Sánchez infla el plan contra el coronavirus: el 90% son préstamos sin coste para el Estado

El déficit estructural de España superó el 3% del PIB en 2019, según las estimaciones de la Comisión Europea. Décima arriba o abajo, la realidad es que España abandonó hace tiempo sus planes de ajuste y en los últimos años ha aplicado políticas expansivas solo maquilladas por el crecimiento económico y sus estabilizadores automáticos. La realidad, sin embargo, es que el agujero de las administraciones públicas ha crecido en los últimos años, hasta superar el umbral del 3%, que es la regla de oro europea. La persistencia de políticas fiscales expansivas durante los años de crecimiento impidió reducir la deuda pública, que sigue en el entorno del 96% del PIB, muy lejos del 60% que marca como límite la normativa europea.

En esta situación, la inesperada crisis del coronavirus ha sorprendido a España sin margen para aplicar un gran paquete de estímulo fiscal capaz de apoyar al sector privado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un gran plan de choque contra la potencial crisis económica del coronavirus. Sin embargo, la mayor parte de este paquete fiscal se limita a conceder adelantos a comunidades autónomas y empresas para que sean ellas quienes asuman el impacto económico de la crisis.

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El presidente desgranó medidas cuyo coste asciende a 18.200 millones de euros, de los cuales, más del 90% son préstamos, ya sea canalizados a través de anticipos de liquidez, aplazamientos de impuestos o créditos del ICO. Eso sí, todo ello deberá ser reintegrado a Hacienda, y casi la totalidad antes de que acabe el año. De esta forma, el Gobierno evidencia el escaso margen fiscal del que dispone. Con un déficit estructural del 3% del PIB, una deuda pública superior al 95% y unos Presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo, las posibilidades ejecutivas del Gobierno se reducen drásticamente.

La principal medida que ha puesto en marcha el Consejo de Ministros es conceder aplazamientos y fraccionamientos en el pago de impuestos para empresas y autónomos. Hacienda ha concedido un margen de seis meses para que abonen las retenciones del IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades, aunque solo los tres primeros meses estarán exentos de intereses. Los tres meses siguientes sí tendrán recargo. En total, esta medida permitirá liberar 14.000 millones de euros al tejido productivo más vulnerable, esto es, tres de cada cuatro euros de todo el plan de choque. En cualquier caso, no afectará a la recaudación total de los impuestos, ya que las empresas tendrán que abonarlos, como muy tarde, en diciembre.

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A esta medida se unen 400 millones más que el Ministerio de Economía liberará en ayudas a los dos sectores más afectados por el brote del coronavirus: hostelería y transporte. Sin embargo, también son adelantos que las empresas tendrán que devolver. En este caso, se vehiculan a través de créditos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) que recibirán las empresas en condiciones financieras favorables.

El Gobierno ha dispuesto 3.800 millones para apuntalar el sistema sanitario, pero el 75% de estos fondos lo pondrán las comunidades

Sánchez también ha dispuesto 3.800 millones de euros para apuntalar el sistema sanitario ante el colapso de muchos hospitales como consecuencia del incremento del número de afectados. Sin embargo, el 75% de estos fondos lo tendrán que poner las comunidades autónomas. Lo que ha hecho el Gobierno es revisar el pago de 2.800 millones de euros correspondientes al sistema de financiación ordinario. Esto es, dinero que les llega antes a las comunidades autónomas, pero no tendrán más recursos extraordinarios, algo que ha generado malestar en las regiones más afectadas por la enfermedad.

Las entregas a cuenta para este año como consecuencia de la prórroga presupuestaria se estimaron en 103.000 millones de euros, esto significa que los 2.800 millones adicionales de la actualización de las entregas se corresponden con 10 días de financiación. Si las CCAA deciden gastarlo por adelantado en contener el coronavirus, tendrán que renunciar a otras partidas o elevar su déficit público por encima de los objetivos de déficit recién aprobados.

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El Ministerio de Sanidad aportará 1.000 millones en la lucha contra el coronavirus. Esta es la medida con impacto presupuestario más importante de todas las que aprobó el Consejo de Ministros el jueves. El Ejecutivo utilizará esta partida para realizar las "intervenciones sanitarias prioritarias" que determine Sanidad, explicó Sánchez el lunes. Además, el Gobierno destinará 25 millones de euros en ayudas a familias con niños afectadas por los cierres de comedores escolares.

Este paquete de medidas permite a Sánchez guardar el escaso margen fiscal del que dispone España para adoptar otro tipo de medidas en el futuro. El Gobierno también ha frenado en Europa el ambicioso plan fiscal impulsado por Italia y Francia para evitar "comportamientos irresponsables", según han explicado fuentes del Ministerio de Economía. Dada la incertidumbre que genera la crisis del coronavirus sobre su duración y su impacto, es importante que el diseño de los estímulos sea fino para evitar un nuevo Plan E.