Sumar pide a Hacienda un impuesto sobre las herencias que anule la bonificación de las CCAA del PP

El Ministerio de Hacienda ya ha contactado con los partidos políticos para la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) del año 2024, que serían los primeros de la legislatura. El margen fiscal con el que cuenta el Gobierno es escaso, por la vuelta de las reglas fiscales y la necesidad de recortar el déficit en casi un punto del PIB, hasta el 3%. Para ganar margen de gasto, Sumar ha propuesto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la creación de dos nuevas figuras tributarias: un impuesto nacional a las herencias y donaciones, para armonizar la carga fiscal entre todas las regiones, y un "impuesto inteligente" a las empresas de la cadena agroalimentaria que hayan aprovechado la crisis inflacionista para elevar sus márgenes de beneficio.

El portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, Carlos Martín, planteó a la vicepresidenta Montero estas dos nuevas figuras fiscales con el objetivo de avanzar hacia un sistema tributario "suficiente, justo y progresivo". La intención de la formación es negociar ambos tributos en paralelo a los PGE, aunque la ley de presupuestos no pueda incorporar la creación de nuevos impuestos.

En el caso del "impuesto a la solidaridad sobre las herencias y las donaciones", su filosofía es similar al impuesto sobre grandes fortunas que aprobó el Gobierno en el año 2022: crear un tributo estatal que permita armonizar el pago del impuesto en todas las CCAA evitando las bonificaciones que aplican algunas comunidades. Este objetivo se extiende a las sucesiones y donaciones, que tienen bonificadas algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid. El objetivo es "avanzar para evitar el dumping fiscal entre CCAA, siguiendo con el buen ejemplo del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas", explica Martín a El Confidencial.

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Se trata de una armonización del impuesto sin la necesidad de contar con la participación de las comunidades autónomas. Bastaría con que el Estado establezca una tributación común para todo el territorio en la que los ciudadanos afectados puedan descontarse el impuesto ya pagado a nivel autonómico. De esta forma, los residentes de comunidades que tengan bonificado el impuesto tendrían que pagarlo a nivel estatal. Por el contrario, si ya han pagado una cuota igual o superior en el impuesto autonómico, no tendrían que pagar a nivel nacional. De esta forma, se evitaría la doble imposición que tumbarían los tribunales.

El diseño de la propuesta aún no está cerrado, pero el objetivo es que exista un mínimo de tributación sobre las herencias y las donaciones de las grandes fortunas en todo el territorio nacional. El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre esta propuesta, pero en el pasado el presidente Pedro Sánchez ya planteó la necesidad de avanzar hacia la armonización del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En el año 2019, antes del inicio de la pandemia, el presidente afirmó que "los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios. Se va a armonizar [este impuesto] para los grandes patrimonios, no para la clase media".

En ese momento, las críticas del Gobierno se centraban sobre "el dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, tras las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, el grueso del poder territorial ha pasado a manos del PP, que ha extendido las bonificaciones a todo el país. Esto significa que la creación de un impuesto a nivel nacional tendría ahora mayor impacto recaudatorio, revirtiendo la bonificación del tributo impulsado desde estas comunidades autónomas.

"Los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por sucesiones"

El comité de expertos para la reforma fiscal nombrado en la anterior legislatura ya advirtió de que la cesión a las CCAA de los impuestos sobre el patrimonio, las sucesiones y las donaciones no era la mejor idea. "No son las figuras impositivas más adecuadas para su descentralización", señalaron los expertos, ya que "recaen sobre bases móviles" que pueden cambiar de territorio buscando la menor carga fiscal. Esto genera incentivos a una carrera entre territorios para bajar su tipo efectivo, lo que "puede provocar su reducción a la mínima expresión y, en el caso más extremo, su total desaparición, como consecuencia de la competencia fiscal entre territorios".

Impuesto a la inflación de los alimentos

La otra gran propuesta fiscal de Sumar consiste en un gravamen sobre las empresas agroalimentarias que han aprovechado la crisis inflacionista para elevar sus márgenes de beneficio. La formación se apoya en los datos del Banco de España y la Agencia Tributaria, que muestran que una parte de la cadena de producción y distribución de alimentos ha aumentado notablemente el porcentaje de su facturación, que se queda como beneficio, lo que estaría explicando la persistencia de la subida de precios.

El aumento de los márgenes se observa, de forma agregada, en las explotaciones de agricultura y ganadería, los distribuidores mayoristas de materias primas agrarias y una parte de la distribución. "Sobre todo, son los mayoristas los que están elevando los márgenes por encima de los niveles que había antes de la pandemia", señaló el portavoz económico de Sumar. Estos beneficios ya tributan en el impuesto sobre sociedades, pero Sumar plantea una figura adicional que sea similar a los impuestos para los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas (técnicamente, sería una prestación patrimonial no tributaria para evitar las dudas sobre doble imposición).

El partido propone un tributo que gravaría únicamente a las empresas de la cadena alimentaria que hayan elevado sus márgenes de beneficio. El tributo tendría dos tipos impositivos diferentes, uno del 0,6% para las empresas que tengan en 2024 un margen de beneficio superior al de 2023 y otro agravado, del 1,2%, para las empresas que en 2023 ya tuviesen un margen superior al de 2022 y que lo sigan aumentando en 2024. Por el contrario, las empresas que mantengan el mismo margen que en 2019 o sea inferior no pagarían el impuesto.

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Para Sumar, este impuesto es "inteligente, porque castiga los comportamientos abusivos de las empresas de manera gradual y se anula cuando el mercado funciona de manera competitiva". La base imponible del impuesto, y este es un matiz importante, no es el beneficio extraordinario conseguido por el aumento de los márgenes, sino el importe neto de la cifra de negocios. Esto es, el mismo mecanismo que los impuestos sobre la banca y las energéticas aprobados en 2022.

Además de estas dos nuevas figuras, Sumar propone subir el IRPF para las rentas del capital y así avanzar hacia la equiparación con el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo. Esta medida daría continuidad a la aprobada en los presupuestos del año 2023 que subió el gravamen a quienes ingresen más de 200.000 euros anuales con beneficios del ahorro.

Sumar también plantea en la negociación modificar algunos bienes y servicios en el IVA. En primer lugar, pide subir el IVA a la educación universitaria privada eliminando la exención de tributación que tiene actualmente. Y segundo, propone rebajar el IVA a las peluquerías, a los veterinarios y bajar al tipo superreducido el IVA de los pañales y los alimentos sin gluten.