La rocambolesca enmienda de Junts, apoyada por PP y Vox, que pone en jaque a Hacienda

Junts per Catalunya ha conseguido colar un 'gol por la escuadra' al Gobierno en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2022. Un gol de nada menos que 9.400 millones de euros. Y lo ha hecho con el apoyo del PP y Vox para vencer la oposición de PSOE y Unidas Podemos. El partido todavía no ha terminado y el Ministerio de Hacienda espera poder vetar la enmienda en ‘el tiempo de descuento’, pero la polémica ya está servida. Y no solo política, también legal.

Entre los miles de enmiendas a los presupuestos que han presentado los partidos políticos, una consiguió sortear el filtro de la Mesa de la Comisión de Presupuestos del Congreso, controlada por PSOE y Unidas Podemos. Ya fuese por despiste o por error de cálculo (al ser una enmienda de Junts), los dos partidos de la coalición pusieron el sello a una enmienda de JxCAT que consistía en la creación de un fondo covid como los que ya existieron en 2020 y 2021, a través del cual el Estado repartiría a las comunidades autónomas 9.362 millones de euros, de los cuales 1.600 millones (el 17%) irían directamente a Cataluña.

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La enmienda se debatió este miércoles en la comisión y fue aprobada por sorpresa gracias al apoyo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. ERC también votó a favor, aunque su portavoz reconoció posteriormente que la enmienda "tiene poco recorrido". Las formaciones conservadoras dieron su apoyo al resto de fuerzas independentistas, nacionalistas y regionalistas para la creación de este fondo covid, que implica un déficit para el Estado de más de seis décimas del PIB. Un déficit que se restaría a las comunidades autónomas, de modo que la mayoría cerrarían el próximo año con superávit y tendrían recursos para elevar más su gasto.

En las últimas semanas, los diferentes gobiernos autonómicos no liderados por el PSOE habían reclamado al Gobierno el mantenimiento del fondo covid para seguir dotando de recursos extraordinarios a las comunidades autónomas del Régimen Común. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda había rechazado esta petición de forma reiterada, al considerar que la situación sanitaria estaba encauzándose.

Lo que no esperaba el Gobierno es que se colara esta enmienda de Junts y, mucho menos, que pudiese salir adelante con los votos de los partidos de la derecha. PSOE y Unidas Podemos votaron en contra, pero sus esfuerzos fueron insuficientes y la enmienda quedó definitivamente aprobada en la tarde del miércoles.

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Para el Gobierno, supone un roto en sus cuentas que obliga a replantear las previsiones de déficit del próximo año y a estudiar medidas de ajuste alternativas. Para evitar este escenario, Hacienda puso a trabajar a sus técnicos inmediatamente con el objetivo de vetar la medida. El argumento es que las enmiendas tienen que ser neutrales en términos de déficit, esto es, si contemplan un incremento del gasto tienen que incluir una rebaja de otras partidas o un incremento de los impuestos de la misma cuantía. Esto daría al Gobierno un argumento legal para vetar su tramitación.

El problema es que este veto tiene que hacerse antes de que la enmienda sea admitida a trámite. Esto es, tiene que ser la Mesa de la comisión quien la vete por incumplir el principio de neutralidad en el déficit. Sin embargo, esto no ocurrió y Hacienda se ve obligada ahora a abrir un frente legal en el Congreso.

Hacienda informó en la tarde del miércoles de que la enmienda era inaplicable porque “no existe la aplicación presupuestaria en la que se dé la baja” al gasto. "Se trata de una enmienda que debería haber sido inadmitida por insuficiencia de crédito y que, en cualquier caso, no es posible instrumentalizar por varios motivos", señalan desde el ministerio liderado por María Jesús Montero.

"La enmienda es clara, está aprobada y no se puede revertir"

En la misma línea se pronunció el Grupo Socialista, a través de su portavoz, Héctor Gómez: se trata de “un error técnico” que hace que la enmienda sea “de dudosa aplicación”. Según el portavoz de los socialistas, la enmienda aprobada es de "carácter inejecutable" y así está tratando de dilucidarlo en los servicios jurídicos de la Cámara el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Sin embargo, desde Junts hay una total confianza en que la enmienda no tiene vuelta atrás. La formación independentista asegura que ha consultado el procedimiento a los letrados de las Cortes y que estos confirmarían que “la enmienda es clara, está aprobada y no se puede revertir”.

Eso significaría que la enmienda ya estaría incorporada a la Ley de Presupuestos sin posibilidad de solución para el Gobierno. La única opción que le quedaría sería no ejecutar esta partida presupuestaria. Pero esta vía tendría un gran coste político, al rechazar el Gobierno la creación de un fondo autonómico aprobado por ley. Y legalmente también podría generar problemas si el Ministerio de Hacienda no cumple la ley.

Se abre así un frente muy delicado para el Gobierno de coalición, que tiene que abrir una batalla complicada contra algunos de sus socios de investidura. La alternativa que tiene el Ejecutivo es asumir su error y ejecutar la enmienda. Sin embargo, esto supondría un gran agujero para las cuentas públicas de España que sería muy difícil justificar ante la Comisión Europea.

Para comprender la magnitud de la enmienda, estos 9.400 millones son más del triple que el mes del IVA que debía el Estado a las regiones y que provocó en su momento un gran choque entre Montero y los presidentes autonómicos. Otro dato: esta cuantía multiplica por cuatro el déficit de las CCAA en 2020. En definitiva, un gran agujero que genera un gran problema económico y político para el Gobierno de coalición.