Sindicatos, empresas y autónomos critican al Gobierno por retrasar la ayuda económica

El Gobierno ha decretado este sábado el estado de alarma en España para frenar la expansión del coronavirus, lo que en términos prácticos supone la parálisis, casi total, de la actividad económica en España. A partir de este sábado, la población queda confinada en sus casas con el objetivo de frenar el contagio del coronavirus. El impacto económico será total, pero el Ejecutivo ha optado por retrasar el paquete de medidas económicas hasta el próximo martes, cuando se celebrará el Consejo de Ministros ordinario. De este modo, todavía tardará en entrar en vigor el paquete de medidas que llevan días solicitando los agentes sociales. El motivo no es otro que el enfrentamiento dentro del Consejo de Ministros por las medidas a adoptar y que van desde las ayudas a los ajustes temporales de empleo, hasta el acceso de los autónomos al cese de actividad o el control de los centros de producción.

Después de varias horas de reunión sin alcanzar un acuerdo, finalmente el Ejecutivo optó por aprobar el estado de alarma sin el paquete de auxilio económico complementario, lo cual ha generado una gran preocupación entre sindicatos, autónomos y empresas. La incertidumbre es máxima en este momento, porque el tejido productivo tendrá que ajustarse al desplome de la demanda y las limitaciones para mantener su actividad. Eso significa que muchos trabajadores ya son prescindibles desde la semana pasada y todavía no se sabe cuáles serán las medidas de apoyo del Gobierno. De hecho, ni siquiera se ha puesto en marcha la prestación a los trabajadores que tengan que cuidar de personas dependientes como consecuencia del cierre de colegios y centros de mayores.

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En medio de este caos económico, los más críticos con el Gobierno son los sindicatos. En un comunicado conjunto de CCOO y UGT alertan al Gobierno de que "se están multiplicando los despidos y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), normalmente de suspensión de la actividad", lo que significa que "miles de trabajadores y trabajadoras se están quedando sin actividad y en muchos casos están perdiendo el empleo". El Ejecutivo conoce todos estos datos, ya que cuenta con la información de las altas y bajas diarias a la Seguridad Social y los registros de las oficinas de empleo.

"Es el momento de actuar para que la caída de la actividad, producto de la situación de emergencia sanitaria que vivimos, se canalice por fórmulas distintas a la extinción de contratos", alertan los sindicatos. Una vez más, España se enfrenta al peligro de que se destruyan miles de puestos de trabajo por que el ajuste no se canalice hacia la reducción de jornadas y los sindicatos alertan del grave riesgo que ello supondría. "No caben más demoras. Hay que actuar protegiendo a las personas. Y hay que hacerlo ya", alertan.

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"La dureza de estas medidas está teniendo, y más va a tener, un efecto económico demoledor en el corto plazo", continúan los sindicatos en su comunicado, "en miles de centros de trabajo se está procediendo a despedir trabajadoras y trabajadores, o proceder a ERTE". Eso significa que si el Gobierno no establece los cauces para asumir una parte de las pérdidas provocadas por las medidas de confinamiento, el tejido productivo va a responder eliminando puestos de trabajo hasta que se recupere la normalidad. Y lo harán rápidamente. Una vez que se activen los despidos, la economía entra en un círculo perverso de destrucción de empleo y caída de la confianza de consecuencias imprevisibles. La crisis de 2008, que en Europa se repitió en 2011, demostró que la demora en atajar la caída económica provoca crisis más largas y profundas porque va destruyendo activos.

Contención temprana

El riesgo es tan elevado que sindicatos y empresas solicitan al Gobierno que no espere hasta el martes para adoptar el paquete de medidas económicas. Y no solo para establecer ayudas, sino también para clarificar el escenario normativo de modo que se corte la incertidumbre actual. CCOO y UGT consensuaron con las patronales CEOE y Cepyme un paquete de medidas económicas que permitiría mitigar el impacto del estado de alarma sobre el empleo. La principal de ellas es la creación de un fondo extraordinario que financie los ajustes en el empleo para que se adopten regulaciones temporales de empleo y no se produzcan despidos.

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Este fondo permitiría a las empresas reducir sus costes salariales mediante ajustes temporales de plantilla y estos trabajadores cobrarían una prestación para mantener el flujo de ingresos. Con esta medida, sería el Estado quien asumiría la mayor parte del impacto económico producido por el hundimiento de la producción que ya se está produciendo y que se incrementará en las próximas semanas.

En este contexto, los más afectados son los autónomos y las microempresas, ya que es justo la parte del tejido productivo con menor capacidad de adaptación a una crisis. "En un momento de nervios, el retraso en las medidas añade más incertidumbre", lamenta María José Landaburu, secretaria general de Uatae. Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia que "el Gobierno no está a la altura de lo que se requiere". "No se puede pedir responsabilidad a ciudadanos, empresas y autónomos y que el Gobierno no asuma su propia responsabilidad", lamenta Amor.

Sánchez ha adelantado que el plan de choque económico que aprobará el próximo martes van en cuatro líneas principales, pero sin entrar en más detalles. La primera es el apoyo a trabajadores, autónomos y colectivos vulnerables. La segunda es la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal, los ERTE. La tercera serán líneas de liquidez para garantizar que ninguna empresa solvente tenga problemas de pagos. Y, por último, el apoyo económico a la investigación médica contra el coronavirus.