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Trabajo impulsa fórmulas para que el Estado cubra parte de los salarios de los empleados
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Trabajo impulsa fórmulas para que el Estado cubra parte de los salarios de los empleados

El mes de marzo será devastador para el empleo. Y eso explica que Trabajo esté buscando fórmulas para que el Estado pague una parte de los salarios de los trabajadores afectados

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado. (EFE)

La fórmula no esta todavía perfilada. Dependerá de lo que acuerden la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y, posteriormente, el Consejo de Ministros del martes, pero lo que ahora está sobre la mesa es una estrategia “novedosa” para abordar el desastre laboral que se avecina a consecuencia del coronavirus.

En concreto, según fuentes bien informadas, se trataría de que el Estado compartiera una parte del salario de aquellos trabajadores que pudieran perder su empleo por la inactividad de su empresa. Ahora bien, siempre que no se rompiera la relación laboral. Es decir, siempre que no hubiera despidos.

Los porcentajes no están definidos, pero lo que se pretende es que una parte del salario, como se ha dicho, la pague el Estado, otra el empleador y un porcentaje aún no determinado sería asumido por el propio trabajador. El objetivo es sustituir las rentas salariales por una especie de contribución del Estado para evitar un “doble pánico”. Por un lado, el que es propio del coronavirus desde un punto de vista de salud pública, y, por otro, el pánico en el que un trabajador puede entrar si además de estar 15 días sin salir de casa comprueba que se ha roto su relación laboral con la empresa.

Y hay que tener en cuenta que los datos más recientes que obran en poder del Ministerio de Trabajo son demoledores. Según se explica, en los últimos días ha llegado una “cantidad ingente” de peticiones de información a los funcionarios por parte de las empresas sobre cómo sacar adelante un expediente de regulación de empleo o uno de suspensión temporal.

Esa contribución del Estado, lógicamente, estaría tasada en el tiempo y solo duraría mientras la crisis siga abierta. La cantidad concreta se situaría en un término medio entre lo que cobraría el trabajador por desempleo y su salario real. Se insiste en que se trata de una situación excepcional y que, por lo tanto, la fórmula debe ir más allá de los mecanismos que existen ahora.

Despido o extinción

En España, al contrario de lo que ocurre en otros países, no existe una fórmula, como la llamada mochila austriaca u otros sistemas similares, capaz de garantizar un salario a los trabajadores para situaciones de crisis. Por el contrario, es el Fondo de Garantía Salarial quien cubre la contingencia en caso de despido o extinción de la relación laboral. Y lo que pretende Trabajo es, precisamente, evitar que se produzca esa ruptura de la relación laboral.

El análisis económico que se hace parte de una realidad. La crisis actual poco tiene que ver con la de 2008, ya que, por una parte, el Estado se endeuda a tipo cero, incluso en tasas negativas en los plazos más cortos, y, por otra, la propia Comisión Europea ya ha dicho que todo el dinero que se gaste en combatir los efectos económicos del Covid-19 no se contabilizará a efectos del déficit público. Algo que deja manos libres al Gobierno para hacer política social y evitar que la crisis acabe en una catástrofe económica.

La formula que se ha diseñado afecta, fundamentalmente, a las microempresas, que son una inmensa mayoría en el tejido productivo español, y que son, lógicamente, las que tienen menos colchón financiero para afrontar este tipo de crisis. La liquidez bancaria, aunque fuera con el aval del Estado, no les solucionaría un problema tan acuciante como es pagar las nóminas de sus trabajadores a finales de mes. Tampoco es un problema de demanda, toda vez que los consumidores no gastan por el simple hecho de que están en casa, no porque no lo pretendan.

Foto:  La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), durante la reunión con los dirigentes de las patronales, CEOE Antonio Garamendi (2d), y CEPYME Gerardo Cuerva (d), y de los sindicatos, CCOO Unasi Sordo (2i) y UGT, Pepe Álvarez (i) (EFE)

Como se ha dicho, aunque todavía no hay datos oficiales sobre el número de ERE y ERTE que se han podido hacer hasta el momento por vía telemática, solo hay que tener en cuenta que el año pasado, en marzo, un mes tradicionalmente bueno para el empleo, se hicieron 1,70 millones de contratos, muchos de los cuales son renovaciones alrededor de un mismo puesto de trabajo. Y son precisamente los sectores más castigados por el parón económico, como el comercio, la hostelería o el turismo, los que tienen más empleo de carácter temporal.

Según los datos del Ministerio de Trabajo hasta diciembre de 2019, en España había 1,34 millones de empresas inscritas en la Seguridad Social, que daban empleo a 14,20 millones de trabajadores asalariados (sin contar autónomos o empleados públicos). De esas, el 99,6% tiene menos de 250 empleados, pero es que hay 1,15 millones de empresas con nueve o menos trabajadores, y son las más vulnerables a un periodo largo de suspensión de cualquier actividad económica. Sin olvidar que casi el 74% de las empresas pertenece al sector servicios, que es el más expuesto a la actual situación.

La fórmula no esta todavía perfilada. Dependerá de lo que acuerden la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y, posteriormente, el Consejo de Ministros del martes, pero lo que ahora está sobre la mesa es una estrategia “novedosa” para abordar el desastre laboral que se avecina a consecuencia del coronavirus.

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