¡Sorpresa! El consumo público, lejos de crecer, está cayendo

¿Cuántos recursos económicos consumen las distintas administraciones públicas a lo largo de un año? La respuesta está en los datos más recientes de la Contabilidad Nacional, y lo que muestran, frente a lo que pueda parecer por las medidas tomadas para paliar los efectos negativos de la inflación, es que el gasto en consumo público está bajando desde que en 2020, a consecuencia de unas circunstancias también extraordinarias, como fue la irrupción del covid, tocó un techo equivalente al 22% del producto interior bruto (PIB). No solo eso, el nivel de consumo público está ya muy cerca de su media histórica. La economía española, al menos en este aspecto, ha regresado a la normalidad.

En 2022, ese porcentaje se ha situado ya en el 20,5%, por debajo del 21,4% de un año antes. En los años posteriores al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se situó alrededor del 20% del PIB, mientras que en la recuperación (año 2017) descendió hasta representar el 18,6%. El mínimo desde que comenzó el siglo se registró en 2001, cuando cayó hasta el 16,6%, lo que significa que el consumo público —que no es equivalente al gasto público— se ha incrementado en cuatro puntos del PIB en las dos últimas décadas. La media en la última década ha sido del 19,9% del PIB.

El nivel de consumo público está ya muy cerca de su media histórica

Lo que sucedió el año pasado, y es lo que explica la reducción del consumo público, es que el Gobierno suprimió gradualmente la mayoría de las medidas temporales adoptadas en respuesta a la pandemia, que pasaron de representar un 2,8% del PIB en 2021 a suponer el 0,4% en 2022. Aun así, como señala el último informe de la Comisión Europea sobre España, la orientación presupuestaria del Gobierno continúa siendo expansiva. En concreto, equivale al 2,2% del PIB.

Necesidades básicas

El consumo público, según la definición canónica de la AIReF, es equivalente a todo el gasto realizado por las distintas administraciones públicas a lo largo de un año en bienes y servicios que ofrece, de manera gratuita o a precios económicamente no significativos, a los hogares o al conjunto de la sociedad para satisfacer directamente las necesidades individuales o colectivas, por ejemplo, la sanidad, la educación o la Justicia.

Y son, precisamente, las comunidades autónomas, al ser ellas quienes tienen la competencia, las que realizan la mayor parte del gasto, en torno a un 80%. No se incluyen el gasto en pensiones, la inversión pública en infraestructuras o las cantidades destinadas a satisfacer los costes de la deuda pública. Se trata, por lo tanto, de un gasto estructural, ya que los poderes públicos, por razones constitucionales, están obligados a cubrir una serie de necesidades básicas.

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Alrededor del 50% del consumo público se destina a financiar la sanidad y la educación, que son inelásticos. Es decir, no fluctúan en función de la coyuntura económica. Por el contrario, el consumo público aumenta con la crisis, independientemente de quién gobierne. Entre otras razones, al tratarse de un gasto estructural, porque alrededor del 54% del consumo público se destina al pago de los salarios de los trabajadores públicos (147.560 millones de euros en 2021).

Multiplicadores fiscales

El consumo público, en todo caso, está siguiendo una evolución muy distinta al de las inversiones, que en los últimos años se han sacrificado en aras de reducir los déficits fiscales de todas las administraciones después del extraordinario aumento que se produjo antes de que se viniera abajo el castillo construido alrededor del ladrillo. La formación bruta de capital (inversiones) representó el año pasado el 20,9% del PIB, muy lejos del 30,4% que llegó a suponer en 2007, lo que da idea del ajuste que se ha producido en la economía española, pese al efecto multiplicador que tiene sobre el conjunto de la actividad. Las inversiones, de hecho, ya tienen un peso similar al consumo público respecto del PIB, cuando hace tres lustros estaban un 76% por encima.

Esto explica que la propia Comisión Europea, en su último informe de recomendaciones al Gobierno, le reclame más inversión pública para impulsar, en particular, las transiciones ecológica y digital, además de la seguridad energética, un concepto cada vez más utilizado en las comunicaciones de Bruselas.

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Tanto el consumo público como las inversiones forman parte del conjunto del gasto público, que además del consumo público también incorpora las prestaciones sociales, el pago de los intereses generados por la deuda y otras transferencias corrientes, por ejemplo las subvenciones, que en 2021, último año con datos cerrados, alcanzaron los 18.397 millones de euros, prácticamente el doble que en su media histórica. En relación con la Unión Europea, y según un reciente estudio del Banco de España, el consumo público —no el conjunto del gasto público— se sitúa alrededor de un punto porcentual por debajo de la media europea.

Como se ha dicho, la remuneración por asalariado del sector público es el componente principal del consumo de las distintas administraciones. Los 147.580 millones que se destinaron a ese fin en 2021 representan el 10,8% del PIB, un nivel que se sitúa en torno a la media de la Unión Europea. En la actualidad, en concreto, se destinan 2.865 euros por persona a la remuneración de asalariados, lo que, una vez ajustado por las diferencias en el poder adquisitivo entre países, resulta un 23% inferior a la media de la Unión Europea a 15 y un 9% inferior a la de 27 miembros.