Díaz sitúa el principal escollo con la CEOE para la reforma laboral en la temporalidad

La sombra de la ruptura del diálogo social en la reforma de las pensiones se cierne ahora sobre la negociación de la reforma laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha situado el principal escollo para consensuar el nuevo marco de las relaciones laborales con las organizaciones de empresarios y los sindicatos tiene que ver con los cambios en la temporalidad. "El problema está en la temporalidad, no en otras materias", ha reconocido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para hacer suyas las palabras de una jurista de la CEOE sobre que el reto de sacar adelante la reforma con consenso "es complejo, pero no imposible".

El rechazo de la organización de empresarios a la subida de las cotizaciones para evitar el vaciado de la hucha de las pensiones ha roto la dinámica de los acuerdos sociales en lo que va de legislatura. Hasta ahora, solo la subida del salario mínimo había con el acuerdo de todos agentes sociales, tras sellarse una docena de acuerdos previos con el Gobierno. El Ejecutivo confía todavía en que tanto la patronal como los sindicatos firmen la reforma laboral, comprometida con Bruselas para antes de final de año. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido separar el descuelgue de la CEOE en la reforma de las pensiones sobre otras negociaciones, insistiendo en que el Gobierno seguirá "apostando por el diálogo en todas las reformas".

La vicepresidenta segunda, por su parte, ha sustraído la negociación colectiva de la lista de temas más dificultosos para consensuar la reforma laboral. Esto es, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad, mantenimiento de la vigencia de los convenios tras su caducidad hasta la negociación de uno nuevo. Otro de los nudos gordianos de la contrarreforma que, según ha dado a entender Díaz, estarían cerca de poder acordarse.

Allanado el camino sobre la negociación colectiva, las dificultades se centran en los mecanismos para reducir la temporalidad. La última reunión del diálogo social se rompió en este asunto. En un primer momento, se defendió limitar los contratos temporales al 15% del total de la plantilla. Una cifra que no era asumible por la CEOE. Desde el Gobierno pretenden establecer porcentajes diferentes según los sectores. Este jueves, Díaz argumentaba que era posible "técnicamente" garantizar fórmulas para reducir la temporalidad, generando estabilidad laboral, y que al mismo tiempo "permitan la estacionalidad en el empleo".

El acuerdo con los agentes sociales no es un requisito en las reformas comprometidas con la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación. Lo es el diálogo social y, en este sentido, la vicepresidenta segunda ha asegurado que se está produciendo un diálogo social de "manual". "La patronal no tiene derecho a veto", suelen repetir desde el ministerio de Trabajo.

El componente sobre la reforma laboral remitido a la Comisión Europea en el plan de recuperación, la ficha 23, se compromete a "abordar" los cambios "buscando el mayor nivel de consenso" sobre estos cambios normativos. Otra cuestión es que la presencia en la mesa de negociación de otros ministerios socialistas reequilibre las posiciones sobre el contenido para intentar contentar a todas las partes, después de atribuírsele a Díaz un mayor alineamiento con los sindicatos.

El objetivo del Gobierno, para cumplir con los plazos marcados en el plan de recuperación, es aprobar vía decreto la contrarreforma en el mes de diciembre. A día de hoy no hay acuerdo, pero se apurarán las próximas reuniones con los agentes sociales, como las que se celebrarán este miércoles y también el viernes, para intentar que no se rompa el diálogo social con una reforma de tanto calado para el mercado laboral. Con todo, no se flexibilizará el calendario previsto. El decreto sobre la reforma laboral, por tanto, se llevará a un Consejo de Ministros a lo largo del próximo mes de diciembre, cuente o no previamente con el visto bueno de todas las partes implicadas en la negociación.

El ministerio de Trabajo ha llevado este martes para su aprobación en el Consejo de Ministros el plan estratégico de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Un mecanismo que Díaz ha definido como preventivo y que busca modernizar la inspección con nueva herramientas y recursos. El plan contempla así transformaciones estructurales de la Inspección para readaptar su actividad a los cambios económicos y sociales que se han visto acelerados con la pandemia, mediante una actualización de sus estrategias y planes de intervención con los que hacer frente "a las formas de fraude laboral más novedosas".