La sequía coge a España con la menor inversión hídrica en 25 años

La caída abrupta de las precipitaciones respecto de la media histórica está cogiendo a España con el pie cambiado. Al menos, en cuanto a inversión pública en planes hídricos. Los últimos datos muestran un descenso de la inversión en infraestructuras (básicas y no básicas) del 65%, lo que supone un nivel, incluso, inferior a hace 25 años.

No es una buena noticia habida cuenta de que los últimos datos de agua embalsada reflejan un descenso del 17,6% respecto de la media de los últimos 10 años. O lo que es lo mismo, la reserva hidráulica española se encuentra en estos momentos en el 58,1% de su capacidad total y con perspectivas de escasas lluvias en primavera que compensen la sequedad del invierno, que ha sido el de temperaturas más elevadas desde que hay registros (1965).

Tampoco lo es por el hecho de que algunos estudios, como el elaborado por la consultora PwC, estiman que ya en 2020 el porcentaje de población que habitará en zonas donde existe un "riesgo de escasez de agua extremo o alto" alcanzará el 29%. Otros informes, incluso, elevan ese porcentaje al 34%. En todo caso, alrededor de un tercio de la población. O expresado de otra forma, el porcentaje de superficie española en riesgo de desertificación ha pasado en la década anterior del 31 al 37%, y creciendo.

¿Cómo se está combatiendo este proceso imparable de empobrecimiento de la tierra? Pues ni más ni menos que con menos inversión pública. Hace un cuarto de siglo, los ministerios de Fomento y Agricultura invertían algo más de 1.130 millones en infraestructuras y calidad del agua, pero en 2017, con datos ya cerrados, esa cantidad se ha hundido hasta los 703 millones, después de haber alcanzado un pico de 1.983 millones en 2008, en plena burbuja económica. Es decir, una caída del 65% en apenas una década.

En palabras de Gonzalo de la Cámara, director académico del Foro del Agua, "es insólito" que un país amenazado por la desertificación de buena parte de su territorio invierta cada vez menos en infraestructuras, cuando "incluso en los años húmedos" tiene problemas relacionados con la sequía.

Lo preocupante, sin embargo, no es solo el 'stock' de hectáreas en riesgo de desertificación, también su evolución. Un reciente informe del Ministerio para la Transición Ecológica sobre los efectos del cambio climático en España ha detectado "un claro aumento de la extensión de superficie con climas semiáridos", que sus autores han estimado en más de 30.000 km² en 50 años, lo que significa casi cuatro veces el tamaño de la Comunidad de Madrid. Es decir, en torno al 6% de la superficie de España.

Las zonas más afectadas serán Castilla-La Mancha, el valle del Ebro y el sureste peninsular. Es más, alrededor de 32 millones de españoles, según el Gobierno, se ven ya afectados, de una manera u otra, por el cambio climático.

Superficie cultivada

El drama es todavía mayor si se tiene en cuenta que, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, España, por su tamaño, es el primer país en superficie regada de la Unión Europea, con más de 3,7 millones de hectáreas, lo que supone el 22% de la superficie cultivada y el 67% de la producción vegetal. Cerca del 53% de esta superficie es de riego localizado, lo que sitúa a nuestro país —la auténtica huerta de Europa— como líder mundial en la implantación de este sistema. Como consecuencia de ello, alrededor del 70% del agua consumida es para labores agrícolas. Paradójicamente, porque a medida que la agricultura es más eficiente (y España ha avanzado muncho en este terreno) también aumenta la productividad, y eso genera, necesariamente, mayores necesidades de agua.

Esta realidad, sin embargo, se enfrenta con un intenso envejecimiento de las infraestructuras. Un estudio de la patronal del sector, Aeas (Asociación Española de Aguas y Saneamiento), ha estimado que apenas el 29% de las instalaciones tiene menos de 15 años; el 30%, entre 15-30 años y el 41% restante cuenta con más de 30 años. Asimismo, dice el sector, se observa un progresivo envejecimiento de las redes de alcantarillado, que actualmente suman 165.000 km de longitud. Su porcentaje de renovación es del 0,6% y solo el 26% tiene menos de 15 años; el 34% tiene entre 15-30 años y el 40% más de 30 años.

Las cifras contrastan, sin embargo, con la realidad de la inversión pública. Según la consultora PwC, España es el país de la UE donde históricamente las inversiones en agua tienen menor peso en comparación con los costes de explotación; y es el país, además, donde las inversiones en agua sobre el PIB tienen el porcentaje más bajo (0,1% contra el 0,27% de media). Es decir, España cuenta con un déficit estructural de inversiones en agua en unos momentos en los que las distintas administraciones públicas tienen una situación financiera que dificulta su capacidad para acometer nuevos proyectos en esta materia.

¿Consecuencias? El "déficit histórico de inversión", como dice el profesor De la Cámara, se hace más evidente en el saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España incumpla la directiva sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. España, de hecho, destina la mitad que Europa en la renovación de infraestructuras: 60 euros por habitante en lugar de 120. Pese a ello, muchos alcaldes están prometiendo bajar las tarifas del agua, lo que solo puede compensarse con mayor gasto público que ya no pagan los consumidores, sino todos los contribuyentes. Una especie de incentivo perverso para regular un bien que en España es estructuralmente escaso.

Menos inversiones

Los datos de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, los que decayeron en el Congreso, le dan la razón a los autores del estudios de PwC. Según el Informe Económico y Financiero que acompaña a los PGE, el presupuesto previsto de las confederaciones hidrográficas descendía un 8,1%, hasta los 680 millones de euros, lo que se explica, fundamentalmente, tanto por la disminución de los créditos destinados a la amortización de deuda, como por la reducción de las inversiones.

Si se echa la vista más atrás, el resultado no mejora. Según un informe de Seopan, la patronal de la construcción, el volumen inicial de inversión pública en 2017 —los datos de ejecución presupuestaria de 2018 todavía no están cerrados— del Ministerio de Agricultura y sus entes mercantiles se elevó a 1.174 millones de euros, lo que representó un 33% por debajo de los recursos disponibles en el anterior presupuesto.

En términos de inversión total, la Administración General del Estado concentra el 53% de las inversiones; las regiones, el 30% y las corporaciones locales el 6%. Es decir, es un asunto que afecta al conjunto del sector público. Alrededor de un 10% está repartido entre varias combinaciones de organismos públicos y particulares.

Es un asunto que afecta al conjunto del sector público

Durante años, la política tradicional ha sido la construcción de grandes presas que necesitan inversión en mantenimiento y mejora de las instalaciones (por ejemplo, en seguridad) que no siempre llega, lo que marca su eficiencia energética y medioambiental.

Los últimos datos oficiales muestran que en España existen 1.200 consideradas como 'grandes presas', con una capacidad aproximada de 56.000 hm³. De aquella cifra, unas 450 presas (algo más de la tercera parte) son anteriores a 1960 y más de 100 ya existían en el año 1915. España es, de hecho, el país de Europa con más presas y el cuarto a nivel mundial, según el Centro de Estudios Hidrográficos.