DEBATE: ¿SUBIR IMPUESTOS O BAJAR PRESTACIONES?

La deuda de la Seguridad Social superará los 61.000 millones en 2019

El Banco de España ha planteado un dilema para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones: o suben los impuestos o se recorta la tasa de sustitución

Foto: La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)

Suma y sigue. Las insuficiencias presupuestarias de la Seguridad Social provocarán que el año próximo se cierre con una deuda que se situará entre 55.000 millones y 60.000 millones de euros. Aunque el acreedor único es el Estado, la cifra pone de relieve la delicada situación financiera del sistema público de protección social, que, lejos de enderezar sus cuentas, acumula déficit tras déficit que debe cubrir el propio Estado con impuestos. Pero como estos tampoco llegan, debe acudir a la financiación de los mercados. De hecho, cerca de uno de cada 10 euros que ingresa la Seguridad Social (el 9,2%) procede ya del endeudamiento del Estado.

El resultado es que prácticamente la tercera parte de la emisión neta de activos que ha hecho el Tesoro este año que acaba —34.227 millones de euros— se debe al déficit de las pensiones, que está a punto de agotar el Fondo de Reserva. La Seguridad Social habrá dispuesto este año de 3.826 millones de euros que estaban en la llamada hucha de las pensiones, y que se han destinado al pago de las prestaciones contributivas y otros gastos de gestión.

Los datos más recientes muestran que hasta el tercer trimestre de este año, la deuda con el Estado ascendía a 34.863 millones de euros, pero a esa cifra hay que añadir otros 6.330 millones ya presupuestados todavía no ejecutados. En total, 41.193 millones a los que añadir al menos 13.800 millones, que es la cantidad que prestó este año el Estado para cubrir las necesidades del sistema de pensiones, y que en 2019, según fuentes que conocen a fondo las cuentas de la Seguridad Social, será sensiblemente superior. Entre otra razones, porque el Fondo de Reserva está casi agotado y el Gobierno carece de incentivos para dejarlo a cero por el coste político que tendría la operación.

Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas Moncloa ha anunciado determinadas políticas de gasto que tendrán un significativo impacto sobre el Presupuesto. En particular, el regreso a la jubilación parcial (cerca de 1.800 millones de euros); los pagos por incapacidad temporal, que se retrasaron dos meses este año por razones contables (unos 1.000 millones), y, sobre todo, el coste de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, cuyo coste se situará en el entorno de los 5.300 millones, según admitió en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas. Por el contrario, recaudará unos 1.600 millones de euros por la subida de las bases máximas y otros retoques en la cotización. Es decir, algo más de 61.000 millones de euros, que representan el 5,2% del producto interior bruto (PIB).

La Seguridad Social, de esta manera, supera ya a las corporaciones locales en relación al montante de su deuda, y para hacerse una idea de su evolución hay que tener en cuenta que hace apenas tres años, en 2015, ascendía a 17.155 millones, lo que significa que se ha triplicado en tan corto periodo de tiempo.

Estos datos son los que han elevado la preocupación sobre la situación financiera de la Seguridad Social, y la pregunta que suele repetirse entre actuarios y economistas es qué parte de la riqueza nacional se destinará a pagar las pensiones durante las próximas décadas. La respuesta, sin embargo, lejos de ser compartida, es una incógnita. Entre otras cosas, porque las variables que influyen en el cálculo son difícilmente predecibles: evolución demográfica a largo plazo, crecimiento del PIB, productividad, incremento de los salarios o inflación. Solo hay una cosa clara: el gasto en pensiones públicas crecerá con fuerza hasta la década de los años cuarenta como consecuencia del envejecimiento, pero a partir de ahí surgen las discrepancias.

Mientras que para los técnicos de la Comisión Europea el pico se alcanzará entre 2040 y 2050, cuando el gasto en pensiones públicas represente un 13,9% del PIB, el Banco de España, que este lunes ha actualizado sus estimaciones, lo sitúa en el 16% del PIB en la segunda mitad de los años cuarenta. Es decir, una sustancial diferencia equivalente a unos 23.000 millones de euros actuales, debido a que el banco central ha metido en la ecuación el coste de subir las pensiones (algo más de nueve millones) en idéntica tasa a la que se incremente el IPC. Si no se cumpliera este requisito, el Banco de España estima que el gasto público en pensiones alcanzaría un máximo de algo más del 13%, por lo tanto, en línea con las previsiones de la Comisión Europea.

Un reciente estudio publicado por Fedea es mucho más negativo. De acuerdo con sus cálculos, el gasto en jubilación (e introduciendo también la revalorización de las pensiones como la inflación) se dispararía en casi seis puntos desde el momento actual hasta un pico del 16,9% del PIB en 2052. Es decir, claramente por encima de lo que estiman tanto la Comisión Europea como el Banco de España.

¿Quién tiene razón? Como se ha dicho, depende de la composición y de las propias variables que se introduzcan en el cálculo, que lógicamente deben hacerse a legislación constante. Es decir, que el resultado está condicionado por las decisiones políticas que adopten los futuros gobiernos. Y eso, lógicamente, es un misterio para cualquier análisis. De hecho, la decisión que se tomó a mediados de este año de subir las pensiones un 1,6% y el aplazamiento del factor de sostenibilidad han destrozado todas las previsiones. En las estimaciones del Banco de España se asume que entre 2018 y 2050 el PIB crecerá de media un 1,2%; la inflación, un 2%; los salarios, un 3,3% (incluyendo la creación de empleo), y el número de pensiones, un 1,6%.

El Banco de España, sin embargo, estima que un escenario en el que la pensión media se revalorizara en los próximos años conforme al IPC y el factor de sostenibilidad entrara en vigor en 2023 arrojaría un aumento del gasto de 1,9 puntos del PIB en 2030 y de 3,4 puntos en 2050. El propio Gobierno ha estimado que las medidas en materia de revalorización (el 1,6%) supondrán a corto plazo un mayor gasto, de unos 2.500 millones de euros en 2018 y de unos 5.300 millones (un 0,4% del PIB) en 2019.

Cifras astronómicas

Teniendo en cuenta que cada punto de PIB equivale a 11.600 millones (en euros de 2017), eso significaría que si se cumplen esas previsiones, la Seguridad Social necesitaría unos ingresos adicionales mínimos de unos 23.000 millones de euros en 2030 o cerca de 40.000 millones actuales en 2050.

Ambas cifras son astronómicas, pero hay que tener en cuenta que el año pasado el Presupuesto consolidado del Estado (incluyendo todas las administraciones) ascendió a 443.133 millones, lo que significa que en el año más crítico, el gasto adicional necesario para pagar las pensiones representaría algo menos del 10% del conjunto del Presupuesto público. O alrededor del 20% si se compara con el gasto en consumo final de las administraciones públicas.

Mucho dinero, en todo caso, que los dos anteriores gobiernos plantearon corregir aprobando reformas paramétricas que suponían un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación, pero que en los últimos meses han saltado por los aires. La AIReF (Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha llegado a estimar que esos recortes hubieran supuesto una contención del gasto en torno a cinco puntos de PIB (unos 58.000 millones de euros actuales) que ahora el Estado debe buscar.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. (EFE)
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. (EFE)

Tiene dos vías, como sostienen los economistas del Banco de España: o se suben los impuestos o se recortan las prestaciones. Pero hasta ahora no hay señales sobre lo que hará el Gobierno o quien lo suceda. El anterior Ejecutivo, cuando presentó a Bruselas la última actualización del Plan de Estabilidad, estimó que en los próximos años la presión fiscal se situará dentro de una horquilla del 38%-39%.

Es decir, la sostenibilidad de las pensiones en el peor de los ejercicios para el sistema de Seguridad Social exigiría aumentar la recaudación hasta el entorno del 43% del PIB, todavía claramente por debajo de la media de ingresos en la eurozona (alrededor del 47%). En el escenario de Fedea, el sistema de pensiones solamente estaría en una posición cómoda en 2050 bajo el escenario que combina una elevada inmigración —como la de los primeros años del siglo— con el mantenimiento de la reforma de 2013, algo que no ha sucedido.

Recortar los gastos, de hecho, es lo que se pretendía con las reformas paramétricas de 2011 y 2013, pero, como se ha dicho, la última solo se ha aplicado tres años. La Seguridad Social sigue a la espera de una nueva reforma.

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