Un año perdido para la reducción del déficit: 2019 se quedará cerca del 2,5% de 2018

En el fragor de la batalla política —baile de sillones, vetos cruzados, Cataluña y un largo etcétera—, los partidos políticos se han olvidado de la debilidad de las cuentas públicas españolas. La deuda pública, que asciende al 99% del PIB, es una de las principales vulnerabilidades del país, pero está desaparecida en la actualidad política. La realidad es que este será el peor año para el ajuste de las cuentas públicas desde el año 2009 (si se excluyen los rescates bancarios). La desaceleración de la economía y la revisión a la baja de los cálculos del INE para la primera mitad del año están provocando una oleada de revisiones de las previsiones de déficit que lo acercan cada vez más al 2,5% del PIB, nivel en el que cerró 2018.

El primero en responder al nuevo escenario económico fue el Banco de España, que corrigió su estimación de déficit para este ejercicio y la elevó hasta el 2,4% el pasado 24 de septiembre, y rebajó la de crecimiento del PIB hasta el 2% (en torno al 3% nominal). Esto significa que su previsión de déficit nominal para 2019 se sitúa en el entorno de los 29.700 millones de euros, muy cerca de los 30.400 millones de 2019. Esto significa que será el menor ajuste del déficit desde 2009 (excluidas las ayudas a la banca).

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En las últimas semanas, se ha producido una cascada de actualizaciones de casas de análisis que elevan su previsión de déficit para España. La última ha sido Axesor, la agencia de calificación, que ha subido su previsión hasta el 2,3%. Morgan Stanley y Berenberg Bank han elevado su estimación hasta el 2,4%, y el servicio de estudios de ABN Amro lo sitúa ya en el 2,6%. Esto significaría no solo que España no reducirá el déficit público este año sino que lo estaría elevando.

Ninguna casa de análisis tiene actualmente el optimismo del Gobierno con las cuentas públicas. El cuadro macroeconómico, que no ha sido revisado desde el inicio del año, mantiene una estimación de déficit del 2% para este ejercicio. Una cuantía que los analistas descartan en masa. El ritmo de crecimiento de la economía es insuficiente para permitir esa reducción del déficit y la evolución de los gastos no da tregua. Según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), el desfase presupuestario aumentó un 17% en la primera mitad del año.

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Todavía es pronto para precisar cuál será el desfase de las cuentas públicas al cierre del año, ya que todavía no se conocen las cifras relativas al tercer trimestre del año y también existe una gran incertidumbre sobre cómo evolucionará la economía de cara al cierre del año. En lo que hay más coincidencia es en que España ha perdido un año de crecimiento e ingresos públicos históricos sin reducir el déficit público. Una situación provocada por las políticas de gasto del Gobierno (entre ellas, las subidas de las pensiones y de los salarios de los trabajadores públicos), por el rechazo a los Presupuestos y, en definitiva, por el bloqueo político. No habrá ajuste posible sin cambios normativos.

Si finalmente el déficit público cierra el año por debajo del 2,5%, será solo una 'victoria nominal', porque el verdadero problema seguirá oculto debajo. Es el ciclo económico el que contiene el aumento del déficit nominal, pero el estructural crecerá este año como consecuencia del incremento normativo del gasto sin las mismas mejoras en los ingresos.

Si finalmente el déficit público cierra el año por debajo del 2,5%, será solo una 'victoria nominal', porque el verdadero problema seguirá oculto

Es cierto que la subida de las cotizaciones sociales derivadas del incremento de las bases mínimas y máximas ha mejorado los ingresos estructurales, pero los gastos lo han hecho en mayor medida. El resultado es que la situación de las cuentas públicas españolas es que empeoran su situación a pesar del 'maquillaje' del crecimiento cíclico.

En 2019 se han cerrado las dos principales vías de ahorro que tuvo el sector público durante los últimos años: la caída de los tipos de interés de la deuda y el ahorro en prestaciones de desempleo. Sin este ahorro y con los gastos extra derivados de los cambios normativos —subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios, mejora de la protección al desempleo, viernes sociales, etc.—, el resultado es que hasta julio el gasto no financiero de la Administración central ha crecido un 10,96%. Un crecimiento de los empleos corrientes que dificulta la mejora del saldo presupuestario a pesar de que han crecido un 9,65%.