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La inversión pública beneficia más a las regiones ricas que a las pobres
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ESTUDIO SOBRE MULTIPLICADORES FISCALES

La inversión pública beneficia más a las regiones ricas que a las pobres

La inversión pública tiene un comportamiento asimétrico en función de si la región que la recibe es rica o pobre. Así lo acredita un estudio académico que pide tener esto en cuenta a la hora de hacer política de infraestructuras

Foto: Peatones cruzan una calle en Barcelona. (Reuters/Nacho Doce)
Peatones cruzan una calle en Barcelona. (Reuters/Nacho Doce)
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¿Quiénes ganan más con la inversión pública en infraestructuras: las regiones ricas o las regiones pobres? La respuesta no ofrece dudas, son las comunidades autónomas con mayor nivel de renta —según un trabajo académico que acaba de publicar la Asociación Libre de Economía (ALDE)— quienes más se benefician de las políticas fiscales expansivas en materia de infraestructuras.

El trabajo ha encontrado evidencias de que el efecto multiplicador de la inversión pública en infraestructuras productivas en regiones con PIB per cápita “superior al promedio” es más elevado, porque en estas regiones las fugas del gasto público son menores. Por el contrario, las más pobres necesitan incrementar las importaciones, lo que a la larga debilita sus multiplicadores fiscales, definidos como el efecto que tiene la actuación de los poderes públicos (y privados) en materia de inversión sobre el crecimiento de la actividad económica.

El efecto multiplicador de la inversión pública en infraestructuras productivas en regiones con PIB per cápita "superior al promedio" es más elevado

El estudio sitúa por encima de la media en términos de PIB per cápita real a Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, mientras que el segundo grupo incluye a las 10 regiones restantes.

Un estudio publicado este lunes por el Banco de España sobre el impacto económico de los fondos Next Generation incide en la misma idea y recuerda que aproximadamente un 30% de las transferencias de capital y de las inversiones en infraestructuras conlleva un importante contenido importador, lo que reduce el multiplicador para la economía española. Y son las regiones más pobres, precisamente, quienes están obligadas a aumentar las importaciones para aprovechar la inversión pública. Según ese estudio, la plena ejecución de los fondos tendría un impacto directo sobre el nivel del PIB de un 1,15% en promedio anual en un horizonte de cinco años, si bien podría elevarse hasta el 1,75%, al tener en cuenta los efectos de arrastre entre sectores.

Desde la visión keynesiana de la economía, está acreditado que la inversión pública en infraestructuras alcanza valores superiores a uno. O lo que es lo mismo, por cada millón de euros que se invierta en carreteras, puertos o infraestructuras urbanas el PIB crecerá más que esos 10 millones de euros invertidos. Por el contrario, en ocasiones, como pudo suceder en España antes de la crisis de 2008, puede haber un efecto incluso negativo (por debajo de uno) si la inversión se destina a actividad ineficiente y no contribuye al crecimiento económico.

Efectos keynesianos

Lo que ha revelado el trabajo de José A. Pérez-Montiel, profesor de la Universidad de las Islas Baleares, y de Carles Manera, consejero del Banco de España, es que cinco años después del mayor gasto público en infraestructuras, el efecto multiplicador alcanza valores superiores a uno, lo que confirma, según los autores del estudio, que este tipo de expansiones fiscales tiene efectos keynesianos.

Foto: Nuestro país aumentó el gasto en 700 millones de euros, respecto a 2016. (Fuente: Consejo Superior de Deportes)

Los defensores de la austeridad fiscal señalan, por el contrario, que el efecto multiplicador del gasto público es generalmente menor a uno, mientras que quienes abogan por expansiones fiscales afirman que su valor es mayor a la unidad. Según uno de los modelos utilizados en el trabajo, un aumento de las inversiones en infraestructuras de un euro conduce a un aumento de la actividad económica de 1,87 euros después de cinco años. El FMI, en 2012, admitió su error al estimar los multiplicadores derivados de la austeridad fiscal.

La mayor aportación del trabajo publicado por ALDE tiene que ver, sin embargo, con que han podido acreditar que los valores de los multiplicadores son asimétricos en función de si la renta per cápita de las comunidades autónomas se sitúa por encima o por debajo de la media española. Y la conclusión, como se ha dicho, es que los efectos aceleradores del crecimiento son mayores en las regiones más ricas debido a que poseen una capacidad productiva más sólida y autónoma. Es decir, tienen mayor capacidad para aprovechar las economías de escala, al disponer de un tejido productivo más inclinado a desarrollar innovaciones tecnológicas.

Un aumento de inversiones en infraestructuras de un euro conduce a un aumento de la actividad económica de 1,87 euros después de cinco años

Los profesores Pérez-Montiel y Manera han utilizado para su análisis los datos de inversión pública de un periodo largo de la economía española. En concreto, entre 1980 y 2016, lo que permite abarcar tanto periodos de fuerte expansión fiscal como de contracción, como sucedió tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente doble recesión. El trabajo se enfoca en la inversión pública en infraestructuras productivas, que incluye la inversión pública del Gobierno central en carreteras, puertos y en infraestructura urbana, hidráulica y ferroviaria. Se eligieron estos sectores porque, en un informe de 2016, la Comisión Europea sostuvo que esta puede ser una de las principales palancas de crecimiento económico en la eurozona.

Medidas complementarias

La conclusión del artículo es, precisamente, que para promover la convergencia regional, las comunidades autónomas más pobres deben recibir más inversión en infraestructura pública que las más ricas. Además, sostienen sus autores, los planes de inversión deben ir acompañados de medidas adecuadas de industrialización, diversificación y desarrollo para las regiones con PIB per cápita por debajo del promedio. Es decir, no basta con invertir, sino que son necesarias otras políticas complementarias para que el multiplicador sea lo más alto posible.

Foto: EC Diseño.
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La inversión en infraestructuras está considerada una actividad clave para impulsar el crecimiento, pero en las tres últimas décadas ha tenido un comportamiento muy volátil. El último informe de los profesores Matilde Mas y Francisco Pérez para la Fundación BBVA muestra que el mayor esfuerzo inversor de la reciente historia de España se produjo en 2007, un año antes de la explosión de la burbuja, cuando se alcanzó el 29,9% del PIB. En este caso, fundamentalmente, a causa de una extraordinaria inversión en vivienda. La inversión en viviendas, en concreto, se multiplicó por cuatro entre 1995 y 2007, mientras que en el caso de otras construcciones el factor de multiplicación fue equivalente a 2,5 veces.

El ajuste posterior, tras la llegada de la crisis, lo hundió hasta el 17,4% del PIB en 2013. Posteriormente, se ha recuperado hasta el 20,4%, todavía 10 puntos menos que el año de máxima actividad inversora. Si el análisis se hace sobre periodos más largos, se observa que entre 1995 y 2021 la media de inversión fue equivalente al 22,8%, un nivel, sostienen los profesores Mas y Pérez, “próximo a los países desarrollados”. Una de las diferencias radica en que España ha utilizado en mayor medida que otros países de nuestro entorno la colaboración público-privada para canalizar proyectos de inversión.

¿Quiénes ganan más con la inversión pública en infraestructuras: las regiones ricas o las regiones pobres? La respuesta no ofrece dudas, son las comunidades autónomas con mayor nivel de renta —según un trabajo académico que acaba de publicar la Asociación Libre de Economía (ALDE)— quienes más se benefician de las políticas fiscales expansivas en materia de infraestructuras.

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