España sufrió la mayor brecha de gasto sanitario con Europa en plena pandemia

Desde el año 2013 el gasto público en sanidad ha ido aumentando paulatinamente. Esta es la excusa de los gobiernos autonómicos para defenderse ante las críticas del desmantelamiento de la sanidad pública. Sin embargo, la propia inflación obliga a que el gasto aumente año a año, y el aumento de la población también genera mayor gasto, entre otras cosas porque hay más cotizantes. Por lo tanto, el aumento del gasto es compatible con un deterioro del servicio público ofrecido si ese crecimiento es muy bajo o si se utiliza de forma ineficiente. Ambas cosas ocurren en España.

El gasto sanitario está creciendo en todos los países europeos, aunque en unos lo hace a mayor ritmo que en otros. España se encuentra en el vagón de cola, lo que ha provocado que la distancia en la atención sanitaria respecto a los vecinos haya acelerado su declive. En plena pandemia, el gasto público sanitario en España fue de 1.806 euros por habitante, 932 euros por debajo del agregado de la eurozona, según los datos de Eurostat (medidos por la clasificación Cofog).

Se trata de la mayor brecha del gasto sanitario que nunca ha registrado España respecto al resto del continente. Y el problema es que se produjo en pleno pico de la pandemia, fase que en España fue especialmente dura por la cantidad de contagios y de fallecimientos que se produjeron. Sin los recursos suficientes, el sistema sanitario sencillamente se quedó colapsado y muchos pacientes tuvieron una atención precaria, cuando no inexistente.

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El gasto sanitario por habitante aumentó un 12%, pero fue insuficiente para cubrir todas las necesidades de la pandemia. En 2021 siguió creciendo, aunque a un ritmo inferior, del 3,5%. Aún no hay datos disponibles del conjunto de la eurozona, pero todos los países que ya han publicado sus datos registraron un aumento superior del gasto sanitario. Por ejemplo, en Italia aumentó un 4,4%; en Portugal, un 9,2%; en Bélgica, un 6,5%; en Países Bajos, un 11,6% y en Austria, un 17,4%.

Todo apunta a que España siguió agrandando su brecha de gasto sanitario con Europa en la recta final de la pandemia. Y en 2022 empezaron los despidos de médicos y enfermeros, lo que aleja aún más la convergencia. Pero más allá del comportamiento puntual durante la pandemia, el esfuerzo presupuestario destinado a la sanidad pública arrastraba una década de decadencia hasta 2019. El pico del gasto de las comunidades autónomas en sanidad se alcanzó en 2009, justo antes de que la crisis económica afectara a sus presupuestos, ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero blindó las entregas a cuenta del inicio de la crisis. En ese momento el gasto sanitario estaba a un paso del 7% del PIB, niveles muy próximos a los del conjunto de la eurozona.

El esfuerzo presupuestario destinado a la sanidad pública arrastraba una década de decadencia hasta 2019

En ese momento comenzaron los recortes. En un primer momento, desde 2010 hasta 2013, se redujo el presupuesto sanitario un 13%. Desde entonces y hasta 2019, el gasto volvió a crecer, pero a un ritmo tan lento que fue insuficiente para compensar la inflación, el aumento de la población y el envejecimiento. La brecha del gasto por habitante con la eurozona se fue incrementando desde los 470 euros en 2019 a más de 870 euros en 2019. Esto es, en una década prácticamente se duplicó la brecha de gasto sanitario por habitante. Y cuando empezó la pandemia, la distancia siguió creciendo, hasta los 932 euros.

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El gasto sanitario de España se ha tenido que ajustar a una política presupuestaria muy restrictiva. La lucha contra el déficit ha obligado a hacer renuncias, entre las que se encuentra la sanidad. Pero también es cierto que desde 2018 el gasto público ha crecido incluso más rápido que el PIB. Esto es, se han movilizado recursos públicos, pero se han destinado casi en su totalidad a financiar las pensiones. En la actualidad el gasto en pensiones casi duplica al sanitario y la distancia seguirá aumentando en las próximas décadas.

Sin recursos adicionales para la sanidad, su peso en el presupuesto se ha reducido paulatinamente en los últimos tres lustros. En 2009, se llevaba casi el 15% del gasto público, pero en 2019 era el 14,4%. Incluso durante el pico de la pandemia, el porcentaje de gasto sanitario no llegó a superar el 14,7% del PIB; esto es, siguió por debajo de los niveles de 2009. Por el contrario, en la eurozona la partida destinada a la sanidad alcanzó el 15,3% de todo el gasto público.

Si se observan los datos por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y País Vasco son las que menos elevaron el gasto sanitario por habitante en los siete años previos a la pandemia (2012-2019). En Cataluña apenas aumentó un 9,9% según los datos del Observatorio de las Comunidades Autónomas que elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este organismo hace un recopilatorio del gasto por partidas que hacen las regiones en términos de habitante ajustado. Cataluña es la comunidad en la que menos aumentó el gasto por habitante, con un crecimiento del 9,9%; seguida de Madrid, con un 10,4% y País Vasco, con un 11,6%. Sin embargo, la posición de partida de cada una de ellas era diferente y eso determina cuál es su posición en el ranking actual.

A la cola se sitúa Andalucía, con un gasto de 1.282 euros por habitante ajustado en el año 2019. En 2021 subió a 1.546, pero igualmente seguía en última posición. Le sigue Madrid con un gasto de 1.452 euros antes de la pandemia y de 1.640 en 2021, último ejercicio disponible. Madrid es la CCAA que más posiciones ha perdido en el listado, ya que en el año 2012 hacía un gasto casi un 4% superior a la media nacional. En 2019 ya tenía un gasto un 3% inferior a la media y en 2021 la brecha era ya del 5%.

Las CCAA con mayor gasto sanitario son, por este orden, País Vasco, Murcia, Navarra y Cantabria. En el País Vasco, el presupuesto por habitante es 353 euros superior al de Madrid y 447 superior al de Andalucía. Se trata de unas brechas muy importantes que explican las diferencias en la situación de la sanidad pública por territorios. Pero todas ellas tienen un nivel de gasto inferior al del agregado de la eurozona, lo que evidencia un problema estructural de recursos para cerrar la brecha.

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De cara a futuro, el Gobierno es pesimista sobre la evolución del gasto sanitario. Los planes a medio plazo los plasma anualmente en el Programa de Estabilidad, un documento que exige la Comisión Europea y que incluye su previsión para las cuentas públicas a tres años vista. En la última edición, de primavera de 2022, el Ejecutivo anticipaba que el gasto sanitario caería desde el 7,6% del PIB de 2022 al 6,7% en 2024, cifra en la que se estabilizaría. Esto significa que no volverá a los niveles previos a la pandemia, cuando el presupuesto sanitario era del 6%, pero se estabilizará en torno a medio punto por debajo de la media de gasto europeo.

De esta forma, las comunidades autónomas podrían revertir una parte del ajuste de la década previa a la pandemia. Sin embargo, la demanda creciente de servicios sanitarios por el envejecimiento de la población hará que el servicio público no vuelva a recuperar los niveles previos a la crisis inmobiliaria si no cambian las políticas presupuestarias antes.

Los hogares han respondido al deterioro de la sanidad pública contratando seguros privados. Para quienes pueden permitírselo es la forma de evitar las listas de espera interminables de la atención que ofrecen las comunidades autónomas. El gasto de las familias en sanidad, incluyendo seguros privados, se encuentra en la parte alta de los países de la OCDE. En concreto, en 2019 fue un 10% superior a la media de países desarrollados en términos per cápita. De esta forma, tienen que compensar de su bolsillo el hecho de que el gasto público en sanidad fuese un 19% inferior.