Una puñalada trapera contra el capitalismo popular

Cuenta Benn Steil en ‘La batalla de Bretton Woods’ que, mientras el general Marshall pronunciaba su célebre discurso en la Universidad de Harvard sobre la necesidad de ayudar a Europa tras los desastres de la guerra, el primer ministro británico, el laborista Clement Atlee, estaba muy ocupado nacionalizando minas de carbón, líneas de ferrocarril y suministros eléctricos.

Corría el mes de junio de 1947 y EEUU, paradójicamente, lo que pretendía era que el Reino Unido pudiera formar parte de una Europa económicamente integrada para hacer frente a la Unión Soviética, pero también lograr que el languideciente Imperio británico fuera capaz de defender sin tapujos el capitalismo y el libre comercio. La creencia general, como reveló en su día en el llamado telegrama largo, enviado desde Moscú por el diplomático George F. Kennan, uno de los artífices de la doctrina Truman sobre la contención de la URSS, era que todo aquel que no siguiera el modelo liberal de EEUU se exponía a acabar bajo la bota soviética.

La piedra angular de la revolución conservadora no fue otra que una jibarización del Estado

Reino Unido, Francia, Italia y, en mucha menor medida, Alemania optaron, sin embargo, por un modelo híbrido en el que el peso del sector público fue determinante, hasta que a finales de los años 70 –y después de dos crisis petrolíferas que dejaron exhausto al sistema surgido de Bretton Woods– triunfó la revolución conservadora. Y con ella, después de que previamente, en 1971, EEUU abandonara el patrón oro en época de Nixon, las liberalizaciones, las desregulaciones, las privatizaciones y todas aquellas recetas sintetizadas en lo que muchos han llamado de forma ciertamente peyorativa 'neoliberalismo'. O, de una forma más sutil y tecnocrática, ‘consenso de Washington’, que no es más que la aplicación práctica en la economía del triunfo de EEUU sobre la URSS tras la descomposición del Imperio soviético.

La piedra angular de la revolución conservadora no fue otra que una jibarización del Estado, que no solo actuaba a través de los monopolios públicos en servicios esenciales como el agua, los transportes, la luz o las telecomunicaciones, sino que, además, había instrumentado un sistema fiscal con tipos marginales en el impuesto sobre la renta superiores, en muchos casos, al 70% en aras de mantener un imponente Estado de bienestar capaz de impedir que los obreros industriales sucumbieran a los cantos de sirena que les lanzaban los partidos y sindicatos satélites de la Unión Soviética. Merece la pena recordar que en 1945 el partido comunista francés ganó las elecciones legislativas y que en Italia, un año después, socialistas y comunistas lograron casi el 40% de los votos y formar parte del Gobierno de salvación nacional, con Palmiro Togliatti como vicepresidente.

La cogestión alemana

De hecho, suele olvidarse que detrás de la estrategia de los monopolios lo que había, en realidad, era la construcción del Estado emprendedor (y a la vez protector y proveedor de servicios públicos esenciales) que iba mucho más allá que una simple estrategia económica. Formaba parte de una doctrina política perfectamente diseñada. La cogestión alemana –que significa la participación de los sindicatos en los consejos de administración y de vigilancia de las grandes empresas– forma parte de lo que en términos constitucionales se ha llamado economía social de mercado.

Reagan, Thatcher y muchos más cambiaron el curso de la historia con lo que se bautizó como capitalismo popular, cuyo significado último en el plano ideológico no era otro que hacer sentir a los ciudadanos que con muchos puñados de acciones compradas en OPV gigantescas podían decidir el futuro de grandes corporaciones. No fueron los únicos. También los partidos socialdemócratas, que durante décadas habían defendido un Estado fuerte, no como árbitro del sistema económico mediante las regulaciones o normativas sino como jugador de primer orden, se sumaron al cambio. La fiesta del capitalismo popular impregnó todo el sistema económico.

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El resultado es de todos conocidos. En el caso español, como puso de manifiesto en su día el extinto Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), entre 1996 y 2015 el Estado vendió total o parcialmente su participación en el capital de 76 empresas. En términos corrientes, los ingresos generados hasta finales de 2015 ascendieron a 38.409 millones de euros, pero en euros constantes de 1997 los ingresos equivaldrían a 53.908 millones. Y eso que no se contabilizaron los años anteriores, durante los gobiernos de Felipe González, que es cuando el Estado emprendedor y proveedor de servicios –a través del INI– pasó a ser el Estado regulador.

Había dejado, sin embargo, una vía de escape para evitar abusos y excesos; y fue, paradójicamente, Margaret Thatcher quien puso en circulación las llamadas acciones de oro ('golden share') –posteriormente declaradas ilegales por el tribunal de Luxemburgo– cuando vio que por la puerta de atrás se le podía colar algún comprador indeseado, como sucedió con British Petroleum o BAA, el gestor de los aeropuertos del Reino Unido. Se había ido demasiado lejos en las privatizaciones dejando al Estado desarmado en sectores estratégicos. Era tan evidente el desaguisado que todos los gobiernos nacionales dejaron abierta una escotilla para impedir determinadas operaciones que comprometían la seguridad nacional. Incluso aunque pudieran contar con la bendición de las autoridades de la competencia.

La última palabra

En España, por ejemplo, las decisiones de la CNMC pueden ser revisadas por el Consejo de Ministros por razones estratégicas tasadas (seguridad nacional o protección del medio ambiente), como ocurrió durante la batalla por Endesa; y lo mismo sucede en otros países como Reino Unido, Alemania (fusión Ruhrgas-E.ON impulsada por el Gobierno) y, por supuesto, Francia (Danone o, más recientemente, Carrefour). La reciente oferta lanzada por el grupo australiano IFM sobre una parte de las acciones de Naturgy es un buen ejemplo de cómo la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros. El Estado (o el Gobierno, que no siempre es lo mismo) se reserva la última palabra.

Aquí está el meollo del asunto: ¿qué es un sector o una empresa estratégica? O también: ¿qué debe primar, la política de competencia o la construcción de campeones nacionales capaces de competir en un mercado globalizado? ¿O es que la prioridad no debería ser crear campeones nacionales, sino europeos en aras de aprovechar la capacidad innovadora del Estado con sus ingentes recursos?

¿Qué debe primar, la política o la economía a secas cuando se trata de modelar el sistema productivo?

En definitiva, el viejo debate sobre el papel del Estado en la economía. Pero, ¿quién es más eficiente en determinadas áreas? Por ejemplo, fomentando la innovación y la investigación científica, cuya inversión es a largo plazo y difícilmente puede ser soportada por una empresa (salvo las muy grandes). ¿Es el Estado o el sector privado quien mejor asigna determinados recursos, incorporando los beneficios sociales? O, expresado en otros términos, ¿qué debe primar, la política o la economía a secas cuando se trata de modelar el sistema productivo?

En Francia, por ejemplo, se ha asumido que hay líneas rojas que no pueden traspasarse. Al fin y al cabo, como decía recientemente un analista del FT, el nacionalismo económico francés es tan antiguo como el queso mimolette. No en vano fue el mítico Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, quien a finales del siglo XVII lo protegió para competir con el edam holandés. E, incluso, en Europa se lanzó en los 70 a crear Airbus como un instrumento para competir con Boeing (que en su día se tragó a McDonnell Douglas) y así bajar los precios de las aeronaves. Nadie duda que la iniciativa ha sido un éxito. Hoy es el principal fabricante de aviones del mundo.

Tejido productivo

¿Y qué es la eficiencia? La entrada de productos más baratos, por ejemplo, beneficia a los consumidores a corto plazo, pero el empobrecimiento del tejido productivo por su incapacidad de competir en mercados desequilibrados (costes de producción muy diferenciados) aumenta a la larga los gastos en prestaciones sociales de quienes acaban en el paro o tienen que jubilarse de forma anticipada. Y eso, paradójicamente, incrementa el gasto público social, que es, precisamente, lo que se quiere evitar incentivando la competencia y haciendo más eficiente la economía.

Algunas de estas contradicciones son las que se pusieron de relieve en la fallida fusión entre la francesa Alstom y la alemana Siemens. Ganó la Comisión Europea imponiendo la legislación comunitaria. Pero ¿es justa y equilibrada esa legislación? ¿O realmente se está beneficiando a China y a EEUU con políticas de la competencia que en realidad hunden a la industria europea? ¿Es Europa más papista que el papa impidiendo que crezcan sus empresas mientras que EEUU o China –con su capitalismo de Estado– miran para otro lado y dejan que grandes corporaciones (en muchas ocasiones más grandes que los propios estados) tengan poder de mercado? ¿Se puede hablar realmente de libre mercado cuando las condiciones de competencia entre países son tan desequilibradas?

¿Cómo es posible que, en medio de la pandemia, Bruselas siga investigando las ayudas del Estado cuando China (y EEUU a través de la Reserva Federal) está regando el sistema económico con ingentes manguerazos a fondo perdido?. ¿No debería servir la OMC (Organización Mundial de Comercio) para reequilibrar las condiciones de mercado? ¿Se puede competir con países que desprecian el medio ambiente o no tienen que soportar costosos estados de bienestar? Y lo que no es menos importante: ¿Cómo garantizar que gigantes levantados con dinero público por los gobiernos acaben por perjudicar a los consumidores por su poder de mercado? O, incluso, por su influencia política creando élites ajenas al sistema democrático. ¿Hay razones para pensar que el latiguillo 'demasiado grande para caer' se ha convertido en una amenaza? Precisamente, cuando las grandes corporaciones gastan cientos de millones en hacer 'lobby' e influir de forma torticera en las decisiones de los gobiernos.

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No es de extrañar que Merkel y Macron se quejaran en su día (tras frustrarse la fusión ferroviaria entre Alstom-Siemens) de que, mientras Bruselas aplica una reglas de competencia restrictivas que impiden la creación de campeones europeos mediante el control de las operaciones de concentración, China hace de su capa un sayo y penetra de forma sinuosa y sutil en Europa para quedarse por la puerta de atrás con el tejido productivo (que se lo digan a Grecia o Portugal en el capítulo de las infraestructuras) o con alta tecnología vinculada a la robótica y otras tecnologías avanzadas.

Bruselas se defiende con un argumento sólido. Sus decisiones se limitan a aplicar lo que dicen los tratados, y eso explica el veto a determinadas fusiones. Pero, ¿son justas y equilibradas esas normas? O es que, en realidad, son reflejo del Estado-nación del siglo XIX y ya no reflejan la correlación de fuerzas en el conjunto del planeta. Y el mejor ejemplo son los gigantes de Silicon Valley, cuyo tamaño –ahora en revisión de las autoridades de competencia en ambas orillas del Atlántico– ensombrece a Europa. Entre otras cosas porque las redes sociales e incluso el avance de las nuevas tecnologías ponen en jaque a las propias democracias liberales. ¿Pueden ser las redes del 5G el instrumento para dominar el sistema productivo por parte de un puñado de empresas con enorme poder de mercado?

Informes como los de McKinsey Global Institute muestran que en las dos últimas décadas el tamaño de las grandes empresas no ha dejado de crecer; ni que decir tiene que, en paralelo, al aumento de la globalización medido por la suma de las exportaciones y las importaciones. El mundo cambia. Y por el momento lo único que ha quedado claro es que el capitalismo popular ha muerto. La partida la juegan unos pocos. Y hoy Europa está ausente.

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