Escrivá bajará las cuotas al 70% de los autónomos y complica la promesa que hizo a Bruselas

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha pasado más de un año negociando con las asociaciones de autónomos la puesta en marcha del sistema de cotización por ingresos reales y finalmente ya tiene su acuerdo social. Esta reforma es una de las más importantes acordadas con la Comisión Europea, primero por su dificultad (subirá las cuotas sociales a una parte de los autónomos en un momento tan complicado) y, segundo, porque estaba planeada para reducir el déficit del Reta (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Para el año 2022, el Gobierno presupuestó para este Régimen un saldo negativo de casi 5.500 millones de euros, esto es, cinco veces más que todo el Régimen General. Visto de otro modo, el Reta gasta un tercio más de lo que ingresa.

Para corregir esta deficiencia, el Gobierno pactó con Bruselas la introducción del sistema de cotización por ingresos reales para que los autónomos aumentasen su aportación a la Seguridad Social. “La modificación del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para alinearlo con los ingresos efectivos contribuye a reforzar la capacidad financiera de la Seguridad Social”, señala el componente 30 del plan de recuperación comprometido con Bruselas.

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Sin embargo, la dificultad de las negociaciones llevó al ministerio a rebajar la ambición inicial de su propuesta hasta el punto de poner en riesgo la reducción del déficit del sistema. Las asociaciones de autónomos reclamaron bajadas intensas de las cuotas para los trabajadores que no llegan al SMI y una subida moderada para las rentas altas. La dureza de las negociaciones llevó al ministerio a plantear una reforma parcial (abarca solo el primer tercio del periodo transitorio de nueve años propuesto inicialmente) y con una evolución de las cuotas menos ambiciosa. De hecho, en su última propuesta tuvo que bajar más el tramo inferior para que Uatae entrara en el pacto, ya que se salió a última hora.

De esta forma, el Gobierno ha conseguido forjar el consenso en el diálogo social cediendo en sus posturas iniciales, lo que da mayores garantías de estabilidad a la norma. Sin embargo, pone en riesgo la promesa realizada a la Comisión Europea de que esta reforma serviría para reducir el déficit de la Seguridad Social.

En concreto, la reforma bajará las cuotas sociales a casi el 70% de los autónomos, que son los que tienen unos rendimientos netos mensuales inferiores al salario mínimo. La bajada será muy intensa para los 1,3 millones (en torno al 40%) que se sitúan en el tramo inferior de ingresos, por debajo de los 670 euros al mes. Estos tendrán un ahorro de 770 euros al año ya en 2023 y la cifra irá mejorando hasta los 1.130 euros al mes en 2025.

Además, mantiene estables las cuotas para casi un 7% de los autónomos. Esto significa que la subida se limita a una cuarta parte de los trabajadores autónomos. De estos, que son poco más de 750.000 autónomos, el 45% tendrán una subida de cuotas muy moderada por encontrarse en los primeros tramos de incremento de la cotización (con rendimientos netos mensuales de entre 1.700 y 2.330 euros). Al final de los tres años del periodo transitorio, el incremento de la base mínima que tendrán que soportar será inferior a 100 euros mensuales. Esto es lo que se ahorrarán los autónomos del primer tramo, con la diferencia de que la bajada afecta a 1,3 millones, mientras que esta subida afecta a 340.000 autónomos.

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Donde se localiza la gran subida de cuotas es en los autónomos con ingresos superiores a 2.330 euros al mes. En estos tramos la subida va desde los 100 euros al mes hasta 300 euros, una cuantía muy significativa que, sin embargo, afectará a apenas el 13% de los autónomos. Aunque el Gobierno no ha publicado aún la memoria económica del real decreto-ley, la situación no parece muy favorable para las delicadas cuentas de la Seguridad Social.

El Gobierno tampoco ha informado a las asociaciones de autónomos sobre el impacto económico de la medida. Eso sí, ha garantizado que no tendrá un impacto negativo sobre las cuentas del sistema, pero eso no significa que vaya a ser positivo, como prometió a Bruselas. UPTA estima que la reforma permitirá elevar los ingresos del sistema en unos 2.200 millones de euros, aunque en este cálculo incluye el afloramiento de economía sumergida de autónomos de ingresos muy bajos que actualmente no cotizan porque la base mínima es disuasoria. Sin embargo, durante los próximos años seguirá vigente la tarifa plana de 80 euros para los autónomos que se den de alta en la Seguridad Social, por lo que los ingresos adicionales por esta vía no llegarían hasta 2025.

“2,3 millones de trabajadores por cuenta propia tendrán un ahorro sustancial de sus aportaciones mensuales al sistema de cotización y por contra, hablamos de una subida atenuada para aquellos autónomos de rentas muy altas”, ha explicado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, tras cerrar el acuerdo.

"2,3 millones de autónomos tendrán un ahorro sustancial de sus cuotas mensuales"

Hay un cambio normativo que podrá elevar los ingresos a corto plazo del sistema, la eliminación del tope de cotización a los autónomos mayores de 47 años. Este tope se introdujo para evitar que puedan ‘comprar la pensión’, esto es, cotizar más a la Seguridad Social para tener mejor pensión en el futuro. Ahora se elimina esta limitación, lo que permitirá elevar la recaudación en el corto plazo a costa de pensiones más altas en el futuro. Un cambio que, en cualquier caso, no se puede achacar a la introducción del sistema de cotización por ingresos reales.

En paralelo, la reforma mejora algunas de las prestaciones de los autónomos. Una de las medidas más importantes es que las bajadas de las bases mínimas inferiores al SMI no implica una pérdida de la protección social. Eso implica que será la Seguridad Social quien complete este ‘agujero de cotización’. También se potencia el cese de actividad, extendiendo su aplicación, y se garantiza la protección para los trabajadores en las tarifas planas.

En definitiva, el sistema tendrá también más costes tras la reforma que complicarán la promesa del Gobierno de corregir el gran déficit del Reta, que gasta anualmente casi un tercio más de lo que ingresa. El ministerio debería publicar la estimación del impacto presupuestario de la reforma en su memoria económica, sin embargo, será necesario esperar a que evalúe la medida la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para contar con una predicción independiente de su afectación a la delicada situación financiera de la Seguridad Social.