El Gobierno confía en el fondo de rescate para relanzar la inversión pública

Vuelven las políticas clásicas de corte keynesiano. El Gobierno estudia relanzar la inversión pública como respuesta a la debacle económica originada por el coronavirus. Pero, al contrario de los que sucedió hasta 2007, cuando se pinchó la burbuja de crédito, se trata de hacer “otra política de infraestructuras”, como señalan fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En particular, destinada a mejorar las redes de transporte, que serán clave en el futuro poscovid.

El Gobierno, igualmente, tiene la intención de priorizar la inversión en vivienda, sobre todo en rehabilitación y nueva construcción destinada a alquiler, además de todo lo que tenga que ver con la transición energética. Es decir, se huye del viejo modelo, como sostienen las fuentes, en el que la inversión pública se consideraba un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar determinados objetivos.

No se trata, por lo tanto, de un nuevo Plan E como el que puso en marcha el expresidente Zapatero, que supuso un enorme gasto público que disparó el déficit, y lo que es todavía peor, fue ineficiente, como denunció años más tarde el Tribunal de Cuentas.

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EFE

El Gobierno tiene como referencia un informe del BCE que acredita que un incremento de la inversión pública afecta positivamente el crecimiento económico por dos vías. Por un lado, por la demanda agregada (consumo privado, público e inversiones) y, por otro, porque aumenta el potencial de crecimiento de la economía al aumentar el 'stock' de capital público. Sin embargo, como sostiene el informe del BCE, no vale todo el gasto, sino que hay que evaluar el coste-beneficio. En particular, teniendo en cuenta sus efectos sobre las finanzas públicas.

El BCE recuerda, en concreto, que los multiplicadores de la inversión pública dependen de cómo se financia el gasto. Y si se hace exclusivamente con impuestos o con deuda, en lugar de con avances en la productividad o con reformas institucionales, se puede conseguir un efecto no deseado. Es decir, que esa inversión resulte finalmente ineficiente, como ha sucedido con las inversiones en muchas de las líneas de AVE.

La inversión pública tiene a corto plazo consecuencias muy positivas, pero a largo puede frenar el crecimiento si no se hace con eficiencia

Como recordaba hace unos días Xavier Vives, uno de los economistas de mayor proyección internacional de España, mientras se hacían kilómetros de AVE no había dinero para financiar la dependencia, con las consecuencias que ha tenido esa política en las residencias de ancianos durante la crisis del covid-19.

La inversión pública, en definitiva, tiene a corto plazo consecuencias muy positivas, pero a largo puede frenar el crecimiento si no se hace con criterios de eficiencia económica.

Fondo de recuperación

El Gobierno no maneja todavía plazos para presentar esa nueva política de infraestructuras. Entre otras razones, porque el enorme aumento del déficit público, que se situará este año en el entorno del 10%, hace que el Estado carezca de recursos suficientes. De ahí que el Ejecutivo haya depositado sus esperanzas en el fondo de recuperación que diseña la Unión Europea, y que, en el mejor de los casos —no hay ninguna garantía—, se podría incluir en los Presupuestos Generales de 2021. El Ejecutivo, igualmente, también confía en la colaboración público-privada, aunque con otro enfoque “para que el Estado no acabe siempre pagando los fallos del mercado”.

El Gobierno reconoce que el margen es estrecho, porque se ha visto obligado a priorizar en las circunstancias actuales tanto la política de rentas como la liquidez a las empresas en aras de evitar el colapso de la economía y preservar el consumo, lo que tiene efectos sobre la demanda interna, ya que la propensión al gasto de las rentas medias y bajas es mayor.

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Europa Press

Desde el ministerio de José Luis Ábalos, se da por hecho que la tendencia a la desglobalización, no solo como consecuencia del coronavirus sino también por las guerras comerciales o el neonacionalismo económico, también tendrá importantes repercusiones sobre la política de infraestructuras. Y, en concreto, se considera que las cadenas de valor regionales tendrán mayor importancia, lo que obligará a los gobiernos a mejorar los planes de movilidad. En particular, la oferta de transporte metropolitano y, sobre todo, de mercancías, que históricamente ha sido olvidado por todas las administraciones.

España, de hecho, cuenta con la tercera menor cuota de transporte de mercancías por ferrocarril de la Unión Europea (UE), inferior al 4%, pese a que el tráfico en los puertos ha crecido un 43% desde 2011.

Niveles insostenibles

La nueva política de inversión pública en un contexto como el actual parte de una realidad. Al contrario de lo que sucedió en 2007, cuando estalló la burbuja del crédito y hundió el sector de la construcción, ahora hay margen de maniobra, ya que entonces los niveles de inversión habían alcanzado niveles insostenibles, incluso por encima del 30% del PIB sumando la inversión pública y la privada.

[Consulte el informe de Seopan aquí]

Hoy, por el contrario, la inversión pública se ha hundido. Según un informe reciente de Seopan, la patronal de la construcción y de las concesiones públicas, la contratación del conjunto de las administraciones en obra civil todavía se sitúa un 42% por debajo del máximo histórico, alcanzado en 2009 en medio del Plan E. En total, el año pasado, 9.890 millones de euros, pese a que desde 2016, y al calor de la recuperación económica, la contratación pública se ha incrementado un 148%.

El desplome de la inversión, que se ha hecho a costa de incrementar el gasto social, principalmente el vinculado al envejecimiento, explica que España vaya a incumplir la inmensa mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, y en el caso de las infraestructuras, las relacionadas con el medioambiente o el tratamiento de residuos urbanos.

No en vano, el 40% de la red de abastecimiento de agua tiene una antigüedad superior a los 30 años, mientras que el 44% de la red de alcantarillado fue construido hace más de 40 años, representando hasta el 76% en las áreas metropolitanas. Igualmente, como sostiene Seopan, la reducción del presupuesto de conservación de la red viaria ha originado un importante déficit en las inversiones de mantenimiento y reposición.

Seopan ha estimado que para que España pueda cumplir la Agenda 2030, se deberían invertir 103.000 millones de euros hasta entonces, lo que representa algo más del 8% del PIB. Ello implicaría incrementar un 40% la inversión pública anual hasta 2030. El fondo de recuperación de la UE tiene la palabra.