La maniobra electoral de Sánchez aborta 'in extremis' la creación del defensor del cliente

El sector financiero pone fin a una legislatura negra con el Ejecutivo. Y con un regalo inesperado, ya que el adelanto electoral ha dejado en el limbo la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Este nuevo organismo estaba previsto que se aprobara en las próximas semanas, dentro de la legislatura que ha sido interrumpida por el anuncio de Pedro Sánchez. Por ello, salvo que el Senado le diera el visto bueno esta misma semana, no hay posibilidad de que este organismo vea la luz.

La pelea contra esta autoridad ha sido uno de los grandes caballos de batalla de la banca en los últimos meses. Las entidades se quejaban de que tal y como se estaba diseñando, iba a generar una mayor litigiosidad contra los bancos, animando a denunciar a clientes que no lo harían actualmente. Aunque consiguieron algunos cambios durante el proceso de tramitación del Congreso, el diseño de la ley seguía sin convencer a los bancos.

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Tras su aprobación en el Congreso el pasado 18 de mayo, la autoridad estaba siendo examinada por el Senado, que en las próximas semanas debía dar el visto bueno definitivo o proponer cambios a la Cámara Baja. De hecho, el plazo de enmiendas y propuestas de veto vencía este mismo lunes, y está prevista una reunión de la comisión el jueves para informar sobre la ponencia.

La fecha tope para la tramitación en el Senado era el próximo 12 de junio, de modo que el proyecto de ley queda en suspenso por menos de dos semanas. Una vía alternativa para aprobarlo sería la Comisión Permanente del Congreso, pero esta vía se reserva para reales decretos.

Ante este panorama, será el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones el que decida sobre la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El PSOE y Unidas Podemos son los partidos que más han impulsado este organismo, mientras que el PP se abstuvo sobre el mismo y Vox votó en contra.

La creación de esta autoridad fue muy criticada por el Banco de España y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este último llegó a señalar que vulnera la Constitución. Aun así, hasta el adelanto electoral, el plan del Gobierno era aprobarla antes de verano y que naciera cuando vieran la luz los desarrollos reglamentarios pendientes. Este organismo iba a tener unos 250 empleados e iba a abarcar las reclamaciones que actualmente gestionan el Banco de España, la Dirección General de Seguros (DGS) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Arma de doble filo

Junto a la desaparición de esta autoridad, el adelanto electoral tiene consecuencias positivas y negativas para el sector financiero. Las buenas son que no se tramitarán nuevas leyes con las que dar una nueva vuelta de tuerca en las ayudas a hipotecados, como había propuesto Unidas Podemos.

El punto negativo para los bancos es que volverán a estar en el foco de los partidos políticos durante la campaña electoral, sobre todo en un momento de presión para los hipotecados como el actual. Los banqueros lo descuentan, aunque lo que de verdad temían era que el Ejecutivo introdujera cambios legales para forzar que tenga una mayor acogida el Código de Buenas Prácticas para rescatar hipotecados vulnerables.

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Otro posible impacto negativo es por las batallas que se juegan en Europa en los próximos meses: la carrera de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, para ocupar la presidencia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el concurso para acoger la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés).

Delgado contaba con el apoyo de la vicepresidenta Nadia Calviño para este proceso en el que compite con la alemana Claudia Buch. La ganadora se elegirá después de verano, por lo que casi todo queda sujeto al resultado de las elecciones.