La CNMC choca con un punto ciego para aclarar si la banca pasa el impuesto a clientes

Más difícil todavía. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) afronta un reto cada vez más complejo a la hora de investigar a los bancos por el reciente impuesto aprobado por el Gobierno. Así, la organización presidida por Cani Fernández no tendrá acceso a los datos granulares de las comisiones que las entidades cargan a sus clientes y lo que estos pagan por los depósitos, dos de las principales vías que los bancos podrían usar para repercutir el tributo, según fuentes financieras consultadas por este medio.

Esta es una de las principales cuestiones que han aflorado en la mesa de trabajo a que se sientan desde hace semanas la CNMC y el Banco de España para encontrar una solución al problema: cómo definir si un banco está trasladando el coste del impuesto a sus clientes, tal y como ha pedido el Gobierno.

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Estas dos instituciones están poniendo en común todas las herramientas que tienen a su disposición para controlar la operativa. Y es donde ha surgido la problemática: el Banco de España no tiene datos granulares de lo que pagan las entidades a sus clientes por los depósitos, ni lo que les cargan como comisiones. Sí que hay cifras sobre los créditos que recibe cada cliente.

De este modo, la CNMC tendrá que usar datos agregados del sector para intentar determinar si hay un traspaso del coste del impuesto. Esto añade dificultades, ya que sus conclusiones podrán ser más fácilmente rebatidas por las entidades, en caso de que Competencia acabe acordando alguna multa. Estas pueden ser de hasta el 150% del importe repercutido a los clientes.

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Líneas de trabajo

Pese a estas dificultades, desde la CNMC señalan que las reuniones con el Banco de España todavía están "en una fase muy preliminar" y que ya tienen en mente "varias líneas de trabajo" que chequearán en los próximos días con el supervisor.

Como responsable de vigilar las prácticas de la competencia, la CNMC puede requerir todo tipo de información a las entidades, como fija la ley que la regula: "Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de esta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones de dicha Comisión".

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Competencia también valora pedir nuevos recursos al Gobierno para cumplir esta tarea. Y no se descarta que se solicite alguna normativa ad hoc en caso de que no logre acceder a datos clave para su trabajo.

Los bancos han empezado a pagar desde hace algunos días las primeras cuotas del nuevo impuesto, que les cargará en torno a 1.500 millones este año, con cargo a 2022, y lo mismo el próximo año. Las entidades ya han anunciado recursos tanto individuales como colectivos contra el tributo. Y defienden que la normativa europea les obliga a repercutirlo al cliente, como fija una directriz dictada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) de junio de 2021: “Las entidades tendrán en cuenta, y reflejarán en los precios de sus préstamos, todos los costes pertinentes hasta la siguiente fecha de revisión del precio o vencimiento. Dichos costes incluirán (...) cualquier otro coste real asociado al préstamo en cuestión, incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda”.