Presiones en el Gobierno para bajar o sacar de los PGE el impuesto maldito al diésel

El impuesto al diésel se ha convertido en un dilema interno para el Ejecutivo. La crisis de los chalecos amarillos en Francia, la oposición de los barones socialistas y el recelo de los socios que deberían apoyar las cuentas públicas han levantado las críticas internas y las peticiones para que el gravamen salga de los Presupuestos Generales del Estado y vaya en una ley al margen —que sería casi tanto como matarlo en diferido— o que al menos quede reducido a la mínima expresión. Oficialmente, Hacienda no aclara si irá o no.

El pasado 4 de septiembre, Pedro Sánchez confirmó la intención de aumentar un impuesto al diésel. Eso podría ser una medida de salud pública para reducir la contaminación en las ciudades —los vehículos diésel, que han estado bonificados, emiten más partículas y óxidos de nitrógeno que los de gasolina—, pero también contra el cambio climático —aunque el gasoil emite menos CO2 que la gasolina—. "Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país, como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto", declaró en la Cadena SER. Paradójicamente, a la misma hora, la ministra de Industria, Reyes Maroto, señalaba que la medida era "un globo sonda", afirmación que rectificó después.

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Esa ha sido la tónica desde entonces. Con el anuncio de que el viernes el Consejo de Ministros aprueba los Presupuestos Generales del Estado, en el PSOE ha crecido la presión para reducir al mínimo el impuesto al diésel o para matarlo en diferido. Al ser un impuesto existente, los Presupuestos permiten subirlo, algo que no es posible si se trata de un tributo de nueva creación. Estos, como los de las tecnológicas o la tasa Tobin, requieren de una ley al margen. Además, la recaudación de los carburantes está demostrada y es inmediata, así que sí que sería efectivo para cuadrar las cuentas.

Pero en el PSOE hay quien lo ve como una trampa y recuerda cómo empezó la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, como una protesta contra el precio del diésel. Los barones no ven la necesidad de legislar contra el diésel, con gran implantación en el mundo rural, donde la contaminación del aire no es un problema de salud pública. Y hay ministerios que se oponen. La industria del automóvil, de las más potentes del país, ha pedido moderación al Gobierno y el Gobierno ya ha retrasado dos veces medidas del Ministerio de Transición Ecológica sobre cambio climático, según desveló la Cadena SER. El Gobierno ya renunció a un impuesto a la banca.

El impuesto a las tecnológicas o la tasa Tobin requieren una nueva ley, pero los Presupuestos sí pueden subir impuestos existentes

El poderío del sector del automóvil se evidenció en una votación en el Congreso en diciembre, cuando un decreto ley del Gobierno estaba en el aire por la abstención de Unidos Podemos. La norma incluía la prórroga del contrato de relevo que usan las fábricas de automóviles y que vencía el 31 de diciembre. El PP finalmente acabó salvando el decreto de Sánchez con su abstención tras la mediación del 'lobby' del automóvil.

Al contrario que otros tributos como la subida del IRPF, el impuesto al diésel no es una exigencia de Unidos Podemos. "Todos estamos a favor de la transición energética, pero no puede ser a costa de trabajadores que se han comprado un coche diésel", declaró Pablo Iglesias en La Sexta. En Unidos Podemos hay quien considera mucho más eficaz reducir las bonificaciones fiscales a las grandes empresas que este gravamen y creen que tendría que ir por una vía separada.

Así que fuentes próximas al Ejecutivo consideran posible que el impuesto quede reducido a la mínima expresión o incluso fuera de los Presupuestos. En este caso, iría en un decreto ley al margen o en la Ley de Cambio Climático. Pero si su aprobación en los Presupuestos ya es complicada, sacarlo y mandarlo a que vaya por su lado haría aún más difícil que la medida llegara a aplicarse. PP y Ciudadanos manejan los tiempos en el Congreso y lo que no va como decreto ley y entra inmediatamente en vigor no tiene garantizado llegar al BOE.