El Gobierno movilizará más de 50.000 millones para frenar la crisis del coronavirus

Francia, Alemania e Italia ya han anunciado sus planes de estímulo económicos, y son muy ambiciosos, con el objetivo de que sea el Estado quien asuma la mayor parte del coste de la crisis provocada por el coronavirus. Además, el Eurogrupo ha dado luz verde a que los países aprueben grandes paquetes de ayudas y liquidez, que alcanzarían el 11% del PIB. Ahora solo queda por conocer hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos para combatir la crisis económica que se avecina. El Ejecutivo, que va a la cola de Europa en la adopción de medidas, es consciente de que “es la hora de la verdad” y ya no se puede actuar “con ambigüedad y tibieza”, señala una fuente próxima al presidente.

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el plan de choque con el que movilizará más de 50.000 millones de euros para evitar el colapso económico, explican fuentes del Ejecutivo, y que incluye tanto estímulo fiscal (con coste presupuestario) como avales, créditos y liquidez (que el Estado recuperará en su mayoría). Estos segundos serán la mayoría, lo que significa que el Estado recuperará el dinero una vez superada la crisis. Una cuantía que se uniría a los 18.000 millones del primer plan económico que anunció el Ejecutivo la semana pasada. La cuantía concreta solo se conocerá cuando los ministros cierren el texto definitivo del acuerdo, que en la noche del lunes todavía seguía abierto y guardado con máxima cautela.

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El Eurogrupo dio el mismo lunes luz verde a los países miembros para que movilicen recursos equivalentes al 11% del PIB de media (un 1% de estímulo fiscal y un 10% de liquidez). En el caso español, este 11% supondría movilizar más de 135.000 millones de euros, lo que significa que Europa está pidiendo incluso un esfuerzo más fuerte a España, dada la magnitud de la crisis potencial.

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El Ejecutivo construirá su plan de choque económico en torno a tres ejes: canalizar los ajustes de plantilla hacia reducciones temporales de empleo, aliviar una parte de los costes de la caída de la producción y la demanda para las empresas y garantizar la liquidez del tejido productivo. Esta última partida será la más abultada, ya que el mismo lunes el Gobierno barajaba una cuantía de entre 50.000 y 70.000 millones de euros.

La mayor parte se movilizará a través del ICO, principalmente en forma de avales a empresas, pymes y autónomos. El Ministerio de Economía es consciente del aumento de la tensión en los mercados financieros, incluso a pesar de las inyecciones de liquidez introducidas por los bancos centrales. Estas tensiones pueden cortar el flujo del crédito, especialmente hacia las empresas de menor tamaño, lo que podría provocar quiebras de firmas solventes.

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Para evitar este escenario, el Gobierno concederá avales a estas empresas para que puedan solicitar financiación a la banca, por lo que será quien asuma el riesgo. Economía quiere que sean los bancos quienes movilicen la mayor parte de la financiación empleando las inyecciones de fondos que está realizando el Banco Central Europeo (BCE).

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El Gobierno también facilitará la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que las empresas no hagan despidos y sea el Estado quien asuma la mayor parte de los costes salariales. La intención del Ministerio de Trabajo es que se puedan acelerar los trámites a cinco días para que esta vía de ajuste sea más atractiva para las empresas. En cuanto a los trabajadores, la intención del ministerio es que esta prestación incluya a todos los afectados en un ERTE, incluso a aquellos que no han acumulado cotizaciones suficientes para ser beneficiarios, y que esta prestación no se descuente del seguro por desempleo.

El Gobierno también contempla medidas exclusivas para los autónomos. La más importante es el cese de actividad, conocido como el 'paro de los autónomos'. El Consejo de Ministros tiene ya un principio de acuerdo para garantizar que todos los afectados puedan cobrar su prestación, por la que están cotizando. Además, el Ejecutivo está estudiando conceder algún tipo de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social para aliviar de cargas de este colectivo.

Un gran fondo social

La dificultad para avanzar en las negociaciones responde a las discrepancias entre ministros sobre el estímulo fiscal necesario: mientras una parte defiende que las medidas deben ser contundentes para frenar la crisis de raíz, la otra considera que es importante guardar alguna bala en la recámara, para tener margen de acción en caso de fallar el primer disparo. Sobre todo si se tiene en cuenta que el margen fiscal de España no es muy holgado.

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Desde Unidas Podemos, seguían presionando hasta última hora de la noche de ayer para crear un fondo social extraordinario centrado en paliar los efectos de la crisis por el coronavirus entre los trabajadores y reforzar los servicios sociales de cara a garantizar la asistencia a los colectivos más vulnerables. Sobre la mesa se han puesto distintos mecanismos de financiación con cargo a Presupuestos, al ICO y al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, además de permitir a los ayuntamientos utilizar el superávit en medidas de contención y asistencia social.

Un auténtico 'new deal' que han propuesto complementar con la aportación de los bancos y las eléctricas, al proponer medidas como permitir una moratoria en el pago de las hipotecas a aquellas personas que vean reducidos sus ingresos por la crisis y prohibir el corte de suministros de luz o gas. Hay dos bloques en el Gobierno, como ya se manifestó el pasado sábado, "uno que defiende priorizar la macroeconomía, el Ibex 35 y la banca, y otro que quiere priorizar a los parados, trabajadores, familias y autónomos", explicaba a este diario una fuente del partido morado.

La prioridad de Unidas Podemos es dedicar todos los recursos a proteger a “los parados, trabajadores, familias y autónomos”

Este martes se sabrá hacia dónde se inclina la balanza, pero desde Unidas Podemos eran optimistas después de que varios países adoptasen medidas en la línea de sus peticiones. El último, Francia, que, según anunció anoche Enmanuel Macron, aprobará moratorias en el pago de los alquileres e hipotecas, prohibirá el corte de suministros por impago e incrementará las ayudas a las pymes y autónomos afectados por la crisis.

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La prioridad para Unidas Podemos es dedicar todos los recursos de que disponen las distintas administraciones a reducir las consecuencias económicas de esta crisis en “los parados, trabajadores, familias y autónomos”. Para ello, abogan por el aplazamiento del pago de las cuotas y cotizaciones sociales, facilitar a los autónomos la prestación por cese de actividad, así como el acceso los ERTE, y utilizar créditos del ICO a tipos cero para financiar las empresas que mantengan los puestos de trabajo y afronten el pago de salarios y proveedores.

La filosofía que defienden es que se debe aprender de la crisis de 2008 y anticiparse a sus consecuencias blindando los servicios sociales y haciendo frente a la paralización de la actividad económica y laboral con un fuerte gasto social.