El Gobierno renuncia a rebajar el déficit estructural y gastará todo lo que recaude

Chumi Chúmez decía que los contribuyentes eran unos manirrotos. Al fin y al cabo, sostenía el humorista, se lo gastaban todo en impuestos. Al Gobierno de Pedro Sánchez, a la luz del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado este viernes en Consejo de Ministros, le sucede algo parecido.

Los casi 20.000 millones de euros adicionales que recaudará el sector público estatal en 2019 respecto del año anterior -si se cumplen las previsiones (19.746 millones)-, se los gastará íntegramente en determinadas políticas públicas con un doble objetivo. Por una parte, reequilibrar la carga fiscal (las rentas superiores a 130.000 euros pagarán entre dos y cuatro puntos más de IRPF y las empresas pagarán más por sus beneficios) y, por otra, recuperar algunas partidas castigadas durante los recortes, como la dependencia, que aumenta un 59%, o las infraestructuras, un 40%.

Ahora bien, ni la reducción del déficit público (hasta un hipotético 1,3%) ni el menor volumen de deuda pública respecto del PIB (95,8%) serán fruto del aumento de los ingresos del Estado o de una disminución de los gastos. Serán, por el contrario, consecuencia exclusiva del ciclo económico, lo que significa, lisa y llanamente, que los problemas estructurales de financiación de la actividad del sector público siguen ahí. El déficit estructural continuará un año más en el entorno del 3% del PIB.

Y eso en el mejor de los casos. El Gobierno se ha visto obligado a asumir, tras el veto del Senado, una senda de reducción del déficit público que era la elaborada por el anterior Ejecutivo, por lo que ha optado por forzar la previsión de ingresos al límite. De esos 20.000 millones, apenas 5.600 tienen su origen en nuevas medidas fiscales.

Sin duda, porque de lo contrario hubiera tenido que anunciar en año electoral ajustes en el gasto, por lo que ha preferido ser algo más que generoso a la hora de calcular los ingresos públicos. Eso explica, por ejemplo, que si en octubre, cuando presentó a Bruselas el Plan Presupuestario, el objetivo de déficit era equivalente al 1,8% del PIB, hoy, tres meses después, sea del 1,3%, sin que por medio se haya anunciado ningún ajuste presupuestario ni una subida adicional de los impuestos ya reflejada en ese documento. El consenso de los expertos lo sitúa entre el 1,9% y el 2%.

Eso se justifica porque el Gobierno ha tirado de optimismo y ahora estima que los ingresos tributarios del Estado van a crecer este año un 11,9% (tres veces más que el PIB nominal), cuando la actividad económica ha entrado en una senda de ralentización muy evidente que llevará a situar el crecimiento en el 2,2% el año próximo. La previsión es todavía más voluntarista si se tiene en cuenta que incluso en 2018 -cuando la economía habrá crecido en el entorno del 2,5%- el Gobierno ha reconocido que recaudará 2.558 millones de euros menos de lo previsto, obviamente porque la economía se ha comportado en la segunda parte del año por debajo de lo estimado inicialmente por el anterior ministro de Hacienda.

Pensiones

El voluntarismo fiscal, sin embargo, llega a su máxima expresión en el caso de la Seguridad Social. El Gobierno ha hecho suyo reducir su déficit hasta el 0,9% del PIB en 2019 (1,5% en 2018), pero, al mismo tiempo, admite que este año tendrá que destinar 153.864 millones a pagar las pensiones públicas, lo que supone un incremento del 6,2%. Dicho en términos más comprensible, el escenario presupuestario hace compatible, lo cual es verdaderamente singular, recortar el déficit en unos 7.200 millones de euros y, al mismo, tiempo, gastar 9.030 millones en el sistema público de protección social.

El ajuste, por lo tanto, asciende a más de 16.000 millones de euros que difícilmente se pueden lograr en un contexto de desaceleración del empleo y con salarios que crecerán en línea con lo que lo haga el IPC, lo que deja a la Seguridad Social sin margen para sanear su déficit. Claro está, salvo que el Estado, que es quien garantiza el pago de las pensiones, aumente sus aportaciones para financiar prestaciones no contributivas, lo que no parece muy factible a la vista de que la propia administración central debe reducir su déficit del 0,4% del PIB al 0,3%.

Se trata, por lo tanto, de unas cuentas públicas algo más que voluntaristas que tienen una virtud: zanjan un viejo debate en el seno de la socialdemocracia sobre si para aumentar la cohesión social es mejor actuar desde el lado de los ingresos (haciéndolos más eficientes y menos ideológicos) o de los gastos. Sánchez, y sus ministras del ramo- Calviño y Montero- han optado por ambas cosas a la vez: incrementar la presión fiscal de forma selectiva y, al mismo tiempo, aumentar el gasto público.

Lo que dice la evidencia empírica es que, al menos en el corto plazo, el efecto multiplicador sobre la renta de un incremento del gasto público como el que propone el Gobierno puede ser mayor (entre dos y tres veces) que el de una reducción equivalente de impuestos. Básicamente, porque parte de esa renta adicional fruto de la baja de impuestos puede ser finalmente ahorrada por los contribuyentes con capacidad para ello. Es decir, no aumenta el consumo.

Pero también es cierto que el efecto multiplicador del gasto público tiene que ver con sus características, No es lo mismo gastar en inversión productiva que en funciones con escasa capacidad de multiplicar los rendimientos, sin tener en cuenta que un gasto público elevado mantenido en el tiempo suele acabar expulsando a la inversión privada. O que la eficacia de ese estímulo vía gasto público se pierde cuando el endeudamiento del país es elevado, como es el caso de España.

En lo que no hay dudas, es en la política de ingresos. Y el Gobierno, por el momento, ha aprobado que el tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social quede establecido en 4.070,10 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7%. Igualmente, la cuantía de la base mínima de cotización en el régimen general se incrementa en el mismo porcentaje que el salario mínimo (22,3%), situándose en 1.050 euros mensuales, con lo que se pretende recaudar 1.484 millones de euros que irán destinados a aumentar el gasto social.