Las constructoras piden más rentabilidad en los contratos públicos para atraer inversión

Seguimos dando pasos en la lucha contra el covid. Los fondos europeos han devuelto algo de oxígeno a las empresas españolas tras sufrir un golpe económico sin precedentes. España podría recibir un total de 140.000 millones de euros de los 750.000 millones que Europa pondrá en manos de los países miembros. Pero no está todo dicho: el Gobierno tendrá que presentar un Plan de Reconstrucción y Resiliencia antes del 30 de abril de 2021 detallando las reformas e inversiones que se acometerán en los próximos años, con una condición indiscutible: que estén en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU para 2030.

¿Cómo se repartirán las ayudas? Aún se desconoce a qué empresas irán dirigidas, y por ello las compañías de todos los sectores se han puesto a trabajar para tratar de conseguir financiación. Con estos objetivos de desarrollo sostenible como base, el sector de infraestructuras juega un papel clave: vivienda, tratamiento de residuos, movilidad sostenible… Toda una serie de retos que convierten las constructoras en uno de los principales candidatos para beneficiarse de estos fondos.

"No podemos dejar pasar esta oportunidad", reflexionó Antonio Sánchez Recio, socio responsable del Área de Construcción y Servicios de PwC España. Pero "tenemos el reto de ser capaces, en un plazo tan corto como el que marca la Comisión Europea —los planes deberán realizarse hasta 2022 y sus obras, finalizarse en 2026—, de desarrollar todos los proyectos y llevarlos a cabo", añadió Julián Núñez, presidente de Seopan. Ambos opinaron sobre el asunto durante el cuarto encuentro del ciclo ‘Claves para la recuperación’, que organizó El Confidencial junto a PwC bajo el título 'Retos para el sector infraestructuras en el entorno covid-19'.

Seopan (asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras) y Tecniberia ya han presentado un documento al Gobierno con más de 2.000 propuestas concretas relacionadas con la vivienda sostenible, el agua y medioambiente, transporte, infraestructuras sanitarias y digitalización. Unos macroproyectos que van a suponer, aproximadamente, una inversión de 100.400 millones de euros. La patronal prevé conseguir esta financiación a través de dos vías: 12.740 millones procedentes de las subvenciones de los fondos europeos y 87.689 millones a través de fórmulas de colaboración público-privada.

Pero ¿qué proyectos de infraestructura habría que priorizar de cara a la recepción de los fondos? Rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Es una de las grandes prioridades para el sector. Algunos de los objetivos en esta línea son instalar techos solares en los edificios e impulsar el alumbrado público inteligente. Además, “para la España vaciada, la propuesta que hemos presentado al Gobierno contempla la mejora de las conexiones viarias con poca intensidad de tráfico mediante soluciones socioeconómicamente rentables y la dotación de servicios de alcantarillado y depuración en municipios de menos de 50.000 habitantes”, reflexionó Julián Núñez.

"Si nos comparamos con las cuatro mayores economías de la zona euro, la inversión de nuestro país es un 63% más baja" (Antonio Sánchez)

Entre los proyectos que deben llevarse a cabo en materia de movilidad sostenible, Seopan sugirió que es necesario establecer zonas de bajas emisiones, instalar infraestructuras de recarga para impulsar el vehículo eléctrico y reforzar el transporte público: “La movilidad no solo requiere la mejora y extensión de las redes de transporte de nuestras ciudades, sino también fomentar la migración del transporte privado al público. Esto requiere resolver y mejorar la accesibilidad de las vías urbanas con las estaciones de transporte público e incrementar la dotación de aparcamientos disuasorios [estacionamientos situados en la periferia de las ciudades, cuyo objetivo es que los conductores que pretenden acceder desde la corona metropolitana al centro de la ciudad aparquen en ellos y continúen su viaje en transporte público colectivo]”, señaló Núñez.

Otra de las necesidades más urgentes pasa por dar luz verde a proyectos que quedaron estancados en el pasado: "Las actuaciones de transporte público, metro y cercanías, planificadas con antelación al inicio de la consolidación fiscal en 2010, no han podido ejecutarse por falta de recursos públicos".

Barreras que impiden mayor colaboración

La crisis del covid-19 ha dejado un escenario de déficit en España y una deuda que superó el 114% del PIB en el tercer trimestre del año. Y el sector de infraestructuras en concreto también ha notado este duro golpe: la licitación pública alcanzó poco más de 10.000 millones de euros hasta octubre, casi un 33% menos que en el mismo periodo del año anterior. Ahora, el objetivo para el sector es recuperar los niveles de licitación previos al covid.

“Necesitamos inversión de cara a la recepción de los fondos para cumplir con los ODS y recuperar la economía, pero todavía hay que eliminar barreras para promover la colaboración público-privada, que es imprescindible en este contexto”, aseguró Sánchez Recio desde PwC. España va un paso por detrás de Europa en esta materia: somos el país con un nivel más bajo de inversión en infraestructuras. “Si nos comparamos con las cuatro mayores economías de la zona euro, nuestra inversión es un 63% más baja”, añadió.

¿Cuáles son las barreras que impiden esa mayor colaboración entre lo público y lo privado? Según PwC, los muros tienen que ver con la regulación y con el bajo retorno de la inversión: “Hay muchos aspectos del sector infraestructuras regulados por normativas muy obsoletas, y esto es un freno muy importante”. Por otro lado, “las empresas que apuestan por estos contratos obviamente esperan un retorno, y ahora mismo está limitado a tasas muy bajas”, añadió Antonio Sánchez. Esta baja rentabilidad tiene que ver con la famosa ley de desindexación, que regula los proyectos de financiación público-privada en España. Una norma que, considerando los parámetros actuales, viene limitando la rentabilidad de los contratos a largo plazo en un entorno del 2%

A menos de cinco meses de alcanzar la fecha tope para presentar el Plan de Recuperación definitivo ante la Comisión Europea, el Gobierno ya está manos a la obra para dar un giro a la normativa de contratación pública y agilizar así la velocidad de los trámites. Está desarrollando un borrador del real decreto-ley con medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación. Antonio Sánchez aseguró que, por parte del Gobierno, “está habiendo voluntad” para fomentar esta colaboración público-privada y aumentar estos retornos de rentabilidad, pero consideró que queda mucho por hacer: “Ha habido conversaciones entre el Gobierno y el sector. Hay voluntad de elevar este límite hasta el 4% o 4,5% aproximadamente, pero no es suficiente”, lamentó el socio de PwC, porque “para que el sector sea atractivo para el inversor, considerando los riesgos que se asumen, necesita retornos del 6% al 7%, si no, se irán a otro tipo de proyectos”.

Para poner un ejemplo de colaboración, Sánchez alabó la idea anunciada por el Ministerio de Fomento de movilizar suelo público para construir viviendas destinadas al alquiler: “Es una gran medida, recoge puntos muy interesantes y es un gran ejemplo de colaboración público-privada”, expresó.

Papel de las CCAA en el reparto de fondos

Los Presupuestos Generales del Estado prevén que en 2021 se repartan 34.000 millones de los fondos: 14.000 para la Administración central, 18.000 para las comunidades autónomas y cerca de 1.500 para los ayuntamientos. Las comunidades juegan un papel esencial, ¿habrá problemas de coordinación? Julián Núñez lo niega. En todo caso, indicó que "esto no puede convertirse en una carrera entre comunidades" por ver quién presenta primero los planes en busca de una porción de esta parte dirigida a ellas.

Las comunidades serán las encargadas de desarrollar los proyectos relacionados con áreas como el medioambiente y la vivienda. El presidente de Seopan es de la opinión de que, "con la proporción que el Gobierno considere para la asignación de los fondos europeos a las comunidades autónomas, sean estas las que prioricen sus demandas de inversión dentro de los requisitos y parámetros definidos por el Gobierno y la Comisión Europea".

En todo caso, para Julián Núñez, todo lo referente a proyectos de infraestructuras debería estar fuera del debate político: “Sería del todo deseable un pacto de Estado para la planificación y priorización de proyectos de obra civil, habida cuenta de que su periodo de maduración abarca más de tres legislaturas y se trata de una cuestión técnica, y no política, basada en criterios de rentabilidad socioeconómica”.

Respecto a los tiempos para la ejecución de los proyectos, "los plazos son muy limitados, y es difícil para cualquier Gobierno presentar un listado cerrado de actuaciones antes del 30 de abril teniendo en cuenta que su plazo de ejecución alcanza hasta diciembre de 2026", dijo Núñez, a lo que añadió, poniendo punto y final al encuentro, que ahora "lo importante es justificar bien las líneas de acción y aportar todos los detalles para facilitar y flexibilizar la articulación de proyectos en las futuras convocatorias de fondos europeos".