Acuerdo del Plan Presupuestario

Gobierno y Podemos subirán el SMI a 900 euros y las pensiones mínimas un 3%

Las dos formaciones han cerrado el pacto para el Plan Presupuestario que incluye un incremento del impuesto de patrimonio del 1% y un plan de ayuda para la vivienda

El Gobierno y Unidos Podemos cerraron en la noche del miércoles el acuerdo para el Plan Presupuestario que tendrá que remitir el Ministerio de Hacienda a la Comisión Europea antes del 16 de octubre. El pacto incluye una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 900 euros en 2019, un incremento del impuesto de patrimonio del 1% para las fortunas de más de 10 millones de euros y un importante plan contra los problemas de la vivienda con un importante aumento de la dotación para el plan estatal de vivienda, más protección a los inquilinos de vivienda en alquiler y mayor regulación de los precios para los ayuntamientos. El acuerdo se ha plasmado en un documento de 50 páginas que se asemeja más a un acuerdo de legislatura que a un pacto limitado a los Presupuestos Generales del Estado.

Gobierno y Podemos subirán el SMI a 900 euros y las pensiones mínimas un 3%

Con este acuerdo, las dos formaciones desbloquean casi dos meses de negociaciones y el Ejecutivo tiene ya un pacto presupuestario listo para negociar con otras formaciones políticas. El acuerdo permitirá subir el salario mínimo a 900 euros después de las presiones de Unidos Podemos, que quería elevarlo hasta 1.000 euros para acompañar al acuerdo alcanzado este año por sindicatos y patronal. El Gobierno no quería una subida tan pronunciada del SMI, que finalmente se quedará en 900 euros en 14 pagas. Esta subida supone un incremento del 22,3%, esto es, 164 euros al mes, desde los 736 euros actuales.

Las pensiones era uno de los puntos clave del acuerdo. Gobierno y Unidos Podemos han acordado garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en 2019 con un incremento de las prestaciones del 1,6% que se compensará al final de año si hay desviación frente a la inflación. Además, subirán las pensiones mínimas y las no contributivas un 3% para mejorar la situación de los beneficiarios más precarios. Estas dos medidas se cargarán sobre los Presupuestos Generales del Estado y no sobre la Seguridad Social y tendrán un coste conjunto de 1.088 millones de euros.

[Consulte aquí el documento completo del acuerdo]

También han acordado dar un impulso al sistema de dependencia. En primer lugar, los Presupuestos de 2019 incorporarán una partida de 383 millones de euros para financiar las ayudas concedidas pero que nunca se han abonado. En segundo, se realizará un "esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo" con una dotación presupuestaria inicial de 132 millones de euros. Además, se recuperará la cotización a la Seguridad Social de las familiares que cuiden, una medida que tendrá un coste presupuestario de 315 millones de euros y que se irán directamente a la Seguridad Social.

En materia de vivienda, uno principales temas que hicieron encallar las negociaciones en su recta final, se ha llegado a un acuerdo para alargar los contratos, aumentar las garantías para las personas que viven de alquiler y dotar a los ayuntamientos de herramientas para regular el precio del alquiler en zonas tensionadas. El presupuesto para vivienda aumentará en 200 millones más.

Los contratos de alquiler pasarán de tres a cinco años y no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico de hasta dos mensualidades

Los contratos de alquiler pasarán de tres a cinco años y no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. Para pinchar la burbuja del alquiler, las administraciones locales o autonómicas podrán declarar zonas tensionadas si se producen "incrementos abusivos" y elaborar un índice de precios de alquiler de referencia. El objetivo es regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler. Asimismo, las comunidades de propietarios podrán prohibir los pisos turísticos en sus bloques.

El acuerdo firmado esta mañana, y para el que se estuvo negociando en Moncloa hasta la madrugada de este miércoles, incluye un plan a cuatro años para aumentar en 20.000 el número de viviendas con alquiler asequible. Asimismo, se elaborará otro plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.

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La reforma laboral no se derogará, pero sí se eliminarán antes de que finalice el año los aspectos que Gobierno y Podemos consideran más lesivos. Estos tienen que ver con la negociación colectiva. Para ello se aprobará una nueva regulación laboral que ampliará el régimen de no caducidad del convenio colectivo, se revisarán las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se reducirá la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Por último, se reforzará la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Los autónomos verán reformado su sistema de cotización, a lo largo de 2019, para vincularlo a los ingresos reales, "de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja". También se combatirán los denominados "falsos autónomos" considerando las relaciones laborales por cuenta ajena las prestaciones de servicios en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador.

Las dos formaciones también han acordado elevar los permisos de paternidad para igualarlos con los de maternidad y que sean intransferibles. Una medida encaminada a igualar las condiciones laborales de hombres y mujeres para acabar con la brecha de género. Las prestaciones por hijos a cargo pasarán de los 291 euros al año actuales a 473 euros al año.

El control de las apuestas deportivas y la ludopatía asociada a estas, sobre todo entre los más jóvenes, es otra de las prioridades que se desarrollan en el acuerdo. Para ello se aprobará una nueva regulación publicitaria de las apuestas online similar a la de los productos del tabaco. Los operadores deberán destinar asimismo parte de la tasa que pagan por la gestión administrativa del juego a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control.

Este acuerdo permitirá al Ministerio de Hacienda cerrar los detalles del Plan Presupuestario que enviará a Bruselas el próximo lunes, día 15 de octubre. Este Plan incluye las 'líneas maestras' de la política presupuestaria que quiere seguir el Gobierno durante los próximos cuatro años y marcará el tono de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

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