada arbitraje nos cuesta un millón al año y luego imponen unos intereses que no benefician a nadie", opina este inversor. La idea que empieza a calar en el mercado es que si el Gobierno quiere es el momento de sentarse y buscar un acuerdo con los inversores. Otras fuentes señalan que el Ejecutivo ve lógico este acercamiento, aunque es muy pronto para prever la evolución del asunto.

Los más de 40 arbitrajes planteados contra España en el Ciadi le convierten, sobre el papel, en el país más señalado en este foro internacional. Además, de momento España sigue dando la batalla y se niega a pagar. Alega que la justicia europea ha impedido estos arbitrajes entre partes de Estados de la UE, y los inversores que han demandado son fondos con sede en Luxemburgo y Holanda, por su baja fiscalidad. Pero eso no implica que los fondos renuncien a cobrar. Hay quien ya rastrea bienes de España en el exterior para pedir su embargo llegado el momento. Mientras tanto, van corriendo los intereses que impone el Ciadi. "España se puede ver en un proceso embarazoso de embargos", consideran en el mercado.

La idea que ya manejan no es que España pague de golpe con cargo a presupuestos, sino que pueda emitir bonos con cargo a la tarifa eléctrica, como ya se hizo durante años para paliar el creciente agujero que dejaba el déficit de tarifa. El Ministerio de Transición Ecológica no ha contestado a la consulta de este diario sobre el tema, pero fuentes del sector señalan que la idea no ha sido mal acogida.

De llegar a un acuerdo, el Gobierno de Pedro Sánchez podría apuntarse el tanto de ver retirados los arbitrajes contra España y solucionaría el problema creado principalmente por la reforma del PP. Por otra parte, los inversores nacionales, que no pueden acudir a estos abitrajes y que han perdido en la justicia española sus recursos, podrían sentirse discriminados. El acuerdo, obviamente, no sería sencillo. Hay fondos buitre que han comprado estos arbitrajes con la esperanza de cobrar lo máximo posible y cuanto más pasen de manos estos laudos más difícil será poner a todo el mundo de acuerdo.

Los acuerdos en esta materia no son extraordinarios. En 2014, Repsol retiró el arbitraje que tenía planteado en el Ciadi contra Argentina por la expropiación de YPF y lo hizo tras llegar a un acuerdo con el nuevo Ejecutivo en Buenos Aires. "En realidad es bastante obvio. Falta que haya voluntad política"; señala un inversor con intereses en renovables en España.