La banca esquiva sanciones por el impuesto: la CNMC valida que no lo pasa a clientes

La banca esquiva una seria amenaza del Gobierno. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez advirtió de posibles sanciones a las entidades financieras si trasladaban el coste del impuesto extraordinario a sus clientes. Y encargó su investigación a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ha concluido que los bancos se han ajustado a las normas, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

El análisis de la CNMC, que ha contado con ayuda del Banco de España, ha concluido recientemente, aunque todavía está pendiente de algunos trámites antes de ver la luz, según las mismas fuentes. Desde el organismo no quisieron hacer comentarios.

La CNMC recibió el encargo de vigilar a los bancos con el impuesto a finales del año pasado. La ley que aprobaba el tributo señalaba que "la nueva prestación [...] no puede trasladarse a los clientes, constituyendo infracción grave el incumplimiento de la prohibición". "Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el caso del sector energético, y, en el caso de las entidades de crédito, el control de la correcta aplicación de la prohibición de traslación, a la misma Comisión, con la colaboración del Banco de España", añadía.

Competencia se ha encontrado desde entonces con grandes dificultades en esta investigación, que ha tratado de sortear con el Banco de España. La principal es que ha tenido que analizar las prácticas bancarias con datos agregados, sin los datos granulares de las comisiones que las entidades cargan a sus clientes y lo que estos pagan por los depósitos, dos de las principales vías que los bancos podrían usar para repercutir el tributo.

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Los bancos se exponían a una multa de hasta el 150% del importe que hubieran repercutido a los clientes, en caso de que la CNMC hubiera encontrado incumplimientos por su parte. Por ello, Competencia reclamó nuevos medios y herramientas con los que realizar esta investigación, como publicó este medio.

Las entidades españolas pagaron 1.263 millones en su primer ejercicio por el nuevo impuesto extraordinario aprobado a finales del año pasado por el Gobierno. Esta factura se correspondió con los ingresos generados en España en 2022. El tributo también aplica a este año, cuya liquidación se llevará a cabo el próximo ejercicio. Junto a ello, el pacto de investidura del PSOE y Sumar contempla prorrogarlo.

Los bancos que más han pagado este año son CaixaBank (373 millones), Santander, (224 millones), BBVA (215 millones), Sabadell (157 millones), Bankinter (77 millones), Unicaja (64 millones), Kutxabank (47 millones), Abanca (39 millones) e Ibercaja (29 millones).

Las entidades se quejaron en todo momento que la obligación de no repercutir el impuesto contradecía algunas normas europeas. En concreto, una directriz dictada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) de junio de 2021: "Las entidades tendrán en cuenta, y reflejarán en los precios de sus préstamos, todos los costes pertinentes hasta la siguiente fecha de revisión del precio o vencimiento. Dichos costes incluirán (...) cualquier otro coste real asociado al préstamo en cuestión, incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda".

Fuentes próximas a la investigación de la CNMC, con ayuda del Banco de España, reconocen que los bancos tienen múltiples vías para repercutir costes a sus clientes, por lo que la labor de este análisis era muy complicada.

Nuevo encargo

Junto a ello, el organismo que preside Cani Fernández tiene el mandato de investigar por qué los bancos no remuneran más los depósitos. La presidenta ya señaló que "observamos falta de competencia", ya que "me cuesta trabajo pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes". "Es colusión tácita y es un agujero en nuestro sistema jurídico", añadió.

Aun así, tal y como le ocurrió con el traslado del impuesto, la CNMC se quejó de falta de medios para investigar estas prácticas, como sí tienen los organismos de la competencia en otros países.