La caza, los toros, el diésel, el carbón... Los barones del PSOE claman contra Ribera

Nadie dijo que la transición ecológica, como bautizó Pedro Sánchez a uno de sus ministerios estrella, fuese fácil. La ministra, Teresa Ribera, buena conocedora del cambio climático y su compleja negociación internacional, ha encontrado la oposición en la política interna y en su propio partido. Los anuncios sobre el inminente fin del diésel, los planes para acabar con los coches en 2040, el trasvase Tajo-Segura o las ayudas al carbón han irritado a algunos barones y alcaldes socialistas que se juegan su futuro en seis meses, según fuentes socialistas. La guinda la pusieron unas declaraciones de Ribera en las que, "a título personal", se posicionaba contra la caza y los toros. "Cuando uno es ministro o ministra, tiene que saber que todo lo que diga no son opiniones sino que son posiciones", le replicó el martes Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño.

En plena oleada conservadora, en la que Vox y el PP compiten por ver quién defiende más los toros y la caza, y con los barones socialistas preocupados por lo que le ocurrió a Susana Díaz en Andalucía, Ribera expresó en Onda Cero que ella prohibiría los toros y la caza: "Me gustan los animales vivos. No entiendo a quien disfruta viéndolos sufrir". Subrayó que no era competencia de su ministerio y que era una opinión personal. "Lo extraño sería que una ministra de Medio Ambiente dijera que está a favor del sufrimiento animal", justifican fuentes de su departamento.

Lo extraño sería que una ministra de Medio Ambiente estuviera a favor del sufrimiento animal

Pero el contexto político no pudo ser más desfavorable y se convirtió en un bumerán. Los barones del PSOE, preocupadísimos por el ascenso de Vox y de la derecha en general, ven cómo desde el Gobierno se lanza un mensaje crítico con algo fundamental en el mundo rural. Puede que la caza sea minoritaria en Madrid, pero no es un asunto menor en Castilla-La Mancha. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, envió el martes una carta a Ribera protestando.

"Sorprendido por unas declaraciones en las que te muestras favorable a la prohibición de la caza, ejerciendo como ejerces la responsabilidad de la Transición Ecológica de nuestro país, quiero expresarte, como presidente de Castilla-La Mancha, mi preocupación por la importancia no solo económica, sino medioambiental, que esta actividad tiene para el sostenimiento del ecosistema en prácticamente toda Castilla-La Mancha, lo que incluye el mantenimiento de las poblaciones animales autóctonas, la cubierta vegetal y, también, el medio rural", empieza el barón socialista.

En Castilla-La Mancha, la comunidad con mayor industria cinegética y donde más poder tiene el 'lobby', es donde más puede afectar al PSOE un discurso de la oposición favorable a la caza, como el que el fin de semana asumió Pablo Casado. "El aprovechamiento cinegético supone, por otra parte, una fuente de recursos que contribuye al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales", continúa Page, que añade: "Se trata, en efecto, de un sector que genera en Castilla-La Mancha 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB regional (un 2% del total) y ocho millones de recaudación mediante tasas e impuestos. Permite la ordenación y protección del 88% de la superficie de nuestra región, cuenta con 106.000 licencias y tiene una especial incidencia en el turismo rural, gastronómico y artesanal".

Fernández Vara declaró a la prensa algo parecido. Sacó pecho de una ley autonómica que gustará a "los 80.000 cazadores que hay en Extremadura, que son gente que tiene una manera de entender su entorno que permite su conservación y su mantenimiento". Unos cazadores, añadió, que son personas que "saben cuidar el entorno en el que viven", de ahí que la Junta de Extremadura defienda este modelo, así como "una tradición y una cultura popular que forma parte de nuestra vida".

Que una ministra de Medio Ambiente choque con las zonas rurales es casi lo suyo. Por mucho que se repita lo contrario, la conservación y la vida en el medio rural entran a menudo en contradicción. La presión de los barones ya obligó a modificar una ley de biodiversidad que prohibía la comercialización y gestión comercial de especies invasoras, lo que afectaba al cangrejo rojo y a otras especies de pesca y caza como el arrui. El potente 'lobby' de la caza presionó para eliminarlo.

Pero en el caso de Ribera, esta no es la primera polémica, como recuerdan fuentes socialistas. Debutó augurando los días contados del diésel —que luego matizó— y el Gobierno anunció un impuesto al diésel en los Presupuestos Generales del Estado que el propio Pedro Sánchez defendió. En realidad, ese impuesto al diésel está prácticamente condenado. El Ejecutivo podía haberlo aprobado por decreto ley, una fórmula de urgencia utilizada para muchas otras cosas, pero prefirió mandarlo a los Presupuestos, lo que prácticamente augura que no saldrá adelante si, como parece, los nacionalistas no apoyan las cuentas públicas.

Vara defendió que "los 80.000 cazadores que hay en Extremadura tienen una manera de entender su entorno que permite su conservación"

Sin embargo, en el camino el Gobierno ha preocupado a la industria del automóvil y a sus trabajadores. Electoralmente no es menor, porque la fábrica de Renault está en Valladolid (cuyo alcalde es del PSOE), la de PSA en Vigo (alcalde socialista), Opel está en Zaragoza (territorio de Javier Lambán) y Ford en Valencia (Ximo Puig). Una de las críticas de los barones afectados no es solo que las medidas del Gobierno les puedan quitar votos, sino que son polémicas estériles: el impuesto al diésel está prácticamente descartado y un Gobierno con 84 diputados y alejándose de sus socios de investidura difícilmente va a prohibir los coches de combustión en 2040. Además, nadie va a tocar la caza ni los toros, es más una cuestión de sensibilidad.

La llegada de Ribera ya fue recibida con frialdad por los barones del carbón, Javier Fernández (Asturias) y Javier Lambán (Aragón). A los problemas energéticos y cinegéticos se suma el renacido debate del agua. En noviembre, el Gobierno no aprobó ningún trasvase para regadío del Tajo al Segura, aunque sí para consumo. El ministerio justificó que fue una decisión técnica pero levantó al PP en la Comunidad Valenciana y Murcia con la bandera del agua, que tan buen resultado le dio en el pasado. Esta semana sí aprobó un nuevo envío de agua para consumo.

El ministro francés de Transición Ecológica dimitió en agosto por las presiones del 'lobby' de la caza

En realidad, que los barones pidan que una ministra socialista de Medio Ambiente levante el pie recuerda a una política ya vista. En 2004, Zapatero nombró ministra de Medio Ambiente a Cristina Narbona. La derogación del trasvase del Ebro —hoy, incluso en el PP hay quien reconoce en privado que no habría sido posible hacerlo— y la activación de la Ley de Costas —una norma de 1988 pero que estaba en letargo— hicieron que muchos dirigentes regionales del PSOE se sintieran incómodos. En 2008, Zapatero bajó el pistón ecologista con el nombramiento de Elena Espinosa. Los gobiernos del PP mantuvieron ese perfil bajo.

Hay quien usa las críticas a Ribera para recordar al dimitido ministro francés para la Transición Ecológica, Nicolas Hulot. Este renunció el pasado agosto en directo en una entrevista en la radio cuando le preguntaron por una reunión de Macron con el 'lobby' de la caza y concluyó que ese grupo de presión era demasiado poderoso y él se sentía desautorizado.