Llega el momento de cuadrar los números

El Gobierno se queda sin margen para políticas sociales en los Presupuestos

El recorte del déficit, el incremento de las pensiones y del salario de los funcionarios y la pequeña subida de los impuestos limita el margen de acción del Ejecutivo en los Presupuestos

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Con casi cuatro meses de retraso, el Gobierno aprobará este viernes finalmente el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019. Lo hace presionado por la derrota del PSOE en Andalucía y pendiente del voto de los partidos independentistas catalanes. Lo que está claro es que el margen que tiene para aprobar políticas sociales ha quedado muy mermado en los últimos meses como consecuencia de la necesidad de recortar el déficit, las políticas de gasto ya aprobadas y la subida de impuestos inferior a la que anunció en un primer momento.

El Gobierno presupuestará un techo de gasto de 125.100 millones de euros para el Estado, lo que supone un incremento del gasto no financiero de casi 5.300 millones de euros, equivalente al 4,4% más de lo presupuestado hace un año. En esta cuantía, el Gobierno tiene que cuadrar la mayor parte de las medidas acordadas con Unidos Podemos, además de la subida del salario de los funcionarios que dejó firmada el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de las pensiones.

Esto hace que el margen discrecional del Gobierno para aprobar medidas adicionales sea muy limitado. En el caso de la subida del salario de los trabajadores públicos, se llevará ya más de 400 millones de euros de este nuevo margen de gasto. Esta partida incluye el incremento de los salarios del 2,25% para los funcionarios. Además, está pendiente de negociación la subida del salario mínimo a todos los trabajadores públicos, que provocaría un incremento significativo de esta partida.

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Los intereses y los gastos no ministeriales (transferencias a la UE, clases pasivas, órganos constitucionales, etc.) se comen cada año algo más de 67.000 millones de euros, esto es, más de la mitad del gasto del Estado recogido en los PGE. Estas dos partidas difícilmente puedan bajar más este año, de hecho, la financiación de la UE probablemente sea superior como consecuencia de la salida del Reino Unido. En cuanto a los intereses de la deuda, el margen de mejora ya es mínimo, dado que las emisiones del Tesoro ya han tocado mínimos y en 2019 empezarán a subir como consecuencia del fin de la política monetaria expansiva.

Pero el Presupuesto del Estado tiene que asumir también una parte de la financiación de la Seguridad Social que son, principalmente, las pensiones no contributivas. Esto es, aquellas pensiones que tienen complementos a mínimos como consecuencia de que las cotizaciones de los trabajadores durante su vida laboral han sido insuficientes para acceder a una pensión contributiva.

El Presupuesto del Estado tiene que asumir también una parte de la financiación de la Seguridad Social, principalmente, las pensiones no contributivas

En 2018, el Gobierno elaboró una partida inicial de 13.600 millones de euros para financiar la Seguridad Social. Posteriormente acordó la subida de las pensiones con el PNV y tuvo que dotar 1.200 millones extra para evitar un agujero mayor en las cuentas de las pensiones. Es importante tener en cuenta que el anterior Ejecutivo no contempló un asiento presupuestario para esta partida, por lo que el Gobierno hereda el problema de buscarle un hueco dentro de los PGE.

De cara a 2019, la Seguridad Social difícilmente podrá asumir la subida de las pensiones de 2018 (que asumió el Estado), la de 2019 y, al mismo tiempo, bajar su déficit del 1,1% del PIB al 0,9%. Si el Ejecutivo quiere cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, tendrá que asumir una buena parte del coste de la subida en los PGE como ya hizo en 2018. Esto podría detraer unos 3.000 millones extra de los Presupuestos del Estado, lo que limitará todavía más su margen presupuestario.

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En 2018, el gasto disponible del Estado una vez descontadas todas estas partidas y las transferencias territoriales se quedó en 37.800 millones de euros. Es la cuantía disponible para el gasto ministerial y las políticas sociales. De cara a 2019, difícilmente se incrementará en más de 2.000 millones, lo que deja un espacio discrecional al Gobierno limitado.

¿Menos crecimiento?

El Gobierno sorprendió el jueves con el anuncio de su revisión del cuadro macroeconómico que acompañará los Presupuestos del próximo año. El Gobierno rebajó una décima su previsión de crecimiento del PIB, hasta el 2,2%, de modo que se pone en línea con el resto de organismos internacionales. Sin embargo, lo que aparentemente era un recorte de las previsiones, en realidad fue una subida.

¿Cómo es posible? Porque el ajuste a la baja se debe íntegramente al recorte del déficit que tienen que asumir las distintas administraciones públicas como consecuencia del veto de PP y Ciudadanos al nuevo objetivo de estabilidad con su mayoría en el Senado. El déficit en 2019 tendrá que ser del 1,3% del PIB y no del 1,8%, como había estimado inicialmente el Gobierno. Este ajuste tiene un coste de 0,2 puntos del PIB, según las estimaciones del Gobierno.

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Esto significa que, sin ese ajuste, en realidad el Ministerio de Economía estima que el crecimiento sería del 2,4%, esto es, una décima más de lo que preveía hasta ahora. En definitiva, lejos de bajar su previsión de crecimiento, la ha subido, un movimiento que va en contra de la opinión de todos los expertos, que consideran que el PIB se desacelerará hasta el 2,2% sin ajuste fiscal, por lo que el frenazo será más grave si hay que recortar el déficit hasta el 1,3%.

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