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La herencia de Sánchez al próximo Gobierno: subir impuestos para recibir los fondos europeos
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La reforma fiscal pendiente

La herencia de Sánchez al próximo Gobierno: subir impuestos para recibir los fondos europeos

La solicitud de los casi 95.000 millones de euros en créditos pendientes del fondo de recuperación preocupa ahora a la Comisión Europea

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. (EFE/EPA/Stephanie Lecoq)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. (EFE/EPA/Stephanie Lecoq)
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Uno de los puntos débiles del plan de recuperación que pactó el Gobierno con la Comisión Europea era precisamente la falta de consenso político en España. El Ejecutivo elaboró su proyecto de espaldas a los agentes sociales y al resto de partidos políticos, hipotecando la agenda legislativa del país durante los próximos años. Ahora, tras la derrota de las izquierdas en las elecciones autonómicas y municipales, esta debilidad del plan de recuperación se vuelve más evidente. Si finalmente se produce un cambio en la composición del Parlamento, el futuro Gobierno tendrá que asumir algunas de las tareas más delicadas que el presidente Pedro Sánchez ha pospuesto durante los últimos meses, mientras en Bruselas se espera a las elecciones con la incertidumbre respecto a la adenda del plan de recuperación.

Entre las tareas que quedarán pendientes se encuentra la subida de impuestos a la que se comprometió el Gobierno para aproximar la recaudación de España a la media europea. Si el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, consigue llegar a la Moncloa, podría encontrarse con el mismo problema que su predecesor Mariano Rajoy, la necesidad de aumentar la presión fiscal a los españoles.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Sánchez consiguió evitar la reforma fiscal con el argumento de la crisis económica, a pesar de que en los últimos años lo que se ha producido es un intenso crecimiento del PIB. La Comisión Europea aceptó ya en 2021 prorrogar los hitos fiscales hasta el año 2024 con un compromiso verbal de Sánchez que ahora queda en papel mojado: "Bruselas sabe que la vocación del Gobierno es reducir el diferencial de recaudación, pero está condicionado a la recuperación económica (...) esto está hablado con Bruselas y no habría ningún problema en retrasarlo", explicó en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, en la revisión del grado de cumplimiento de los acuerdos previos al desembolso del cuarto tramo del fondo de recuperación, los técnicos de Bruselas ya revisarán el cumplimiento de estas medidas.

Una de las medidas que generaron más polémica fue la equiparación de la fiscalidad del diésel con la de la gasolina. Esto es, subir un 30% el impuesto que grava el litro de diésel. El Gobierno ya intentó aprobar esta subida en los presupuestos generales del Estado del año 2021, pero tuvo que retirarla por exigencia del PNV. Posteriormente, pactó con la Comisión Europea la "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos", que debió aprobarse en diciembre de 2022.

Otro de los compromisos importantes del Gobierno en materia de recaudación climática fue el establecimiento de peajes en las autopistas. El objetivo era internalizar sobre los usuarios los costes del uso de las infraestructuras públicas. Rápidamente, se convirtió en una de las propuestas más impopulares del plan de recuperación y su fecha tope de aprobación era la segunda mitad de este año 2023. Otro fue elevar el impuesto de matriculación para eliminar beneficios fiscales a algunos vehículos contaminantes.

Foto: Foto: iStock. Opinión

Además de estas subidas de impuestos a las que se comprometió específicamente, el Gobierno también planteó otra reforma fiscal integral apoyada en el informe del comité de expertos que nombró Montero. En ese informe, se incluían importantes subidas de impuestos, como la creación de un impuesto nuevo para gravar los billetes de avión.

Otra de las medidas polémicas que propusieron los expertos fue la armonización del impuesto sobre el patrimonio en las comunidades autónomas. El objetivo es evitar la competencia fiscal a la baja entre territorios que ha provocado en la práctica el desmantelamiento de este tributo. Los expertos consideran que esta figura fiscal es importante para la redistribución de la riqueza y que es importante evitar su vaciamiento a través de las bonificaciones que conceden las regiones. Una medida a la que se ha enfrentado principalmente la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Preocupación por la adenda

La gran preocupación en Bruselas tiene que ver con la adenda del plan de recuperación. El Gobierno tenía previsto enviarla a la Comisión Europea en las próximas semanas, solicitando los casi 95.000 millones de euros pendientes en créditos ventajosos, la otra pata del fondo de recuperación poscovid, junto al de las transferencias a fondo perdido. El Ejecutivo lleva tiempo trabajando en el plan y fuentes del Ministerio de Economía apuntaban recientemente que la idea era enviarlo a Bruselas antes de que España asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

Foto: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Biel Aliño)

Pero las elecciones cambian el panorama. El calendario es muy ajustado, porque la fecha límite para enviar la adenda es el próximo 31 de agosto, pero en Bruselas entienden que el mejor escenario sería esperar a que se hayan celebrado las elecciones antes de enviar la solicitud de créditos. En caso de que haya un cambio en la Moncloa, en la Comisión Europea siempre han intentado ser flexibles, dar tiempo a los Estados miembros y facilitar el trabajo a los gobiernos, de modo que el nuevo Ejecutivo tendría algo de tiempo, no mucho, pero sí el necesario, para diseñar la adenda o el plan para recibir los créditos.

Pero la Comisión no puede evitar que el Ministerio de Economía, dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño, envíe el plan en las próximas semanas, antes de la celebración de los comicios del 23 de julio, lo que obligaría a Bruselas a emitir una opinión al respecto en el plazo de dos meses. Saben que ese escenario es muy delicado, que en caso de un cambio en el Gobierno haría que el siguiente Ejecutivo tenga que digerir un acuerdo cerrado sobre la bocina por el anterior gabinete. Pero en el ministerio, por el momento, aseguran que se mantienen los planes de presentar la adenda antes del próximo 1 de julio.

En riesgo los futuros pagos

El Gobierno también deberá cumplir con los hitos comprometidos para este año antes de solicitar el cuarto tramo de los pagos de los fondos europeos. Para ello, deberá superar la evaluación que realice la Comisión y que ya va tarde. "El retraso en la aprobación de algunos de estos compromisos podría estar demorando la solicitud del cuarto pago, cuya remisión a Bruselas se esperaba para finales de marzo de forma indicativa, habiendo de plazo hasta finales de junio", señala EY Insights en su radar sobre los fondos europeos. La valoración de la Comisión se espera para el próximo otoño. En ese momento, el futuro Gobierno ya debería estar plenamente operativo, pero apenas tendrá margen de acción para ejecutar hitos que no estén cumplidos en tiempo o forma, aunque en Bruselas son muy conscientes y repiten en público y en privado que España está a la vanguardia en el despliegue del plan de recuperación, por lo que evitan expresar impaciencia o preocupación por el retraso en la solicitud del cuarto desembolso y por lo referente a los compromisos pendientes.

Uno de ellos es el de la Ley de Función Pública, que se encontraba en fase de tramitación en el Congreso y que ha decaído como consecuencia de la disolución de las Cortes. Se trata de una de las promesas que Bruselas aguardaba desde hace tiempo para mejorar la calidad y eficacia de los trabajadores públicos. También están pendientes de aprobación la ley para mejorar la eficiencia de la Justicia y la Ley de Movilidad Sostenible.

Bruselas también tiene que dar el visto bueno a la orientación de algunas de las importantes reformas aprobadas en los últimos meses. Entre ellas, se incluye la de vivienda, aprobada justo antes de la campaña electoral para intentar captar voto urbano. El Gobierno se comprometió a que esta ley ayudaría a aumentar el parque de vivienda en alquiler con eficiencia energética. Algo que está en duda, tal y como han denunciado propietarios de viviendas, al intervenir en la fijación de precios del mercado, lo que podría restar oferta al parque de vivienda en alquiler.

Foto: Pedro Sánchez en Bélgica en una imagen de archivo. (EFE/EPA/Olivier Hoslet)

Además, tiene una intensa agenda de inversiones que podría quedar bloqueada de forma temporal durante el proceso electoral, con escaso margen de reactivación para el próximo Gobierno. Entre las inversiones más importantes, se encuentran los Perte, como es el caso del vehículo eléctrico conectado (VEC). El fracaso en la primera línea de subastas ha obligado al Ministerio de Industria a planificar más tramos que preveía aprobar antes del verano. Pero tras la convocatoria de las elecciones, estos programas quedan ahora en el aire.

En definitiva, el futuro Gobierno tendrá una difícil labor. Por una parte, reactivar las inversiones del plan y, por otra, renegociar con Bruselas aquellos compromisos con los que no se sienta cómodo. Puede hacerlo a través de una adenda al plan, pero el margen de maniobra que concede la Comisión Europea para modificar los acuerdos ya pactados es limitado, como demuestran las dificultades del Gobierno italiano para modificar el plan acordado por el anterior Ejecutivo transalpino, liderado por Mario Draghi. Además, las reformas que ya se han ido implementando bajo el plan de recuperación no pueden, en principio, revertirse, por lo que el nuevo Gobierno tendría que aceptar lo ya implementado por el Ejecutivo de Sánchez en algunos asuntos polémicos. Será la herencia que le quede al futuro Gobierno.

Uno de los puntos débiles del plan de recuperación que pactó el Gobierno con la Comisión Europea era precisamente la falta de consenso político en España. El Ejecutivo elaboró su proyecto de espaldas a los agentes sociales y al resto de partidos políticos, hipotecando la agenda legislativa del país durante los próximos años. Ahora, tras la derrota de las izquierdas en las elecciones autonómicas y municipales, esta debilidad del plan de recuperación se vuelve más evidente. Si finalmente se produce un cambio en la composición del Parlamento, el futuro Gobierno tendrá que asumir algunas de las tareas más delicadas que el presidente Pedro Sánchez ha pospuesto durante los últimos meses, mientras en Bruselas se espera a las elecciones con la incertidumbre respecto a la adenda del plan de recuperación.

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