EL EJECUTIVO DE COALICIÓN EN ESTADO DE ALARMA

El "escudo social" ante la crisis, clave de la división en el Gobierno

Un sector del Gobierno es partidario de medidas anticíclicas y de expansión fiscal que mitiguen los efectos previstos de la crisis

Foto: Reunión del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado en la Moncloa. (EFE/Jose María Cuadrado Jiménez)
Reunión del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado en la Moncloa. (EFE/Jose María Cuadrado Jiménez)
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Se suele decir que todo Gobierno termina siendo un Gobierno de coalición de todos los ministros con el responsable de Hacienda, que es quien controla el grifo del dinero y con quien hay que pactar y discutir cualquier decisión.

Ahora en España hay un Gobierno de doble coalición: la conocida de los dos partidos que la forman (PSOE y Unidas Podemos) y la que aflora estas semanas entre algunos de los ministros y las dos responsables de la Economía. Esas diferencias entre la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con algunos de los miembros de mayor peso del Gobierno han estallado esta semana, aunque ya habían asomado cuando se discutieron otras medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la limitación de los desahucios o el decreto de ayudas al campo, entre otras. Al margen quedan las discrepancias por otros asuntos como el proyecto de Ley de Libertad Sexual que tienen otra lógica política y personal.

Todas esas discusiones dejan, además, jirones en forma de recelos entre los miembros del Gobierno. Lo positivo es que no hay unilateralidad o imposición, sino discusión casi artículo por artículo.

La particularidad es que, además, a la natural disputa entre ministros procedentes del PSOE y ministros procedentes de Unidas Podemos se han añadido estos días otros como el titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que básicamente ha tomado partido por la posición que defienden el vicepresidente Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y Alberto Garzón.

También se ha alineado en esta tesis en gran parte del debate el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que como número dos del PSOE ha roto la división entre socialistas y podemitas, para convertirlo en una discusión más transversal.

Al menos, en lo que se refiere a lo que algunos ministros denominan el "escudo social", que consiste en un conjunto de medidas para hacer frente desde ya a la crisis socioeconómica que se avecina por el coronavirus. La tesis de los que lo defienden es que estamos en una situación similar a la de 2008, cuando arrancaba la gran crisis y, por eso, es necesario empezar a tomar ya medidas anticíclicas, a diferencia de lo que se hizo entonces.

Han defendido con carácter previo un decreto muy restrictivo, de control estricto de movimientos de los ciudadanos, mientras que Calviño siempre ha alertado sobre las graves consecuencias económicas de tal decisión.

Aseguran que la propia declaración de alarma incluye medidas de restricción de movimientos que, en sí mismas, ya suponen cierre de negocios, despidos de trabajadores, imposibilidad de pagar alquileres e hipotecas y todo un catálogo de dramas sociales que requieren anticiparse desde el Gobierno. La conclusión, además, de todo eso es el obvio y brusco descenso del consumo interno, con una caída más brusca e inmediata que la de la crisis de 2008.

Ya en esos días es visible esa situación en sectores como el turístico que ha quedado devastado por anulación de festejos como las Fallas, las procesiones de Semana Santa y cualquiera de las previstas para los próximos meses. Esas decisiones se traducen en miles de contratos rescindidos.

Estos ministros defienden medidas para los desahucios, para ampliar prestaciones sociales para trabajadores recluidos en sus domicilios, ayudas a autónomos, refuerzo de las ayudas a los que sufran ERTE o ERE, fondos de créditos para empresas y moratorias para hipotecas y alquileres, entre otras. Todo ello requiere una inyección notable de fondos públicos.

El problema es que las medidas necesarias para paliar esos graves efectos sociales requieren una política de expansión fiscal a la que se han opuesto Calviño y Montero. Según los críticos, los dos miembros del Gobierno "mantienen sus posiciones como si nada hubiera pasado" y según los departamentos económicos no es posible lanzarse a una política irresponsable de gasto, incluso, en esta situación de grave crisis social.

Con las diferencias obvias, la discusión es similar a la que durante años mantuvieron los partidarios de las políticas económicas expansivas y los partidarios de la austeridad que, por cierto, fueron los que finalmente se impusieron.

La discusión se inició durante la semana, en los dos Consejos de Ministros, en las reuniones de los departamentos concernidos sobre el coronavirus y, sobre todo, en las reuniones de las Comisiones Delegadas para Asuntos Económicos. En las primeras, Calviño se resistió a la declaración de alarma por entender que podía tener consecuencias irreversibles en la economía y en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del jueves se discutió hasta última hora sobre ese llamado "escudo social" y la duda entre políticas expansivas y políticas de austeridad.

Aparentemente, el viernes ganaron los partidarios de la protección que, a su vez, habían ganado ya la batalla por el estado de alarma. En el Consejo de Ministros extraordinario que este sábado debía redactar el decreto y aprobar las medidas reprodujo de nuevo el debate, tan intenso que la comparecencia de Sánchez, anunciada inicialmente para las 14 horas, no se produjo hasta casi las 21 horas. Y la aprobación de las medidas quedó finalmente aplazada para el martes y, probablemente, seguirá la discusión. Se volvió a hablar del alcance del estado de alarma, en función del citado criterio económico y social.

Iglesias y los ministros de Podemos insistieron en la idea de actuar respecto a las compañías farmacéuticas y la sanidad privada.

El lunes está prevista una reunión del Eurogrupo y es posible que el Banco Europeo de inversiones inyecte más fondos, lo que facilitaría la aplicación inmediata del plan de choque.

A ese debate social se une el autonómico, en la medida en la que el estado de alarma reduce competencias autonómicas y, obviamente, choca con los gobiernos de País Vasco y Cataluña, pero también con algunos en manos del PP. Estaba previsto que este sábado por la tarde el presidente del Gobierno mantuviera una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos, pero, finalmente, no tendrá lugar hasta este domingo.

¿A quién ha apoyado Sánchez?

Hasta ahora, en casi todas las discusiones, el presidente del Gobierno ha mantenido una gran sintonía con Pablo Iglesias. De hecho, ellos han desbloqueado algunas de las discrepancias. El viernes viró hacia la tesis de Iglesias en favor de la declaración de alarma y aún no hay resultado sobre su posición respecto a las medidas económicas y sociales.

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