Para la próxima legislatura

Las recetas de los partidos para los cinco problemas estructurales de la economía

La próxima legislatura debería ser la de las reformas estructurales, ya que la agenda lleva congelada un lustro. La fragmentación política es el mayor riesgo. ¿Qué propone cada partido?

Foto: Economía. (iStock)
Economía. (iStock)

El nuevo gobierno que salga de las urnas a partir del domingo se enfrentará a un país que ha bloqueado su agenda reformista durante un lustro. En sus manos está darle un nuevo impulso a esta agenda para afrontar los retos estructurales que quedan pendientes.

La lacra del empleo

España tiene la segunda tasa de desempleo más alta de Europa, del 14,7% al cierre del primer trimestre. Todos los problemas económicos de España cuelgan, de un modo u otro, de la mala calidad del mercado laboral, por lo que es necesaria otra reforma laboral. Todos los partidos coinciden en ello, aunque algunos proponen volver a la protección existente en los noventa y otros avanzar hacia la flexibilización del mercado laboral. El PSOE propone reforzar la causalidad para luchar contra la temporalidad y reequilibrar el equilibrio de poder en la negociación colectiva entre empresas y sindicatos. Todo con el objetivo de contribuir al reparto de la renta desde los beneficios empresariales hacia los salarios.

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Podemos va un paso más lejos y propone derogar las dos últimas reformas laborales, del PP y del PSOE, y volver a blindar los derechos de los trabajadores. El resultado, sería un mercado laboral muy rígido que dificultaría a las empresas poder adaptarse a las oscilaciones del ciclo económico, pero que beneficiaría el reparto de los beneficios. También propone revisar la contratación temporal para establecer un único contrato temporal, que tenga una duración de uno a seis meses y que responda obligatoriamente a incrementos inesperados de la producción. Y, además, propone recortar en seis horas la jornada laboral, hasta las 34 horas semanales.

Podemos y PP proponen penalizaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que abusen de la temporalidad

Podemos, igual que el PP, propone penalizaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que abusen de la temporalidad, como desincentivo de este tipo de contrato. Vox, por su parte, propone bonificaciones en la cuota empresarial para las empresas que contraten a desempleados españoles, con una ayuda equivalente al 10% de la cotización a la Seguridad Social. La eficiencia de este tipo de bonificaciones ha sido puesta en entredicho por muchos estudios y el PSOE propone realizar una auditoría de todas ellas para analizar su eficiencia.

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En materia laboral, Ciudadanos apuesta por su ya tradicional contrato único, que igualaría las condiciones de los indefinidos y los temporales. El 'diablo' estaría en la letra pequeña, pero desgraciadamente no figura en su programa electoral. Además, Ciudadanos, y ahora también el PP, apuestan por la mochila austríaca como herramienta para fomentar la movilidad laboral y aumentar la protección. El PSOE no lleva la mochila austríaca a su programa electoral, pero sí que lo contempla en la agenda de reformas del Ministerio de Economía.

Vox se desmarca de la mochila austríaca y propone una reforma laboral que profundice en la de Rajoy de 2012, aumentando la flexibilidad y descausalizando el despido. Entre las medidas que propone está reducir al mínimo la potestad de los jueces para bloquear los despidos colectivos, permitir el descuelgue total de los convenios colectivos para recortar las condiciones de los trabajadores o recortar las indemnizaciones por despido de todos los contratos indefinidos a 20 días por año y máximo de un año. Esto supondría un gran recorte de los derechos de los trabajadores que fomentaría la precarización del empleo en aras de aumentar el número de contratos.

El salario mínimo interprofesional (SMI) es otro de los puntos calientes. Podemos y PSOE son los únicos que lo tratan en sus programas y ambos con la intención de subirlo hasta el 60% del salario medio, esto es, unos 1.200 euros. Esto supondría elevar un 33% más el salario mínimo en los próximos años, si bien beneficiaría a un mayor número de trabajadores, también supondría un indudable riesgo para la creación de empleo, principalmente en los sectores menos productivos.

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Todos los partidos quieren revisar también las políticas de formación y colocación de parados, que es una de las lacras del mercado laboral español. Todos los partidos coinciden en que hay que mejorar la colocación haciéndola personalizada y que hay que mejorar la formación de los desempleados (y también de los trabajadores).

Los partidos también tienen propuestas para estimular la actividad de los autónomos. El PSOE y Podemos proponen una reforma del RETA para que coticen por sus ingresos reales, esto es, los que menos ganan, verán rebajada su contribución a la Seguridad Social, pero los que ganan más, sufrirán una fuerte subida de impuestos. Por el contrario, Ciudadanos, PP y Vox proponen no penalizar a ningún autónomo, sino aumentar sus ayudas, a pesar de que es el régimen que mayor déficit genera a la Seguridad Social.

PP y Ciudadanos proponen ampliar la tarifa plana, a pesar de que sus resultados sean muy cuestionables. Ciudadanos y Vox prometen, además, que los autónomos con ingresos inferiores al SMI no tendrán que pagar cuotas. Ciudadanos, además, garantiza el cobro del desempleo para todos ellos como si fuesen un trabajador asalariado, sin cobrar una cotización extra, cosa que sí exige el PSOE.

Pensiones para todos y sin impuestos

Los partidos políticos han aprendido bien la lección. Todos garantizan el poder adquisitivo de las pensiones y ni uno solo reconoce que exigirá un esfuerzo por la vía de mayores impuestos. Se pagarán elevando la productividad y profundizando en la separación de fuentes. Así lo recogen PP, PSOE y Podemos, lo que conllevará una subida de impuestos de gran calado, por lo que afectará necesariamente al grueso de la población (no es posible financiar 1,5 puntos del PIB solo con impuestos a las empresas y a las grandes rentas).

El programa de Ciudadanos se limita a: "Propondremos una solución que garantice el poder adquisitivo de las pensiones de nuestros padres y nuestros hijos". El Partido Popular propone una rebaja de impuestos que será incompatible con aumentar la protección. Los 'populares' quieren complementar las pensiones públicas con planes privados, para lo cual establecerán un "blindaje fiscal al ahorro" con beneficios fiscales en el IRPF para la acumulación de riqueza.

Pero la verdadera reforma integral de las pensiones es la de Vox, que propone pasar a un sistema mixto de capitalización y reparto. Esto supone recortar significativamente el principio de solidaridad del sistema de pensiones actual. Pero lo que es más importante es que su propuesta provocará la quiebra de la Seguridad Social, ya que hundiría los ingresos.

Consolidación de las cuentas públicas

Para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, España necesita cerrar su déficit público y crear algo de espacio fiscal para financiar el gasto creciente en protección de los mayores. Porque ningún partido político quiere exigir un esfuerzo a los pensionistas. Podemos propone una gran subida de impuestos, que no detalla, salvo en el caso de las empresas y los 'ricos', pero que debería permitir ingresar el equivalente al 4% del PIB (unos 50.000 millones de euros) al año. Además, propone dedicar estos recursos para revertir los recortes del Gobierno de Rajoy y realizar el resto de políticas públicas, y no destinar nada a reducir el déficit público.

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El PSOE propone una "reforma fiscal que corrija los grandes desequilibrios existentes en el modelo vigente". Sin embargo, todas sus promesas se limitan a los impuestos a las empresas (subida de sociedades y creación de los impuestos digital y financiero) y a las rentas altas. Una subida de impuestos de unos 6.000 millones de euros que está muy lejos de poder cerrar el déficit de la economía española. Pero, además, los socialistas no proponen estos ingresos para reducir el déficit, sino para subir las pensiones y elevar el gasto social.

Ciudadanos se sitúa en un punto intermedio en el plano fiscal. Propone algunas rebajas de impuestos, como la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones o una pequeña rebaja en el IRPF para las familias. Bajadas que se compensarían con una reforma del impuesto sobre sociedades para "cerrar agujeros" (exenciones, reducciones, etc.) y así "aproximar la recaudación a la media de la zona euro".

PP y Vox van por la vía opuesta: las bajadas de impuestos para elevar los ingresos por el efecto 'mágico' de los multiplicadores fiscales. Los 'populares' proponen un recorte del IRPF para las rentas altas, bajadas en el impuesto sobre sociedades y la eliminación de sucesiones, donaciones y patrimonio. Además, promete obligar al cumplimiento de la regla de gasto a todas las administraciones para limitar sus presupuestos.

La propuesta de Vox es la más trasgresora, y también la que menos se comprende, ya que no cuenta con los detalles necesarios para realizar un análisis riguroso. Lo que está claro es que propone homogeneizar todos los tipos de renta para que estén sujetos al mismo tipo efectivo. Propone establecer un mínimo exento solo para familias con necesidades básicas y, a partir de ahí, gravar con un 22% hasta 60.000 euros y con un 30% a partir de ese nivel. Además, propone eliminar la mayoría de las reducciones y deducciones actuales. También propone una rebaja del impuesto sobre sociedades, reducir el IVA de un buen número de bienes y servicios y bajar los impuestos especiales sobre el tabaco, los hidrocarburos y el alcohol.

Financiación territorial

El encaje de las distintas administraciones públicas no será solo una cuestión política. Es el momento de reformar el sistema de financiación autonómica que lleva sin actualizarse desde 2009. El PSOE propone incorporar el nuevo sistema de financiación a la Constitución para garantizar su transparencia y su cumplimiento. Antes tiene que haber un pacto de Estado de todas las administraciones que determine cómo será esa nueva financiación. Entre las ideas más novedosas que introducen los socialistas está la de revisar las competencias de las diferentes administraciones y adecuar los recursos que perciben. ¿Significa esto detraer recursos de los ayuntamientos, que tienen superávit estructural, para dárselos a otras administraciones infrafinanciadas? No hay respuesta.

Podemos es el único partido que promete abiertamente una reforma para dar más recursos a todas las comunidades. Lo hará estableciendo un "suelo de ingresos" que garantice unos servicios mínimos en todas las regiones. También quiere dar más recursos a los ayuntamientos, pero en su caso el determinante principal será la población.

Ciudadanos quiere un sistema de financiación más "justo, equitativo y transparente", especialmente en el caso del cupo vasco, que pretende revisar para que el cálculo sea verdaderamente transparente. El PP recupera una de las medidas que intentó lanzar sin éxito el exministro de Economía, Luis de Guindos: la unidad de mercado. También es una propuesta de Vox. El objetivo es eliminar barreras burocráticas y legales entre las diferentes regiones para facilitar el crecimiento de las empresas y la inversión interterritorial.

En cuanto a la financiación autonómica, los 'populares' quieren alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar el nuevo sistema. Este no deja de ser un marco muy favorable para cualquier gobierno, ya que tiene los mismos votos que todas las CCAA juntas, por lo que tiene sencillo lograr la mayoría. Una de las medidas importantes que propone el PP es que la despoblación y el envejecimiento tengan mayor ponderación a la hora de repartir los recursos del sistema de financiación.

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Vox lanza la propuesta más revolucionaria, ya que quiere restar nada menos que 8.000 millones a los recursos de las comunidades autónomas. El partido quiere recentralizar algunas competencias y, además, confía en que las regiones ahorren en gasto superfluo y no afecten a los servicios básicos (sanidad, educación y dependencia).

Transición energética

España siempre ha tenido un problema energético: no tiene petróleo, produce energía cara y cuando se lanza a por las renovables lo hace francamente mal. Es el momento de que el país realice una verdadera transición energética, que además, tendrá que llevar el sello ecologista. Esta es una de las grandes apuestas de Podemos y PSOE, que ven en esta inversión un motor de crecimiento para España. Pero este país conoce ya bien que la inversión tiene que ser rentable, si no provocará más pérdidas que beneficios a largo plazo.

El PSOE ha puesto en marcha la Agenda del cambio que contiene, entre otras medidas, movilizar 200.000 millones de euros de inversión público-privada para financiar la transición energética, el 'Green New Deal'. Además, lo acompaña de medidas complementarias como la eliminación del 'impuesto al sol' y el impulso de la fiscalidad verde ¿significa esto el impuesto a los combustibles? No se sabe aún.

Podemos también apuesta con fuerza por la transición energética, para ello proponen la creación de una gran empresa pública de producción y suministro de energía. Aunque el líder de Izquierda Unida ha propuesto que tiene que ser Endesa, Podemos no quiere privatizar esta compañía, sino construir otra desde cero. Para financiar tamaña obra, Podemos propone crear un banco público que asuma las principales inversiones. Al ser una entidad pública, su capital tendrá que salir de los impuestos y su déficit y deuda contabilizarán dentro del sector público.

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El Partido Popular es más pragmático en este punto. Propone establecer un mix energético que cubra las necesidades de los próximos 40 años y complementarlo con una política de reducción de emisiones y de apuesta por las energías limpias. Además, eliminará los impuestos a la generación. Lo que rechaza frontalmente el PP es prohibir la circulación de coches de combustión, el programa establece claramente que tendrá que ser la evolución tecnológica quien sustituya definitivamente los motores contaminantes.

Ciudadanos también ambiciona una gran reforma energética que establecerá a través de una ley de cambio climático que garantice que en 2050 toda la energía consumida sea renovable. A corto plazo, propone elevar la eficiencia energética rehabilitando 300.000 viviendas al año y reducir la factura energética bajando impuestos y fomentando la competencia en el sector. Como complemento, Ciudadanos propone un ambicioso plan de reforestación que suponga plantar 500 millones de árboles.

Vox apuesta por el autoconsumo energético, pero quiere que quienes tengan una placa solar, también contribuyan al sostenimiento de la red

También Vox se apunta a la reforma energética para lograr que España sea autosuficiente con una producción "barata, sostenible, eficiente y limpia". La formación propone apostar por la eólica y la fotovoltaica, ya que sus niveles de rentabilidad son superiores a los de la térmica y no necesitan un ingreso mínimo tan alto como para mantener una nuclear.

Vox también quiere apostar por el autoconsumo con la energía fotovoltaica, pero quiere reformar el sistema para que quienes tengan una placa solar, también contribuyan al sostenimiento de la red, de la que se beneficiarán cuando necesiten un respaldo. Una opción que propone la formación es establecer una tarifa de acceso por tramos de consumo, de modo que pagaran por enchufarse a la red.

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