Hacienda estrecha el cerco a los cambios de residencia y las sociedades pantalla

Hacienda ha puesto el foco en los últimos años en la tributación de los grandes patrimonios y de las empresas. Y, especialmente, cuando se cruzan persona física y jurídica, como con sociedades de empresarios individuales o profesionales. Así ha ocurrido en 2023, según fuentes jurídicas, y se espera que siga siendo así para 2024.

Los inspectores de Hacienda han puesto el foco en los grandes patrimonios que se mudaron en los últimos años fuera de España, pero, también, en los cambios internos entre comunidades autónomas. En algunos casos, cruzando datos o colaborando con los inspectores de las haciendas autonómicas.

Ya en ejercicios anteriores, la Inspección elevó la vigilancia de contribuyentes españoles que se mudaron a Portugal, aprovechando las ventajas fiscales de su régimen de impatriados, que se prevé que se aplique este año por última vez para los recién llegados. También ha seguido poniendo el foco en algunos casos de mudanzas a Andorra, con el caso famoso de los youtubers.

La novedad de 2023 ha sido la intensificación de la vigilancia de los cambios de residencia entre comunidades autónomas, algo relevante a nivel fiscal por la diferente tributación en los tipos marginales de IRPF o en los impuestos de sucesiones y donaciones o patrimonio, bonificado hasta ahora al 100% en Madrid, aunque se puso por encima el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas (IGF).

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En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023, se señaló desde Hacienda que "se atenderá a la simulación de la residencia fiscal de algunos contribuyentes por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación".

Abogados fiscalistas consultados coinciden en que los inspectores han cumplido con este objetivo, elevando el número de inspecciones y su agresividad. Se espera lo mismo para este año, en el plan que se presentará a finales de este mes o principios de febrero, aunque Madrid haya recuperado el impuesto sobre el patrimonio tras el pronunciamiento del Constitucional avalando el IGF.

"Lo que mira la Inspección es que la empresa tenga medios para operar, que no sea un autónomo que interpone una sociedad"

Precisamente, desde la Dirección General de Tributos de la Conserjería de Hacienda de Madrid no se han disipado dudas sobre cómo de agresivos serán los inspectores regionales al vigilar la tributación por patrimonio, algo que les corresponderá a ellos en vez de a la Inspección estatal de Hacienda.

Otro elemento en el que los fiscalistas encuentran que se está elevando el foco es en el uso de sociedades. El caso extremo es cuando un profesional crea una sociedad pantalla o instrumental para tributar por esta vía en vez de como persona física, pagando así menos impuestos.

El problema es que las sociedades pueden tener contenido —recursos y operativa— y sentido. El lado gris o subjetivo es amplio, y aquí es donde surge la conflictividad. "Lo que mira la Inspección es que la empresa tenga medios para operar, que no sea un autónomo que interpone una sociedad, y que la empresa aporte valor", señala Antonio Cendán, socio de Zadal.

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Además, en muchos casos los empresarios individuales montan sociedades limitadas o anónimas para limitar la responsabilidad personal. "Es economía de opción, es legítimo, si no hay simulación, que se elija por la que menos tributo, si estoy dentro de la ley", defiende Cendán. Sin embargo, la realidad es que hay muchos litigios por estas sociedades, según apuntan varios fiscalistas.

También hay un aumento sostenido de conflictividad por operaciones intragrupo, dado que Hacienda cuestiona la neutralidad fiscal de cambios societarios. Hacienda ya señaló en su plan anual que la comprobación del uso de sociedades por personas físicas se extenderá a "la posible aplicación indebida del régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores con ocasión de las aportaciones no dinerarias de participaciones que se hayan podido efectuar con un propósito exclusivo de elusión fiscal".

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Las operaciones societarias se producen para simplificar estructuras, dado que ya no está exenta la tributación de los dividendos en cascada (la deducción es del 95%), o para potenciales operaciones corporativas. La Inspección puede reclamar la tributación de las plusvalías generadas si se rechaza la neutralidad fiscal.

"La Inspección está realizando más actuaciones de comprobación de las operaciones de reestructuración acogidas al régimen especial de neutralidad fiscal de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores", señala Pablo Romá, socio de Romá Bohorques Tax & Legal.

En concreto, añade el experto, "en la mayoría de las veces que la Inspección regulariza, entiende que no ha habido motivos económicos para llevar a cabo estas operaciones de reestructuración. Asimismo, la Inspección está muy activa también en la regularización de operaciones entre partes vinculadas, así como en la comprobación de bases imponibles negativas declaradas por el obligado tributario en el impuesto sobre sociedades".