La industria del automóvil pide "moderación" a Ribera para frenar la sangría del diésel

Reunión de altos vuelos en el Paseo de la Castellana de Madrid. Las patronales más representativas de las factorías del automóvil, Anfac y Sernauto, se dieron cita con las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, e Industria, Reyes Maroto.

Tras dos horas y media de encuentro, lo único que trascendió es que la cumbre había sido "positiva" y "provechosa". El principal objetivo de los presentes, José Vicente de los Mozos (presidente de Anfac y Renault), Mario Armero (vicepresidente de Anfac) y María Helena Antolín (presidente de Sernauto y vicepresidenta del Grupo Antolín), fue poner de relieve el daño que causan sobre su sector los mensajes contra los vehículos diésel y en general los automóviles de combustión interna.

Por ello, pidieron a la ministra Ribera "moderación" a la hora de transmitir esos mensajes a la opinión pública, según fuentes próximas a los actores reunidos. Desde Anfac señalaron a la salida del acto que la reunión ha servido para definir el marco de actuación y de trabajo a futuro, "de cara a mantener la competitividad industrial y trabajar por la descarbonización".

Sernauto, por su parte, subrayó "que van a trabajar en un marco de actuación conjunto para impulsar la competitividad industrial en la senda de la descarbonización".

El encuentro fue anunciado previamente por Teresa Ribera, quien adelantó que serviría para examinar la situación del sector de la automoción española y "orientar el proceso de cambio y acompañamiento" en su transformación. Esta misma semana, el presidente de Toyota España, Agustín Martín, pedía que se tuviera en cuenta al sector a la hora de llevar a cabo la mayor transformación que han vivido en la historia.

La cumbre se produjo después de que el pasado 16 de noviembre tanto Sernauto como Anfac decidieran no acudir a la reunión que Industria organizó con el sector, donde sí estuvieron otras asociaciones menos afectadas por los cambios que se están viviendo. El plantón se produjo después de que ambas patronales mostraran un fuerte malestar por no haber sido avisadas previamente de la bomba que iba a soltar Transición Ecológica para el ramo: los vehículos de combustión no se podrán matricular en 2040.

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Era con Teresa Ribera, que no participó en la reunión celebrada del día 16, con quien más interés tenían en departir, ya que consideran que son los movimientos que está llevando a cabo su ministerio los que están perjudicando más la situación de las fábricas.

Los representantes de esta industria, responsables del 10% del PIB en España, creen que más allá del efecto de la medida legal anunciada, orientada al largo plazo, tiene un impacto muy pernicioso sobre el consumidor, que puede frenar una decisión de compra. De hecho, consideran que parte de la caída de matriculaciones que se está produciendo en modelos diésel tiene que ver con esta cuestión. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre la bajada de automóviles movidos por gasóleo fue del 36%.

El efecto en las factorías está siendo notable ya que las previsiones era muy distintas y las líneas de ensamblado no están adaptadas a la nueva realidad, lo que supone una complicación de primer orden para estas plantas, impulsoras del empleo y la economía de las ciudades donde están ubicadas. No en vano, casi todas las fábricas españolas han tenido que parar su producción algunos días este otoño para capear la nueva realidad.

El sector de la automoción, nada acostumbrado a que le marquen los ritmos de producción desde fuera, está preocupado por los mensajes lanzados desde la Administración Pública, por lo que el principal objetivo de la reunión con las ministras era tratar de llegar a un entendimiento a la hora de abordar esta cuestión en el futuro. "No tiene el mismo efecto sobre el ciudadano decir que la evolución tecnológica hará que en 2040 ya no se vendan coches de combustión a reglar por ley su prohibición", admite una fuente próxima a la industria. "Es una cuestión de formas e ir con cuidado para que se pueda compaginar la descarbonización, algo incuestionable, con la actividad industria del automóvil, tan importante para España".

Desde el Ministerio de Transición Ecológica ya se está haciendo ese ejercicio de moderación y creen que la cuestión se ha sobredimensionado: 2040 es un periodo lo suficientemente amplio como para que nadie que ahora se compre un vehículo de combustión se vea afectado por la medida. Sin embargo, consideran que parte de la responsabilidad del Gobierno es lanzar las señales adecuadas para que el ciudadano sea consciente de los cambios que vienen y en base a ello tome las decisiones que más le convengan.

Ribera, que dentro de los sectores más ambientalistas también encuentra detractores por no acelerar aún más el proceso de descarbonización, ha encontrado dos importantes -e inesperados- apoyos a sus tesis en los últimos días. La Comisión Europea, que en su hoja de ruta también valora 2040 como el año del fin de las ventas de los motores de combustión interna, y Volkswagen: su jefe de estrategia estimaba esta semana que dentro de 21 años será el último en que se vendan vehículos emisores.

Choque dentro del Gobierno

Las posibles fricciones entre la industria del automóvil y el Ministerio de Transición Ecológica se han convertido en una cuestión política de largo recorrido. De hecho, la situación está generando tensión entre los dos ministerios afectados. Pero la cuestión tiene un calado mucho más amplio ya que los barones territoriales están viéndose directamente interpelados: la industria del automóvil tiene una clara componente regional y afecta de forma muy directa a la economía y la sociedad de aquellas comunidades con fábrica de coches. Aunque no lo muestren públicamente, tanto Industria como algunos barones socialistas se encuentran más cerca de las tesis del sector del automóvil que de su homóloga en Transición Ecológica.

Pero pese a esta circunstancia, la industria es consciente de la determinación de la ministra Teresa Ribera para llevar a cabo sus propuestas y que está respaldada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El tiempo dirá hasta dónde llega la posible entente entre las partes.