Creen que los números están inflados

Ningún analista se cree las cuentas del Gobierno: se desviarán en 10.000 millones

La ministra de Hacienda ha confirmado que elaborará los Presupuestos ciñéndose al objetivo de déficit de Rajoy del 1,3% del PIB, pero los analistas creen que no conseguirá bajar del 2%

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó el martes que los Presupuestos que presentará en enero se ajustarán a la senda de déficit que dejó firmada Mariano Rajoy. El reto es máximo, ya que supone reducir el déficit público hasta el 1,3% del PIB desde el 2,7% que cerrará este año. Un ajuste de más de 17.000 millones de euros que se debería producir en paralelo a un importante incremento del gasto público.

El Gobierno esbozó su proyecto de Presupuestos en el plan presupuestario remitido a Bruselas hace ya dos meses; en este lapso, los analistas han tenido tiempo para valorarlo y su opinión es unánime: nadie se cree los números de Hacienda. Pero no solo ven que es inviable alcanzar el objetivo de déficit que dejó fijado Rajoy, es que ni siquiera consideran que el Gobierno vaya a cumplir la meta que se marcó, que está en el 1,8% del PIB.

Los números que incluyó el ministerio en su plan presupuestario se antojaban ambiciosos desde el primer momento, y a medida que los expertos iban estudiando el texto, confirmaban hasta qué punto son irrealizables. La encuesta de analistas que elabora mensualmente Bloomberg muestra claramente hasta qué punto los expertos desconfían de los números de Sánchez. De media, las casas de análisis encuestadas esperan que el déficit se vaya en 2019 hasta el 2,2% del PIB, esto es, nueve décimas por encima de la senda de déficit fijada.

Esto significa que esperan un desvío de unos 10.000 millones de euros de cara al próximo año. Una cuantía que contradice el discurso del Gobierno de que sus cuentas son creíbles. Los expertos ni siquiera consideran que sea factible alcanzar la meta de déficit que se ha marcado el Gobierno de Sánchez y que es del 1,8% del PIB. Ni una sola casa de análisis prevé hoy que pueda alcanzarse esa cifra. De hecho, casi ninguna cree que España vaya a bajar del 2%.

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De los 19 bancos y casas de análisis que participan en la encuesta, solo Morgan Stanley prevé un déficit público inferior al 2% en 2019, y apenas lo baja hasta el 1,9%. El resto lo sitúa por encima del 2% y algunos muy lejos. HSBC y Capital Economics estiman un déficit del 2,5% y el banco alemán Berenberg lo eleva hasta el 2,6%. Esto es, todos ellos temen que España apenas realizará avances hacia la consolidación fiscal. Esto significa que no hay una sola casa de análisis que avale los números de Sánchez.

La agencia de calificación Fitch lo explicaba de forma contundente la semana pasada: “El plan presupuestario incorpora nuevas medidas de ingresos valoradas en el 0,6% del PIB (...) pero su impacto recaudatorio es incierto y es posible que su implementación sufra retrasos, por lo que estimamos que el incremento de los ingresos sea menor”.

El impacto recaudatorio de las medidas anunciadas por el Gobierno es incierto y es posible que su implementación sufra retrasos

Las declaraciones de la ministra de Hacienda no han ayudado a transmitir confianza. Desde la publicación del plan presupuestario, a mediados de octubre, Montero ha menospreciado el impacto de la senda de estabilidad sobre los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que la Administración central ganará solo una décima de déficit si consigue aprobar el objetivo de déficit impulsado por el Gobierno, pero también es cierto que el Estado también tiene que asumir las dos décimas que están en juego en la Seguridad Social.

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Esto hay que explicarlo: de las cinco décimas extra de déficit que quiere aprobar el Gobierno, dos serían para la Seguridad Social. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este subsector tiene poco margen discrecional para aumentar o reducir su déficit: los gastos son los que son y los ingresos por cotizaciones, también (los únicos cambios previstos están en las bases de cotización). La partida que más fácilmente se puede modificar es la de transferencias del Estado a la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Que probablemente sea el Estado quien tenga que asumir las dos décimas de desvío de la Seguridad Social, y esto sí que afectaría decisivamente a los Presupuestos Generales del Estado.

Pero para la ministra de Hacienda, la diferencia entre una y otra senda no tiene impacto para los PGE. Un discurso que difícilmente se ajusta a la realidad. Sencillamente no es posible que los Presupuestos no se vean afectados por una senda de estabilidad u otra. Al contrario, la sensación que transmite es que los números están manipulados para que ingresos y gastos cuadren sobre el papel.

Año electoral

Además de los números voluntaristas del Gobierno, los analistas son conscientes de que España se enfrenta a un año electoral, lo que siempre provoca desviaciones en los Presupuestos. Las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo (y es posible que también generales) generan un incentivo para que los distintos gobiernos inflen sus presupuestos para convencer a los electores. No sería la primera vez que pasa y los analistas son conscientes de este factor.

Por si fuese poco, en la ecuación también entra la debilidad del Gobierno de Sánchez tras las elecciones de Andalucía. La caída en votos y escaños del PSOE provocó un cambio de estrategia en Moncloa, que pasó de ignorar su obligación constitucional de presentar los Presupuestos a decidir cumplirla.

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De esta forma, los Presupuestos pasaron de ser un plan de gobierno a una mera estrategia electoral. El objetivo del Ejecutivo es mostrar su distancia con los independentistas para evitar perder votos en el resto de España. Esto significa que necesita que PDeCAT y ERC voten en contra de sus cuentas. En resumen: el Presupuesto, la disciplina fiscal y la subida de impuestos han pasado a un segundo plano y el objetivo ahora es ganar las próximas elecciones.

Se mantienen las medidas de gasto social y las subidas de pensiones y de sueldo de los funcionarios, lo que elevaría el déficit

La agencia de calificación Axesor alertaba de los riesgos de esta estrategia del Gobierno: “Parece cada vez más alejada la posibilidad de que se vayan a aprobar los Presupuestos [...] lo que conlleva no poder subir los impuestos prometidos al no contar con los apoyos suficientes, pero se mantienen las medidas de gasto social y las subidas de pensiones y de sueldo de los funcionarios, lo que elevaría el déficit estructural en 2019”. En otras palabras: si el Gobierno hace dejación de sus funciones ejecutivas con fines electoralistas, las cuentas de España podrían incluso deteriorarse más el próximo año (en términos estructurales, ya que el ciclo generará un importante incremento de la recaudación).

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